Las rentas altas copan las desgravaciones fiscales de los planes de pensiones privados: el 2% de los contribuyentes concentra el 30% de las deducciones

Los planes privados de pensiones son un vehículo de ahorro–inversión con una fiscalidad ventajosa, sobre todo para quienes declaran más ingresos. Son ellos quienes obtienen una mayor rebaja de su factura fiscal cuando reducen su base imponible al estar sus tramos de renta gravados con tipos más altos en el IRPF (hasta un 45%). Por eso, y porque son estos segmentos de población los que disponen de más dinero que poder ahorrar e invertir, a mayores los ingresos, más se aporta a estos planes y más frecuentemente se suscriben.

De este modo, como consta en la estadística de declarantes del último año disponible, 2017, un porcentaje tan exiguo como el 2% de todos los contribuyentes de impuesto sobre la renta obtuvo más de un tercio de los beneficios tributarios que se aplican a quienes contratan estos vehículos. Este 2% declaró bases imponibles de más de 60.000 euros anuales. Esto implica que en realidad cuentan con mayores ganancias, porque lo que consta en la estadística es que esta es la parte de sus ingresos que se somete al impuesto tras aplicar las reducciones correspondientes, como son las propias aportaciones a planes de pensiones.

La mitad de quienes tributan por más 60.000 euros al año tiene uno de estos planes, y es el grupo de población más proclive a contratar estos productos. También uno de cada tres entre quienes ganan de 30.000 y 60.000 euros al año. Este grupo de 3,4 millones de declarantes, más numeroso que el de quienes ganan por encima de esa cantidad (casi 789.000 personas), tiene un 38% de los beneficios fiscales. Si se suman ambos grupos de contribuyentes, se concluye que el 20% con más renta acumula el 68% de las deducciones por planes de pensiones.

Según los últimos datos de Inverco, solo uno de cada cinco españoles contaba al cierre de 2018 con uno de estos planes –un 16,2% cuenta con planes individuales, cifra que se eleva al 20% si se incluyen los planes de empleo, en los que las empresas hacen las aportaciones a favor de los trabajadores–. Esto supone algo más de 7,5 millones de cuentas de partícipes, cada una de las cuales contaba con un patrimonio medio de 9.543 euros, según recoge Efe. El patrimonio acumulado por las familias españolas en estos vehículos de ahorro a finales de 2018 se situó en 72.246 millones.

El inversor puede desgravarse en IRPF hasta un máximo de 8.000 euros (10.000 hasta 2015) o hasta el 30% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas. El resultado es que, por ejemplo, en 2018, las deducciones ascendieron a 771 millones de euros. Entre los partidos políticos, el que va más lejos en el deseo de elevar estas desgravaciones es Vox, que propone que lleguen a ser de 25.500 euros anuales, lo que multiplicaría el agujero en la recaudación.

Entre los que obtienen menos rentas, el porcentaje de quienes suscriben planes se reduce considerablemente (un 16% entre 21.000 y 30.000; 11% entre 12.000 y 21.000; un 7% entre 6.000 y 12.000; un 4% entre 1.500 y 6.000, estos últimos probablemente planes de empresa, aportaciones de familiares o suscriptores obligatorios al contratar una hipoteca). Sin embargo, este último es el único grupo que contrata más planes que hace una década, aunque la cantidad total sea exigua: 30.797 planes de 1,3 millones de declarantes.

12.718 millones de bonificaciones en diez años

Si se suma lo que se ha dejado de ingresar en las arcas públicas desde 2008, la cifra es de 12.718 millones de euros, a tenor de los proyectos anuales de Presupuestos Generales del Estado. En todo caso, las cantidades se han ido reduciendo: si en 2009 hubo 1.945 millones en bonificaciones (máximo de esta serie) este último año han caído un 60%.

La reducción se debe tanto al cambio de las condiciones (ahora se puede uno deducir una cantidad menor, como se explicaba antes) como, probablemente, por una menor capacidad de ahorro de los contribuyentes. De esta manera, como se refleja en el siguiente gráfico, las clases medias son las que más han reducido su presencia en estos planes a pesar de las agresivas campañas de los bancos, sobre todo en el último trimestre de cada ejercicio.

