Cómo afecta a la pensión ampliar el cómputo a los 35 años cotizados: recorte en general, mejoras para parados y perjudicial para las mujeres

El Gobierno ya ha confirmado públicamente que estudia aumentar el periodo de cálculo de la pensión de jubilación. Lo ha reconocido este lunes la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, después de que la noticia fuera publicada por varios medios. La propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, consiste en extender progresivamente el periodo de los 25 a los 35 años, lo que el Ejecutivo calcula que reducirá las futuras pensiones iniciales un 5,45% de media, según ha publicado El País y confirman fuentes gubernamentales a elDiario.es. Detrás del promedio hay efectos muy heterogéneos en función de las carreras laborales de los trabajadores. Aunque esta ampliación suele provocar una reducción de la pensión futura, que puede perjudicar más a las mujeres, en algunos casos concretos podría resultar beneficiosa. Sobre todo, para las personas que se quedan en paro al final de su vida laboral.

La extensión del periodo de cálculo que plantea Escrivá, con la mirada puesta en Bruselas y que ha generado una fuerte oposición en Unidas Podemos, continuaría con la senda de aumento de reformas anteriores. La pensión de jubilación se calcula teniendo en cuenta los últimos años de la vida laboral. En la reforma de las pensiones de 1996, pactada con los sindicatos, se amplió el periodo de 8 a 15 años y la última que lo prolongó fue la de 2011 de José Luis Rodríguez Zapatero, también acordada con los agentes sociales, en la que se acordó avanzar progresivamente hasta los 25 años en 2022. Este 2020, se valoran las bases de cotización de los últimos 23 años y en 2021 el periodo alcanzará los 24 años de cotización.

¿Qué provoca ampliar el periodo de cálculo? Hay que decir que en general, es complicado valorar la medida de manera aislada, ya que se combinará con más retoques en el sistema de pensiones y el resultado de la nueva legislación será una combinación de efectos de todos los cambios. Pero, si se analiza este elemento de manera específica, hay dos elementos más destacados.

Por un lado, se suele decir que hace más contributivo el sistema: la pensión se adecúa más a lo que el trabajador ha cotizado. “En un sistema de pensiones contributivo, la idea es que el sistema refleje las contribuciones que se han hecho. Ampliar los años de cómputo refleja mejor las contribuciones previas del trabajador. Es razonable y más justo”, argumenta Ángel de la Fuente, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pennsylvania e investigador de Fedea.

Por otro lado, esto tiene un efecto en la cuantía de la pensión: suele provocar una reducción de la pensión, ya que tradicionalmente los trabajadores alcanzan mejores salarios al final de su carrera. Si se incluyen más años de la vida laboral en el cómputo, se incluyen generalmente salarios inferiores y las pensiones luego son más bajas. 

Una reducción de las futuras pensiones

Así lo prevé el propio Gobierno en un documento interno que recoge la propuesta de Escrivá. El Ejecutivo estima que el efecto de que el periodo de cálculo alcance los 35 años supondrá una reducción media de la pensión inicial del 5,45% de los futuros jubilados, como ha adelantado El País y confirman fuentes del Gobierno a este medio. “Si estamos ante un caso digamos 'normal', generalmente la gente cada vez gana más, hasta una cierta edad en la que los salarios se suelen mantener más constantes. Al principio, los sueldos suelen ser más bajos, por lo que si se incluyen estos años, la pensión será mas baja”, explica Ángel de la Fuente.

Un ejemplo práctico hipotético. Carlos tiene 50 años. Empezó a trabajar a los 24 años, pero al principio a través de varias prácticas. Con 26 años consiguió su primer contrato de trabajo, pero fue temporal. Después de varios años con contratos temporales, en los que desempeñó distintos puestos, consiguió un contrato indefinido a los 31 años en una empresa que le ha ofrecido estabilidad y que mantiene desde entonces. En un inicio su salario era el más bajo, pero ha ido aumentando poco a poco y logró un ascenso a los 45, que mejoró notablemente su nómina. Desde su promoción, su sueldo solo ha aumentado ligeramente.

