El Gobierno estudia poner un precio fijo a la energía hidráulica y nuclear para atajar la escalada de la luz
El Gobierno estudia implantar un mecanismo de precio fijo para las tecnologías hidráulica y nuclear para intentar atajar la escalada de la luz, según confirman a eldiario.es fuentes próximas al Ministerio para la Transición Ecológica. Con el precio de la luz en el mercado mayorista encadenando récords anuales semana tras semana, el sector eléctrico aguarda con expectación a los “cambios de fondo” que previsiblemente anunciará la ministra Teresa Ribera el próximo miércoles en el Congreso, en una comparecencia en la que se espera que perfile sus propuestas para lograr una evolución “racional” de los precios de la electricidad.
Una de las opciones que se están barajando es la de implantar un precio regulado a esas dos tecnologías históricas que, en teoría, tienen amortizadas sus inversiones y en las que no existe competencia porque no hay libertad de entrada a nuevos actores.
El espejo en el que se miraría el Gobierno es el mecanismo que Francia aplica desde 2011, conocido como ARENH, por el que las comercializadoras independientes, las ajenas al gigante estatal EdF, pagan a esta empresa un precio fijo (42 euros por MW/hora) por la electricidad que generan cerca de la mitad de las nucleares del país vecino, lo que en la práctica aplica a cerca del 40% de la generación.
La propia ministra ha advertido de que el actual diseño del mercado mayorista, un modelo marginalista en el que la última central que casa oferta y demanda es la que marca el precio que cobran todas las tecnologías, y que data de hace 20 años (cuando no había renovables ni gas en el mix eléctrico), “probablemente no encaje y necesite ajustes”.
El documento de expertos que encargó hace unos meses el PSOE para abordar la transición energética (en el que participó el actual secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal), ya advertía de los “desequilibrios retributivos” del denominado pool eléctrico y cifraba entre 1.000 y 3.000 millones el importe con el que ha sido “sobre-retribuido” el parque histórico de generación, los famosos windfall profits (beneficios caídos del cielo) de nucleares e hidroeléctricas.
Uno de los expertos del sector a los que ha consultado el Gobierno para la reforma que prepara, el empresario Jorge Morales, patrono de la Fundación Renovables, cree que, a diferencia de lo que defienden las eléctricas, hay margen para modular el “impacto en el consumidor” del pool. La asignación de ese precio regulado sería una de esas vías.
La catedrática de la Universidad Carlos III Natalia Fabra, que también asesoró al grupo de expertos del PSOE, cree que el mecanismo de los ARENH es perfectamente exportable: “Si lo ha permitido la Comisión Europea en Francia, ¿cómo no lo va a permitir en España?”, dice. Eso sí, implantar de un día para otro la asignación de un precio fijo a los contratos para el despacho de la energía producida por nucleares e hidroeléctricas sería inviable. “Para eso es necesario una auditoría”, dice esta experta, que cree necesaria “una reflexión profunda sobre cómo reformar el mercado eléctrico y eso no es algo que vayan a hacer de hoy al miércoles”.
La propuesta sería del gusto de Unidos Podemos, uno de los apoyos del Gobierno de Pedro Sánchez. Su portavoz de Energía en el Congreso, Josep Vendrell, reclamó este miércoles tras reunirse con la ministra Ribera un “plan de choque para hacer frente a la crisis de los precios de la electricidad”, un “problema gravísimo con enorme afectación” sobre los consumidores.
Vendrell cargó contra “un mercado eléctrico que es un privilegio para el oligopolio” y criticó que “estamos pagando energía producida con agua a precio de gas, agua a precio de champagne francés”. Por ello, apostó por “recuperar la cuestión de las centrales hidráulicas cuya concesión ha caducado” y “especulan” con la energía eléctrica y pidió “acabar con esos llamados beneficios del cielo” mediante “un gravamen” sobre “esa sobrerretribución que reciben centrales ya amortizadas” y que vaya al sistema eléctrico para reducir costes. “Esto se puede hacer por real decreto”, insistió. El anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, llegó a proponer en el Congreso una medida de ese calado.
“Nada decidido”
La respuesta oficial del ministerio es que se trabaja “con el mayor rigor posible para articular propuestas viables, ajustadas al ordenamiento jurídico y que tengan al ciudadano en primer lugar”. “Se están estudiando todas las opciones” y “ahora mismo no hay nada decidido”. El mensaje que se traslada desde hace semanas es que no hay que esperar “recetas mágicas”, dado que gran parte de la actual espiral inflacionista tiene causas exógenas, como los precios de los combustibles fósiles y el aumento exponencial del coste de los derechos de emisión de CO2, que encarecen la generación con gas y carbón.
Transición Ecológica insiste en que trabaja “en todos los frentes” y de manera coordinada junto con los Ministerios de Economía y Hacienda, hablando con “todos” los agentes del sector para abordar esta cuestión “con valentía” e introducir “cambios estructurales” en la regulación de un sector cuya endiablada complejidad se resume en un dato: las 2.109 páginas que conforman la última edición del Código de la Energía Eléctrica, un tocho que recopila, ordena y compila las principales normas estatales vigentes relativas al sistema eléctrico y cuya última actualización data de junio pasado.
