La CNMV adjudica la escolta de su presidente a dos empresas gestionadas por una exedil del PP
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) adjudicó el pasado mes de julio dos contratos para la seguridad del presidente del organismo, Sebastián Albella, a dos empresas gestionadas por una exteniente de alcalde del Partido Popular.
Según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), las empresas adjudicatarias Ariete Seguridad S.A. y Emysi S.L. se harán cargo de los dos contratos que afectan al presidente de la CNMV: uno para la gestión su equipo de seguridad y otro para la conducción de su coche oficial.
Al frente de ambas empresas figura como administradora única Silvia Cruz Martín, que hasta julio de 2017 fue la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), gobernado por el popular David Pérez.
En un primer momento, ambas empresas se presentaron en solitario a la licitación, que inicialmente se llevó a cabo por procedimiento abierto: Ariete para hacerse con el contrato de “protección personal” de Albella y Emysi para gestionar la conducción del vehículo oficial del máximo responsable de la CNMV. Albella, abogado del Estado, fue nombrado en marzo de 2017 presidente del regulador bursátil en sustitución de la exministra popular Elvira Rodríguez y a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy.
Como relata la periodista de la Fundación Civio Eva Belmonte, las dos sociedades gestionadas por la ex dirigente popular en esa localidad del sur de Madrid presentaron sus propuestas para hacerse con la licitación a un coste superior a lo establecido en las bases del concurso. Sus ofertas fueron descartadas y volvió a licitar ambos contratos por el procedimiento negociado sin publicidad.
Las dos empresas administradas por Silvia Cruz volvieron a presentarse al proceso, reduciendo el importe presupuestado y, tal y como recoge el BOE de este lunes, han acabado haciéndose con ambas adjudicaciones: la de seguridad por un valor de 131.000 euros y la de conducción del coche oficial por 158.000 euros.
En abril, Civio publicó que el Ejecutivo de Rajoy había mentido sobre el uso de escoltas privados por parte de cargos públicos. A una petición del diputado de Izquierda Unida Ricardo Sixto, el Gobierno aseguró que en aquel momento no existía “ningún servicio de protección de escolta a autoridades o cargos públicos que sea proporcionado por empresas de seguridad privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado”. Por entonces, según Civio, se acababa de publicar el contrato de licitación para la protección personal del presidente de la CNMV, que entonces ya corría a cargo de otra empresa, Novosegur.
La Ley del Mercado de Valores permite que la CNMV reciba transferencias del Ministerio de Economía y Competitividad con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En la práctica, el organismo se financia con las tasas que cobra a las empresas en el ejercicio de su actividad.