Si cuando Carlos se jubile en un futuro –a los 67 años en 2037– se tienen en cuenta sus últimos 25 años de vida laboral, la Seguridad Social calculará su pensión computando sus bases de cotización desde que tenía 42 años. Si se amplía este periodo de cómputo (algo que se plantea de manera progresiva), su pensión se calcularía tomando en consideración años previos de su carrera, en los que tenía salarios más reducidos. En caso de que la reforma que plantea Escrivá se hiciera año a año, como estableció la reforma de pensiones de 2011 para la transición a los 25 años, en 2037 ya se tendrían en cuenta los 35 años cotizados. Por lo tanto, su pensión tendría en cuenta sus salarios desde que tenía 32 años y sería más reducida.

Algunos posibles beneficiados

El economista Ángel de la Fuente coincide con el Gobierno y con otros análisis de expertos en que, en general, la ampliación del periodo de cómputo lleva a una reducción de la pensión futura, “pero no es así para todo el mundo” –precisa– “depende de las circunstancias de cada persona”.

Uno de los colectivos que se puede ver beneficiado por esta medida, explica el investigador de Fedea, son los trabajadores que se quedan sin empleo a una edad algo avanzada. En esos años, es más complejo encontrar empleo, por lo que es frecuente permanecer largos periodos en desempleo y, cuando encuentran un trabajo, muchas veces tienen peores condiciones que las que habían conseguido en su anterior empleo. Un dato: casi el 42% de las personas que llevan más de dos años en paro son mayores de 50 años.

Con la prestación de desempleo, el SEPE cotiza a la Seguridad Social y el trabajador sigue aportando para su jubilación, pero cuando se acaba la protección por desempleo, se deja de cotizar. En el caso de los trabajadores del Régimen General, por cuenta ajena, hay establecido un mecanismo para compensar las “lagunas de cotización” en los años que se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión, pero se considera una cotización reducida. “Hay muchos casos de gente a la que le va mal en la parte final de su vida laboral. Para ellos, ampliar el período de cómputo podría ser beneficioso porque se tomán más años del principio de su carrera en los que podrían tener cotizaciones más elevadas”, apunta De la Fuente.

Otro ejemplo. Martín tiene 60 años. Empezó a trabajar a los 20 años y ha estado empleado toda la vida en la misma empresa. En la pasada crisis económica, su empresa quebró en 2013 y se quedó en paro: tenía 53 años años. Desde entonces ha tenido algunos empleos temporales, pero no ha logrado de nuevo la estabilidad laboral y lleva desempleado varios años. En este caso hipotético, a Martín –que podría acceder a la jubilación ordinaria a los 66 años y pico–, le compensaría más que su pensión se calculara teniendo en cuenta más años de su carrera laboral, puesto que desde los 53 ha acumulado largos periodos sin empleo.

Más perjudicial para las mujeres

Al ampliar los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, hay más opciones de que se incluyan periodos de desempleo, de inactividad, de excedencias, de trabajos a tiempos parcial, etc. Estos afectan más a las mujeres, que tienen carreras laborales más precarias en general y más interrumpidas, sobre todo debido a la maternidad y al cuidado familiar. Ellas son las que piden mayoritariamente las excedencias para cuidar a los hijos, por ejemplo, y reducen más su jornada para cuidar que los hombres.

Por ese conjunto de factores, varios expertos advierten de que, si no se toman medidas complementarias, ampliar el periodo de cálculo de la pensión perjudicaría más a las mujeres. “Se puede decir que coger toda la vida laboral es más justo porque no influye tanto si cobras más o menos al final de tu carrera. Pero esta propuesta perjudica a la mayoría en términos medios. Además, las carreras de cotización de las mujeres suelen ser más cortas”, explicaba la profesora del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia Concha Salvador a elDiario.es en este artículo, donde recordaba que es difícil que los primeros años de cotización de una persona sean buenos.

