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China denuncia que la ley europea contra subsidios extranjeros es una barrera comercial

Las empresas europeas, obligadas a separar sus operaciones en China por leyes de seguridad
Shanghái —

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Shanghái (China), 9 ene (EFE).- El Ministerio de Comercio de China denunció este jueves que las regulaciones de la Unión Europea (UE) sobre subvenciones industriales en terceros países equivalen a una barrera al comercio y a la inversión, en el marco de las crecientes tensiones al respecto entre Pekín y Bruselas.

En un comunicado publicado en su página web, Comercio indica que este es el resultado de una investigación que arrancó en julio del año pasado en respuesta a las pesquisas de la UE sobre las subvenciones chinas a los vehículos eléctricos, que se tradujeron finalmente en aranceles adicionales.

Según la investigación china, la normativa europea cumple con la definición de barrera comercial establecida en 2005 por Pekín, que contempla específicamente las restricciones sobre la entrada de bienes y servicios del país asiático a terceros mercados.

El Ministerio apunta que los sectores más afectados por la conocida como FSR son los fabricantes de locomotoras, paneles fotovoltaicos, turbinas eólicas o equipos para inspección de seguridad.

El año pasado, la UE abrió la primera investigación detallada bajo la FSR contra la oferta del fabricante chino de trenes CRRC en una licitación en Bulgaria, provocando su retirada. Además, se llevaron a cabo redadas en las oficinas en Polonia y Países Bajos de la empresa de equipos de seguridad Nuctech.

En opinión de Pekín, la Comisión Europea (CE) está aplicando esa normativa “de manera selectiva” contra empresas chinas, lo que se traduce en que los productos provenientes del país asiático “reciben un trato más desfavorable en el proceso de exportación a la UE que los de terceros países”.

Por el momento, las autoridades chinas no han detallado las acciones que se plantean tomar tras los hallazgos de su investigación, aunque a lo largo de los últimos meses han reiterado repetidamente que llevarán a cabo “las acciones necesarias para proteger los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas”.

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