Bankia desaparece más saneada tras una década de historia, pero “lejos” de recuperar los 24.000 millones del rescate

“Han sido años tremendamente positivos, he sido muy feliz desde el punto de vista profesional”. José Ignacio Goirigolzarri resumía en estas palabras su trayectoria al frente de Bankia, desde que asumiera la presidencia de la entidad financiera rescatada hasta que sea absorbida por CaixaBank en las próximas semanas. De los 11 años de historia del grupo, consecuencia de la unión de siete antiguas cajas de ahorros entre ellas Caja Madrid, nueve han estado bajo mandato del banquero bilbaíno.

Goirigolzarri compareció este jueves por última vez como presidente de Bankia, antes de cambiar su cargo por el de presidente de CaixaBank. La entidad, que pudo sobrevivir desde 2012 por la inyección de 24.000 millones de euros de dinero público —sumando las ayudas recibidas por BMN que absorbería en 2017—, puso así punto y final a sus presentaciones de resultados como grupo bancario independiente. De seguir con todos los trámites como está previsto, el banco pasará a integrarse en CaixaBank este primer trimestre.

Con ello, se da por terminada la historia de una de las entidades financieras que ha protagonizado los eventos más polémicos del sector y que fue objeto del mayor rescate bancario ocurrido en la historia de España. Un rescate que, como ya se asume de manera más o menos clara por todos los implicados, no será recuperado. Así lo apuntó Goirigolzarri en la última rueda de prensa de Bankia. “Es evidente que con las circunstancias actuales, los 24.000 millones están lejos”, respondió cuando fue preguntado si se queda con la “espina” de no haber podido devolver más capital al Estado. “Yo siempre cuento que, con independencia de que se devuelva o no, fue positivo”.

La Bankia que este jueves ha dicho adiós es muy distinta de aquella que asumió Goirigolzarri tras la dimisión de Rodrigo Rato, el primer presidente del grupo tras la fusión de las cajas, que capitaneó la desastrosa salida a Bolsa de la entidad. El pasado septiembre la Audiencia Nacional daba carpetazo al juicio por la salida a los mercados de la entidad financiera con la exoneración de los 34 acusados.

Hoy, Bankia, todavía controlada al 60% por el Estado a través del FROB, es la quinta entidad del país y sobre ella han desaparecido los nubarrones de sospecha que tenía sobre sí cuando el que fuera consejero delegado de BBVA tomara las riendas del banco.

La comparación con las cuentas anuales de 2011, las vigentes cuando se produjo el rescate después de que se tuvieran que reformular, aflorando pérdidas milmillonarias, muestran dos entidades bastante diferentes. En primer lugar, es una Bankia que ha visto reducido su tamaño desde aquel año. Según figura en aquel informe, los activos del grupo superaban los 300.000 millones de euros, mientras que a cierre de 2020 eran 209.000 millones, un 30% menos. El equipo directivo tuvo que acometer al llegar un complicado plan de reestructuración para hacer viable a la entidad. “Una etapa muy dura pero muy importante”, como analizó el presidente en la última rueda de prensa del grupo. Durante los tres siguientes años se produjeron multitud de desinversiones, como las empresas participadas por Bankia: NH, Mapfre o Deoleo.

Menos plantilla, mayor solvencia

Distintos planes de recorte en la última década han supuesto igualmente una fuerte reducción de la plantilla y de las sucursales. Al cierre de 2011 Bankia estaba compuesta por 20.700 empleados, mientras que al terminar 2020 eran menos de 16.000. A ello se suma el cierre de más de un millar de sucursales. A estos datos habrá que incorporar los nuevos cierres y despidos cuando se integren con la red de CaixaBank. Un proceso que, según apuntó Goirigolzarri, se podría tener abordado en torno al verano. La reducción del tamaño se aprecia también al comparar magnitudes como los ingresos del grupo. El margen bruto, la referencia sobre la facturación del banco, era en 2011 de 4.000 millones y cerró 2020 algo por encima de 3.000 millones.

Aunque el tamaño del balance sea inferior al de entonces, CaixaBank integrará a una entidad que ha sido fuertemente saneada, que ha reducido los activos tóxicos de su balance de manera importante y que cuenta con un nivel de solvencia bastante elevado, dentro de la comparativa con el resto de entidades españolas. La imagen es muy distinta a la del mayor quebradero de cabeza para el sistema financiero hace una década. Por aquel entonces, el balance de Bankia guardaba 4.717 millones en activos inmobiliarios procedentes de impagos, consecuencia de los excesos de las antiguas cajas de ahorros, y 14.657 millones en créditos de dudoso cobro. Hoy, nueve años más tarde, esas cantidades han menguado a 1.400 millones y 6.200 millones, respectivamente.

Además, la morosidad del grupo no ha dejado de reducirse, pasando del 7,6% en 2011 al 4,7% en 2020. En lo que se refiere a la solvencia, Bankia figuraba en el último informe de transparencia de la EBA, la autoridad bancaria europea, como la cuarta de las doce entidades financieras españolas estudiadas. Su 13,2% de ratio de solvencia se situaba solo por detrás de Kutxabank, Unicaja y Liberbank.