El acuerdo de gobierno no incluye referencias

Algunos vehículos de inversión van a contar con una mayor regulación tras el acuerdo de Gobierno recientemente firmado entre PSOE y Unidas Podemos. Es el caso de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), cuyo control se va a endurecer al recuperarlo la Agencia Tributaria. También es la situación de la reformulación de la fiscalidad de las SOCIMI (un 15% sobre los beneficios no distribuidos).

Pero no es el caso de los planes privados de pensiones, que ni aparecen mencionados, como recordaba este miércoles la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos. “En el acuerdo programático no hablamos de planes privados de pensiones, que es lo relevante”, ha dicho Díaz, que ha mostrado “unidad de acción” con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá: “(El modelo Escrivá de las pensiones) es el de este Gobierno y este es el modelo constitucional. Los planes de pensiones son complementarios, por tanto es el modelo al que nos debemos y hemos fijado”, ha dicho.

Cuando Escrivá dirigía la Autoridad Fiscal Independiente, el ente emitió un informe sobre el futuro de la Seguridad Social que incluía acercar la edad real de jubilación a la edad legal, sin subir esta última, y ampliar a toda la vida laboral el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión. También fomentar la llegada de personas extranjeras en edad de trabajar y “reflexionar” sobre los planes de pensiones privados.

En su programa, Unidas Podemos proponía la eliminación de los beneficios fiscales por las inversiones en planes de pensiones privados, aunque se mostraba a favor de los planes de pensiones de empleo, los que promueven las empresas para sus trabajadores. El PSOE no se refería a estos vehículos de inversión.

“No son beneficios fiscales, es un diferimiento”

José Antonio Herce, director asociado de Afi, opina que los planes de pensiones no obtienen beneficios fiscales, sino que se trata de un “diferimiento” del pago de impuestos al momento del cobro de la jubilación. “Si se elimina la desgravación o reducción de la base durante la fase de la aportación, habrá que liberar de impuestos las prestaciones, porque si no es así, se estará confiscando, se estará pagando dos veces por la misma renta”, alega, asegurando que “en ningún país del mundo” se gravan ambas operaciones. Hay un movimiento que sostiene que las pensiones no deberían pagar IRPF. Por lo demás, lo que establece la ley es que debe tributarse en el momento del rescate del plan, aunque si se hace en la jubilación y de forma paulatina, el resultado final es el menor pago de impuestos.

A juicio de Herce, debe “superarse” el “falso” dilema sobre si estos planes de pensiones privados “benefician al rico frente al pobre”. “Es totalmente absurdo, si una persona modesta puede aportar 8.000 euros anuales, nada le impide hacerlo”, afirma Herce, que se muestra “preocupado” porque “este Gobierno amenace con quitar eso que malamente se llama regalo fiscal”. “Por qué esa obsesión de la mano negra y los fondos buitre”, se pregunta.

Según el último informe anual de Finizens sobre planes de pensiones en España, la mayor parte está controlado por cuatro grupos bancarios que suman el 60,98% del patrimonio total del sistema individual. El que tiene más patrimonio es Caixabank (18,8%), seguido por BBVA (13,9%), Santander (7,9%) y Bankia (5,9%). El buen comportamiento del mercado ha permitido a los planes de pensiones individuales cerrar el año 2019 con la mejor rentabilidad de la serie histórica a cierre de año, con un 8,8% de media, según ha publicado recientemente Inverco.

Lejos del planteamiento del dirigente de Afi, el técnico de Hacienda y escritor Ricardo Rodríguez sostiene que “todo sistema privado se lo tendría que financiar cada uno, y el Estado garantizar un sistema público y suficiente”. “Todos los argumentos que centran la crisis del sistema en el envejecimiento de la población se basan en una concepción del sistema publico como si fuera un fondo de capitalización”, explica. Esto significa que cada contribuyente cotizaría para sí mismo, por lo que las prestaciones guardan una relación directa con las aportaciones que se han ido realizando, es decir, lo que ocurre en los planes privados de pensiones.

“Ese argumento se rompe si se concibe el sistema como un uso de los recursos que aporta toda la sociedad. Las generaciones ahora jubiladas son las que generaron recursos con los que se construyó el sistema de sanidad y educación pública y se modernizó este país”, recuerda. “Y por ello el Estado está constitucionalmente obligado a garantizarles unas pensiones dignas con la totalidad de sus recursos, procedentes de cotizaciones o de impuestos, como cualquier otra prestación o servicio público esencial”.