El deterioro de las banderas de la política económica del Gobierno de Rajoy

Creación de empleo, reformas estructurales, estabilidad presupuestaria para cumplir con Bruselas, reducción del déficit estructural, presupuestos sociales o cambio de modelo económico con el protagonismo de la exportación han sido las banderas de la política del Gobierno de Mariano Rajoy que no ha parado de exponer en el argumentario de “garantía de estabilidad y senda de crecimiento inclusivo que se está traduciendo en políticas sociales”, que el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, repite cada viernes tras el consejo de ministros.

Una retahíla de conceptos y posiciones políticas que pueden empezar a deshilacharse por factores internos y externos. La debilidad parlamentaria para aprobar unos Presupuestos con tintes electorales a un año de los comicios autonómicos y municipales, la movilización de los pensionistas, la dificultad para cumplir con los objetivos de déficit tratando de incrementar gasto y rebajar impuestos y la moderación económica que afecta al empleo y a puede tocar a las exportaciones están complicando un eje fundamental para la política de Rajoy como es el mensaje de la recuperación económica. Cierto es que el Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de elevar la previsión de crecimiento de la economía española en 2018 al 2,8%, una de las más dinámicas de las desarrolladas, pero también alerta de desequilibrios como la elevada deuda pública (roza el 100% del PIB).

En la búsqueda por cerrar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 el Gobierno ha vaciado de contenido una de las reformas que más paseó por los despachos de Bruselas para demostrar la voluntad para cumplir con el calendario de reducción del déficit impuesto por la Comisión Europea. A cambio de tumbar las enmiendas a la totalidad a las cuentas públicas el Ejecutivo pactó con el PNV una subida de las pensiones teniendo en cuenta el IPC que deja en papel mojado su reforma de las pensiones de 2013.

“Ahorros de deuda”

Fuentes de Hacienda han asegurado a eldiario.es que para sufragar la subida de las pensiones según IPC, que se añade a otra subida de hasta el 3% para las jubilaciones mínimas, no se tocarán partidas que vayan a afectar a otros gastos sociales. Como ejemplo de capítulos de los que se podría extraer partidas para financiar el nuevo gasto desde el ministerio han mencionado “ahorros de deuda” y “autopistas”.

En cuanto a la cantidad que supondrá la medida pactada con los nacionalistas vascos, desde el ministerio se ha explicado que los cálculos se encuentran en proceso, pero que probablemente estén por debajo de los 1.500 millones de euros.

El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) avisó de que la subida de las pensiones dificultarán el objetivo de reducir el déficit público de la Seguridad Social del 1,1% del PIB a no ser que se introduzcan enmiendas que supongan recortes en partidas de gasto que “debilitarán, aún más, el estado del bienestar”. El Gobierno ofreció dos cifras diferentes cuando vetó las iniciativas de la oposición en este sentido: calculó que las subida de las jubilacones por el IPC supondría un incremento del gasto de entre 1.150 millones y 2.200 millones.

Estos recortes pondrían en duda una de las máximas lanzada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que los PGE de 2018 “son los más sociales de la historia” cuando la oposición ha recalcado que el gasto social crece un 2,8%, algo más de la mitad que el crecimiento nominal previsto para la economía, un 4,30%.

Dificultad para cumplir el objetivo de déficit

Rajoy siempre se ha mostrado muy preocupado porque en Bruselas se vea que su Ejecutivo cumple con las exigencias de déficit impuestos por la Comisión Europea. Pero en Europa ya reinaba la desconfianza porque España cumpliera su objetivo de déficit del 2,2% del PIB en 2018 con el Plan Presupuestario de 2018, que el Gobierno envió a Bruselas en noviembre de 2017.

El recelo de la Comisión era anterior a la inclusión del gasto presupuestario que supone la subida generalizada de las pensiones acordada esta semana, pero también del que suponen la equiparación de los sueldos de guardias civiles y policías, que en 2018 se ha contabilizado en unos 500 millones de euros, y la subida salarial que han pactado Hacienda y los funcionarios, que este año está acordada en un 1,75% junto a una rebaja del IRPF a los trabajadores con ingresos inferiores a los 14.000 euros.

La incapacidad por cumplir con el déficit en 2018 podría estar tras el desinfle de la agenda reformista del Gobierno español para Europa. Una rebaja en las propuestas reformistas, que presentó esta semana el ministro de Economía, Román Escolano, más para agradar a Francia y Alemania que a cumplir con los objetivos que se había propuesto su antecesor, Luis de Guindos. España se olvida del seguro de desempleo europeo y de los eurobonos y opta por centrarse en la creación de un sistema europeo de garantía de depósitos que se desarrollará en varias fases, un fondo anticrisis y más margen para dar créditos al Banco Europeo de Inversiones.

Destrucción de empleo

Tanto Rajoy como Montoro pasando por Escolano esgrimen como fórmula mágica la creación de empleo para solventar el desfase entre ingresos y gastos pero hasta las cifras del desempleo empiezan a dar avisos preocupantes. El paro aumentó en 29.400 personas en el primer trimestre de 2018, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el mayor desde 2013, mientras que la destrucción de empleo ascendió a 124.100 personas, el peor dato desde 2014.

Esta “moderación en la creación de empleo”, como recoge el Banco de España, no solo afecta a España, también al principal objetivo de nuestras exportaciones, eje del nuevo modelo económico español, según Escolano. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, advirtió este jueves de una “moderación” en el ritmo de crecimiento económico de la zona euro en el comienzo del año, donde tiene incidencia, entre otros factores, el proteccionismo económico por el efecto en la confianza que tienen los aranceles.

Este viernes el Gobierno aprobará en el consejo de ministros el Programa de Estabilidad que deberá incluir la senda de objetivos de déficit y deuda para un periodo de cuatro años (acompañada de senda de ingresos y gastos); un cuadro macroeconómico que avale estas previsiones y la descripción medidas para lograrlo (Programa Nacional de Reformas). También incluirá los llamados “escenarios de sensibilidad”, que consisten en describir cómo se comportaría la economía en caso de que la situación se complicase o por el contrario fuera más halagüeña de lo esperado.

Los objetivos de este plan que el Ejecutivo envía a Bruselas como parte de los mecanismos de control que ejerce la Comisión Europea va a ser un examen para tantear la capacidad real de la política económica del Gobierno Rajoy, que apunta debilidades que no se pueden perder de vista.