Pese a la limpieza en el balance, Bankia ha sufrido, incluso más que el resto de entidades financieras, el desplome de la cotización en Bolsa. Esta razón es la que ha complicado que el Estado pudiera desinvertir y recuperar el dinero que inyectó en 2012 en el grupo financiero y que ha hecho que se afrontara la operación con CaixaBank prácticamente en mínimos. Aunque el anuncio de la fusión incrementó el valor de la acción y la presentación de sus últimos resultados llegara con una subida de más del 4% en el parqué, el banco afronta su absorción con una capitalización que apenas supera los 4.240 millones de euros, lejos de un valor que permitiera recuperar ayudas.

Una entidad sin causas pendientes en la justicia

Bankia afronta, además, su desaparición sin grandes causas pendientes con la justicia, por lo que CaixaBank ha esquivado también los grandes juicios que tuvo que afrontar la entidad. Ni siquiera el macrojuicio por la salida a Bolsa, cuya sentencia estaba pendiente cuando se anunció en verano la fusión entre ambas entidades, sigue coleando. La sentencia de la Audiencia Nacional que juzgaba a 34 exdirectivos y exconsejeros de Bankia, además de la propia Bankia, terminó con la absolución de todos ellos. Aunque la decisión del tribunal levantó críticas en las acusaciones, la sentencia no fue recurrida al Supremo.

Con ello se cerró el recorrido judicial sobre la gestión de la salida a Bolsa de una entidad financiera y la capacidad de control de las instituciones reguladoras, que culminó con el mayor rescate financiero. Durante más de ocho años de instrucción y de juicio oral, circularon por el banquillo de acusados nombres tan conocidos como Rodrigo Rato, Ángel Acebes, José Luis Olivas, Arturo Fernández o Javier López Madrid. A ello se sumaron decenas de testigos como el exministro Luis de Guindos, exgobernadores del Banco de España o expresidentes de la CNMV.

La conclusión de la sentencia fue dejar sin responsables los tres hechos que se investigaban: la creación de Bankia, el proceso de la salida a Bolsa del banco pese a las dudas existentes sobre su viabilidad, y la reformulación de las cuentas de 2011, que pasaron de reflejar beneficios a mostrar un importante agujero en la entidad presidida por Rato. Pese a que el caso acabó con el Estado entrando en el capital del banco, la inyección de más de 20.000 millones de euros públicos y el cese de toda la cúpula, ningún responsable ha sido condenado. La razón: se cumplió, según la Audiencia Nacional, con las exigencias de los reguladores y contaba en todo momento con la aprobación del Banco de España y la CNMV.

El fin del debate sobre la banca pública

Con el cierre de Bankia se da por terminado el control del Estado sobre la quinta entidad del país. El FROB pasará de tener el 60% en el grupo a ser el segundo accionista de CaixaBank, con el 16%. El cambio se produce sin que la recuperación de ayudas que se ha producido hasta la fecha —dos ventas de paquetes de acciones y el cobro de dividendos— hayan llegado a las arcas del Estado, puesto que se quedaron para cubrir el balance del FROB, el organismo que gestionó el rescate de las antiguas cajas de ahorros. En concreto, el FROB ha recibido 3.300 millones de euros, de los 24.000 millones inyectados. En manos de este Gobierno, y los que vengan en el futuro, estará decidir en qué momento se comienza a desinvertir en CaixaBank.

El fin de Bankia culmina, en buena parte, con el debate abierto en España sobre la viabilidad o no de la banca pública. Aunque Bankia ha estado controlada por el Estado, nunca ha funcionado como una compañía financiera pública. Ninguno de los tres ministros de Economía desde que se rescató a la entidad —Luis de Guindos, el breve Román Escolano, ambos del PP; y Nadia Calviño, primero con un Gobierno en solitario del PSOE y posteriormente con uno de coalición con Unidas Podemos— ha intervenido, al menos públicamente, en la toma de decisiones o el poder de gestión que se otorgó desde el primer momento a Goirigolzarri, firme crítico con la banca pública, y al resto del equipo directivo.

Unidas Podemos no logró incluir en el acuerdo del Gobierno el uso de Bankia como una entidad pública, como defendía en su programa electoral, y ninguno de sus ministros conocía la operación con CaixaBank hasta que fue anunciada al mercado a comienzos de septiembre, como el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció. Aunque en otras economías del entorno como Francia o Alemania cuenten con fuertes bancos comerciales públicos, en España el compromiso por una entidad financiera del Estado ha quedado en una apuesta por fortalecer el ICO.

En definitiva, Bankia echa el cierre como paradigma de lo que ha sido la última década del sistema financiero español: desde el colapso de las antiguas cajas de ahorros durante la crisis financiera a protagonizar la nueva ola de fusiones acelerada por la crisis del coronavirus.