El transporte por carretera entra en el radar de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). El presidente de la entidad supervisora, José Maria Marín Quemada, ha explicado que están analizando el sector del transporte de viajeros por carreteras y que “se han alarmado” de la situación del reparto de rutas de autobuses entre las empresas durante el curso de la Asociación de Periodistas de Información Económica en Santander.
“Cuando nos pusimos a hacer informes nos dimos cuenta que había concesiones a empresas de transporte que llevaban 25 años, lo cual nos provoco la alarma, pero cuando seguimos investigando nos encontramos que había concesiones que llevaban 100 años. Esto no puede ser”, ha recalcado Marín Quemada.
El presidente de la CNMC ha avisado de que en un breve periodo de tiempo podrían anunciar medidas que acaben con un mercado donde una serie de empresas copan la concesiones durante un elevado periodo de tiempo.
“Es la punta del iceberg de un problema serio que hay en el transporte de viajeros por carretera en España y estamos trabajando en ello”, ha remarcado el presidente de la CNMC.
Según Confebus, la patronal del transporte de viajeros por autobús, este sector “aportó 5.679 millones de euros al PIB (0,56% del total) en 2018, mantuvo 95.122 puestos de trabajo (0,52% del total) y contribuyó con 1.551 millones de euros a las arcas públicas (0,4% del total de la recaudación conjunta de las AAPP)”.
El censo de empresas se ha reducido en un 30% entre 1998 y 2018, según los datos publicados por la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT). Las empresas se han reducido de 4.714 a 3.323 compañías pero el número de autobuses ha crecido en el mismo periodo de 30.486 a 42.949 vehículos.
Marín Quemada ha pedido que se avance en regulaciones sectoriales y en políticas de competencia, porque es la reforma estructural “más barata y más rentable” desde el punto de vista económico para cualquier sociedad.
Con este argumento el presidente de la CNMC ha asegurado que las actuaciones y dictámenes de la institución que dirige suponen unos ingresos para la sociedad de 450 millones de euros.
Marín Quemada también ha apuntado que sería “absolutamente deseable” terminar lo antes posible con este periodo de parálisis política y de Gobierno en funciones para que haya una estabilidad que permita la normalización y la toma de decisiones y se coja “ritmo”.