División en el regulador nuclear por permitir condiciones más laxas al sector

División en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por varias decisiones que suponen condiciones más laxas al sector y que algunas fuentes critican como indicios de “captura” del organismo.

Las últimas sesiones del pleno han estado marcadas por varios votos y comentarios discrepantes, en especial, del consejero Francisco Castejón, físico nuclear, histórico militante antinuclear de Ecologistas en Acción y designado a propuesta de Podemos en 2019. 

Castejón ha lamentado que el CSN haya suavizado varias exigencias a las empresas en su informe sobre el nuevo reglamento que regula al sector y ha cargado junto a otra consejera, Elvira Romera, contra un cambio organizativo en la fábrica de combustible de uranio de la empresa estatal Enusa en Juzbado (Salamanca).

También ha reclamado un expediente sancionador a la central nuclear de Ascó (Tarragona), de Endesa, por un problema técnico que, si bien no ha tenido consecuencias para la seguridad nuclear, el CSN tardó 23 años en detectar y “supone una deficiencia de la Cultura de Seguridad” de la planta.

La última discrepancia surgió el 20 de diciembre. El último pleno de 2023 aprobó su informe preceptivo sobre el nuevo Reglamento de Instalaciones Nucleares Radiactivas (RINR) que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITERD) sacó a consulta en octubre de 2022.

Castejón presentó un voto discrepante con varios puntos del informe. Entre ellos, la obligación de que las instalaciones nucleares o en desmantelamiento cuenten con personal con una licencia específica, cuestión que el pleno aprobó determinar en función de la situación de cada planta y los riesgos, “y a propuesta del titular”.

Castejón y Romera se opusieron, como explica el voto particular del primero: “Es más apropiada la redacción original propuesta por el MITERD sin los añadidos propuestos en el informe del CSN. Obviamente, el CSN tiene capacidad para requerir al titular que tenga personal con licencia, sin que el titular se lo proponga. Y podría exigirlo de oficio. Este punto de vista es compartido por la consejera Romera y por mí mismo”, se lee en el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es

No es el primer choque por el asunto de las licencias que protagonizan estos dos vocales. En noviembre ambos se opusieron a un nuevo modelo de licencias del personal de la fábrica de combustible de Enusa en Juzbado que se aprobó por tres votos contra dos y “aclara”, según el acta del pleno, el concepto de “dedicación exclusiva” a los puestos de supervisor y operador de sala de control en esa planta.

El modelo, propuesto por la propia Enusa, sustituye a otro que aprobó por unanimidad el pleno en junio de 2021, meses después de que entre octubre y noviembre de 2020 una acumulación sustancial de polvo de uranio en una zona de difícil acceso diera lugar a un incendio al intentar resolver el problema.

El incidente fue calificado en diciembre de 2020 como “anomalía” de nivel 1 en la escala INES (el más bajo en la escala de peligrosidad es el 0), sin riesgo para los trabajadores, el público o el medio ambiente. Pero reveló “ciertas deficiencias en factores relacionados con los procedimientos de la fábrica y algunas debilidades en la actuación del titular en cuanto a las acciones necesarias para la recuperación del material nuclear”, dijo entonces el CSN.

En 2021 se aprobó, como consecuencia de ese incidente, un nuevo modelo de licencias para determinados puestos clave de la planta. Pero en julio pasado Enusa propuso esta modificación aprobada por la mínima, que desaconsejó un informe técnico del CSN.

El área especialista de Formación, Organización y Factores Humanos (OFHF) advirtió de que el nuevo modelo, que elimina la exclusividad de las licencias de operación en el desempeño de sus funciones, implica “falta de claridad y trazabilidad en el proceso de toma de decisiones”, implica “un inadecuado control de la preparación y ejecución de los trabajos” y supone “un cambio de rumbo sustancial” que “podría ser debido, aunque esto no ha sido reconocido por el titular, a dificultades conocidas y previstas, pero no resueltas a tiempo” por Enusa, para “encajar” el modelo que se aprobó en 2021 “en su organización actual de 2023”.

Sin embargo, tras la elaboración de ese informe, el superior jerárquico del área especialista, el recientemente nombrado subdirector de tecnología nuclear STN, discrepa con ese dictamen, según Castejón, “sin el apoyo de otra evaluación” y basándose en argumentos como el de que “la responsabilidad de la seguridad recae sobre el Titular y, en ausencia de referencias para el establecimiento del modelo de licencias, es su responsabilidad determinarlo, de acuerdo con su experiencia y conocimiento de los riesgos de la instalación”.

Castejón consideró “inadecuado que el personal con licencia comparta varios puestos de trabajo, favoreciendo una situación en la que los roles y las responsabilidades se entremezclen, pudiendo dar lugar a duplicación de trabajos o no tratamiento (o tratamiento inadecuado) de temas fronterizos entre disciplinas”. “Habilita la desaparición de la vigente unidad organizativa de Seguridad Nuclear, cuyas funciones y responsabilidades se diluirían” con las de operación, lamentó.

La consejera Romera señaló por su parte que ese informe técnico indicaba que la modificación propuesta “no es adecuada”. “El modelo de licencias de personal de operación para la fábrica de Juzbado, que ya se aprobó en el pleno del 9 de junio de 2021 por unanimidad, es el que debe continuar en vigor”, expuso. 