Un ejemplo. María tiene 55 años y puede jubilarse en 2032, con 67 años. Si para su pensión se tienen en cuenta los últimos 25 años cotizados, se valorará su carrera desde que tenía 42 años. Si se toman en consideración los últimos 35 años, su pensión se calcularía teniendo en cuenta su carrera desde los 32 años. A María, esta reforma le perjudicaría, puesto que fue madre con 31 años y se tomó una excedencia de dos años para cuidar de su de primer hijo y además tuvo varios años una reducción de jornada tras el nacimiento de su segunda hija, cuando tenía 36 años.

Posibilidad de descartar ciertos años

El ministro José Luis Escrivá plantea la extensión del periodo de cálculo de la pensión, de la mano de la vicepresidenta Nadia Calviño, en la reforma de pensiones que el Gobierno va a presentar a Bruselas y que busca compensar otras medidas que incrementan el gasto en pensiones y acaban con la reforma de Mariano Rajoy, como la vuelta a revalorizar las pensiones en base al IPC, han explicado fuentes del Gobierno a este medio. En esta reforma hay más medidas de contención del gasto, como endurecer la jubilación anticipada voluntaria y incentivar que las personas trabajen más allá de la edad legal de jubilación, de las que ya había informado el ministro. Las medidas pretenden garantizar la sostenibilidad del sistema para los próximos años, en los que habrá un gran aumento en el número de pensionistas con la jubilación de la generación del baby boom.

Sin embargo, el aumento del periodo de cálculo no era uno de los retoques esperados. Desde Unidas Podemos, tanto dentro como fuera del Gobierno de coalición, rechazan la medida, que consideran “inaceptable” por reducir las pensiones y proponen otras que permitan reducir algo el gasto, como “destopar la cotización máxima sin aumentar la pensión máxima”, “pasar los gastos impropios a Presupuestos” y “eliminar las desgravaciones a planes privados”, apuntaba este lunes Pablo Echenique, portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos-ECP-GeC.

Los sindicatos también son contrarios a esta ampliación, que recuerdan que no forma parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo que lograron un gran acuerdo político en materia de pensiones. El Gobierno todavía no ha llevado a la mesa de diálogo social este asunto, que tampoco estaba en la hoja de ruta inicial de negociación que acordó el Ministerio que dirige Escrivá con los agentes sociales. Este martes tendrá lugar una nueva reunión de la mesa de pensiones.

La vicepresidenta Nadia Calviño ha defendido que el Gobierno “debe explorar todas las alternativas” y ha destacado una medida que aliviaría en parte esta prolongación: la posibilidad de destacar algunos años del periodo de cómputo. “Me consta que el ministro Escrivá ha planteado que los trabajadores puedan excluir los años más negativos de sus cotizaciones”, afirmó la vicepresidenta en una entrevista en Al Rojo Vivo en la Sexta. Esta medida sí está contemplada expresamente en el Pacto de Toledo, como una opción a valorar que podría beneficiar de nuevo especialmente a las personas desempleadas al final de sus carreras.

El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, ha subrayado a la agencia EFE que el núcleo de la reforma de las pensiones que prepara el Gobierno pretende garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas y ha insistido que “cualquier medida pasará por el diálogo social”. Arroyo ha afirmado que el Gobierno “no está barajando medidas que supongan un recorte de las pensiones”, aunque el documento interno que maneja el Ejecutivo sí contempla esa previsión de un descenso del 5,45% de media de las pensiones iniciales futuras, según confirman fuentes del Ejecutivo. El secretario de Estado ha añadido que “hay cuestiones que, sin incrementar el gasto, suponen mejorar la eficiencia y la equidad del sistema”.