Bruselas da dos meses a España para adoptar la legislación europea sobre protección en el trabajo ante sustancias cancerígenas

La Comisión Europea ha dado dos meses a España y Francia para adoptar la legislación europea relativa a la protección a los trabajadores de la exposición a sustancias químicas cancerígenas. Si no toman medidas, el Ejecutivo comunitario avisa de que puede elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE.

Según ha comunicado este jueves, Bruselas ha enviado sendos dictámenes motivados a Madrid y París por no trasponer las normas de la Unión Europea dirigidas a proteger a los trabajadores de los productos químicos cancerígenos.

Esta directiva es la primera revisión de la norma sobre carcinógenos y mutágenos, y establece valores límites nuevos o revisados ​​para la exposición de los trabajadores a 13 sustancias químicas cancerígenas. Por ejemplo, se incluye el polvo de sílice cristalina química respirable, que afecta a un gran número de trabajadores y es una de las principales causas de cáncer de pulmón en el trabajo.

Hasta la fecha, la Comisión Europea ha propuesto cuatro actualizaciones de la directiva sobre carcinógenos y mutágenos. Los Estados miembros debían transponer la primera actualización de la directiva y comunicar las medidas nacionales correspondientes a la Comisión Europea antes del 17 de enero de 2020.

En este sentido, el Ejecutivo comunitario ya había enviado una carta de emplazamiento en mayo de 2020 a España y Francia, y ahora está realizando un seguimiento a través de un dictamen motivado.

Ambos Estados miembros disponen de dos meses para abordar los argumentos planteados por la Comisión Europea. En caso de no hacerlo, el Ejecutivo comunitario puede decidir llevarlos al Tribunal de Justicia de la UE.

En una entrevista en elDiario.es a la ministra de Trabajo en marzo pasado, Yolanda Díaz respondía sobre este asunto: “Está todo el equipo trabajando en esta cuestión. Las directivas son de mínimos, pero incorpora una realidad: hay trabajos que matan y lo dice una ministra que viene de una zona en la que tenemos 5.000 afectados por amianto. La directiva da un paso firme al entender que es muy grave el manejo de estas sustancias como el sílice”.

Los sindicatos también llevan tiempo reclamando la trasposición de la directiva. El secretario de Salud Laboral de CCOO, Pedro J. Linares, decía lo siguiente en mayo pasado: “No solo se debe trasponer la directiva, sino que la decisión no puede demorarse por más tiempo. En enero de 2020 se superó el plazo límite establecido para completar la trasposición, lo que ha provocado que la Comisión Europea haya abierto un expediente contra el Estado español. Y lo que es más importante, no se puede seguir retrasando la entrada en vigor de una normativa clave para la salud de las personas trabajadoras y la salud pública de nuestro país”.