El Gobierno eximirá a la gran industria de pagar hasta el 85% de las primas a las renovables con un coste de 90 millones

El Gobierno prevé destinar unos 90 millones de los Presupuestos Generales del Estado para bonificar a la gran industria electrointensiva hasta el 85% de su contribución a los denominados cargos de la factura eléctrica: los costes derivados de la política energética que cubren la financiación de las primas a las renovables y la cogeneración de alta eficiencia y el sobrecoste de los sistemas extrapeninsulares (los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla).

Estos descuentos son la principal novedad del borrador del Real Decreto del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que saldrá a consulta pública este martes con el objetivo de que el Consejo de Ministros lo apruebe en unas tres o cuatro semanas, tras exponerlo esta tarde a los sindicatos y patronales industriales en la sede del Ministerio de Industria.

El estatuto también contempla un sistema de cobertura pública de contratos bilaterales de suministro de electricidad renovable a largo plazo (al menos cinco años) para la gran industria, a través de un fondo con rango de ley que gestionará la entidad pública CESCE y cuya dotación está determinar. Con esas garantías, el Estado cubrirá el riesgo de estos contratos para estimular el mercado de los denominados PPA (power purchase agreement) entre los grandes consumidores industriales, una modalidad a la que actualmente está sujeta una demanda de unos 4GW hora en España, según estimaciones del Ejecutivo, y que de momento, en el caso de la gran industria, solo está cubriendo periodos de entre 3 y 4 años.

El objetivo es que esos avales permitan impulsar contratos a más largo plazo, de una década. Para estimular el uso de los PPAs, el estatuto incluirá el requisito de que sus beneficiarios cubran al menos un 10% de su demanda con este tipo de contratos bilaterales. El objetivo es anticipar en el tiempo las ventajas que los bajos costes de generación de las renovables pueden proporcionar a los consumidores electrointensivos, con un impacto en el coste de la energía que en el Ejecutivo estiman en el entorno de los 6 euros por Mwh.

Al mismo tiempo, el mecanismo de avales públicos a los PPAs puede dar visibilidad y acceso a financiación a muchos proyectos de nuevas plantas de generación renovable que deben entrar en funcionamiento en la próxima década.

Otros 172 millones

A esas dos medidas se suma otra que ya estaba contemplada: la compensación de los costes indirectos del CO2 para los grandes consumidores, que en el proyecto de Presupuestos que finalmente decayó estaba dotada con 172 millones, lo que eleva la dotación de los instrumentos que contempla el estatuto por encima de los 260 millones, a la espera de conocer la dotación de los avales de Cesce y el importe definitivo de esas compensaciones de CO2.

El estatuto, “el único posible”, según el Gobierno, es la primera medida de política industrial que el nuevo Ejecutivo presenta y ya ha sido informado a la Comisión Europea. El Ejecutivo confía en que va a cumplir la normativa comunitaria de ayudas de Estado, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) informase desfavorablemente del anterior borrador en abril de 2019.

El decreto, que probablemente no va a satisfacer las demandas de la industria, se sacará a audiencia pública este martes con el objetivo de remitirlo siete días después al Consejo de Estado por trámite de urgencia, con lo que en dos o tres semanas estaría iniciándose su tramitación, si bien no estaría plenamente operativo hasta que haya Presupuestos. Según el Gobierno, el texto incorpora las recomendaciones que realizó en abril la CNMC, por lo que no se va a remitir de nuevo a este organismo.

El estatuto estará dirigido a empresas con un consumo mínimo de electricidad de 1 GWh al año que representan un 17% de la demanda nacional (unos 40.000 GWh/año), con una intensidad energética (relación entre demanda y valor añadido bruto) mayor de 1,5 kW/h, y que realicen al menos un 50% de su consumo en las horas valle (las de menor demanda). Según las estimaciones del Gobierno, puede beneficiar a más de 600 empresas que emplean a unas 300.000 personas. Unas 153 están en Catalunya, 44 en País Vasco, 31 en Galicia y 19 en Asturias y Madrid, si bien Asturias y Galicia concentran buena parte de ese consumo.

El objetivo del estatuto es reducir el diferencial de precios de la electricidad que pagan las industrias españolas con respecto a las de Francia y Alemania y alejar el fantasma de las deslocalizaciones de grandes empresas como la aluminera Alcoa. El Gobierno recuerda que ese diferencial se ha estrechado en los últimos meses por la bajada de precios en el mercado mayorista ibérico de electricidad, pero admite que buena parte del descenso corresponde a aspectos coyunturales como una mayor hidraulicidad, más viento, abaratamiento del gas y menos demanda.

El estatuto, que estaba contemplado en un Real Decreto-Ley de diciembre de 2018, se ha retrasado tras 18 meses con el Gobierno en funciones por las dos elecciones generales y las dudas de la CNMC y Bruselas. Es complementario a otras medidas que están en cartera como el rediseño de las denominadas subastas de interrumpibilidad.

Estas subastas se van a reorientar para que sean un mecanismo de la gestión de la demanda de electricidad y no una mera compensación para las industrias electrointensivas, con el objetivo de evitar una multa de las autoridades comunitarias. La interrumpibilidad se ha reducido drásticamente en los últimos años, con una dotación que en la última subasta apenas superó los 4 millones, frente a los 500 millones anuales que llegó a alcanzar.