Expediente a Ascó

También hubo discrepancias en el pleno del 4 de diciembre. Mientras el consejero Javier Dies (único propuesto por el PP) lamentó que el director del Gabinete del presidente del CSN se dedique “a censurar las notas web o notas de prensa de los consejeros” y a “eclipsar” su labor, Castejón planteó un voto particular a un cambio de las especificaciones técnicas de funcionamiento (ETF) de la central de Ascó.

Este vocal votó a favor del cambio, relativo al nivel de presión de un componente, la turbobomba de agua de alimentación auxiliar (TBAAA) de los reactores de Ascó, que registra desde 1999 niveles inferiores a los de las ETF. Lo avaló “debido a que la evaluación muestra que no se ha menoscabado la seguridad de las dos unidades de Ascó y de esta forma se subsana un error pasado que ha generado un incumplimiento de 23 años”.

Pero pidió abrir un expediente sancionador a la central, controlada por Endesa, por “autorizar de modo irregular y contrario a lo establecido en su permiso de explotación” un cambio de las ETF “sin solicitarlo por las vías reglamentarias”.

“Las ETFs son uno de los documentos oficiales de explotación más importantes de una central nuclear, ya que rigen la operación de sus equipos y sistemas de seguridad, uno de los cuales es la turbobomba de agua de alimentación auxiliar. Las ETFs son aprobadas por el MITERD previo informe favorable del CSN, y este procedimiento es el único posible para su modificación”, expuso Castejón.

Este vocal reclamó la “recalificación del incidente en la Escala INES que valore adecuadamente las deficiencias manifestadas por la organización de la central ”, así como “un análisis interno al CSN para averiguar las causas raíces que subyacen a que durante 23 años no haya sido detectado mediante los mecanismos de supervisión establecidos este incumplimiento de la central nuclear, y a que tras su detección en 2022 no se haya considerado la apertura de un expediente sancionador a la central nuclear, ni su clasificación en la Escala INES”.

Castejón dejó claro en su voto discrepante que “en este caso el suceso no ha tenido impacto en la seguridad”, pero “muestra la caída de varias barreras de seguridad ante accidentes que no tendrían que haber ocurrido, y que en caso de que tuvieran lugar ante otro tipo de sucesos iniciadores, podrían haber conducido a peores consecuencias”.

Expone que Ascó detectó que la presión máxima de esos componentes era menor a la especificada tras sendos aumentos de potencia, en 1999 y 2004. Ese año, “la central nuclear aprobó en su máximo órgano de dirección y de modo unilateral”, sin solicitarlo al ministerio “ni informar al CSN, que se desviaría del cumplimiento del RV [requisito de vigilancia], y por tanto de la ETF, voluntariamente ante la imposibilidad de cumplirlo”.

La central tarraconense emitió entonces una “disconformidad” en el Programa de Acciones Correctivas (PAC), solicitando que se valorara un cambio de las ETFs para corregir esta desviación.

“Cinco días después esta acción del PAC fue cerrada sin ninguna acción, afirmando que como estaba en marcha el proceso de modificación del conjunto de las ETFs hacia las ETFs mejoradas, ya se incluiría en las nuevas ETFs la modificación pertinente”, dice Castejón en su escrito. “Estas ETFs mejoradas no han sido presentadas para aprobación al MITERD a fecha de hoy, y se ha comprobado que aún no se ha llevado a cabo la corrección del valor de la presión, en la redacción en borrador de dichas ETFs”.

Hasta febrero de 2022 el CSN no detectó, durante una inspección rutinaria, que la presión de vapor máxima en los reactores era inferior a lo requerido en las ETF “y solicitó un histórico de las presiones” para “ver desde cuando se tenía este problema”. En marzo de 2023, la central decidió notificar un “incumplimiento en forma” de las ETF que a juicio de Castejón “sigue presentando una redacción en la que no se reconocen los hechos en su justa medida”. El 30 de junio de 2023, la central presentó ante el ministerio la propuesta de modificación de la ETF para cumplir con sus requisitos.

Según Castejón, no comunicar ese incumplimiento de las ETF “supone una deficiencia de la Cultura de Seguridad de la organización de la instalación, con actuaciones que se consideraban superadas tras las deficiencias detectadas en 2007/2008 y sobre las que se impuso a Ascó un ambicioso plan de mejora”. En noviembre 2007, el grupo 1 de esta planta sufrió una fuga radiactiva que motivó una sanción de 15,3 millones de euros del gobierno de entonces, que acusó a Endesa de “ocultar” información sobre el incidente.

En su voto particular, Castejón expone que “el CSN tardó más de 23 años en descubrir el incumplimiento con sus métodos de inspección y supervisión. Tras su detección por parte de la inspección residente, en febrero de 2022, no se ha propuesto la apertura de ningún expediente sancionador, no se ha clasificado el suceso en la escala INES, ante las deficiencias en Cultura de Seguridad del titular puestas de manifiesto, y se ha permitido que el titular notifique como un simple incumplimiento formal de un RV, y no como un incumplimiento de ETFs”.

En el último pleno de 2023, Castejón también rechazó otros cambios propuestos en el informe del CSN al nuevo reglamento nuclear, como hacer “opcional” la transferencia de las autorizaciones de contenedores de almacenamiento temporal de combustible nuclear gastado en favor de Enresa, empresa pública en la que, como reveló elDiario.es, trabaja desde hace años un hijo del presidente del CSN, Juan Carlos Lentijo.

Considera “más correcta” la propuesta original del ministerio, “ya que establece una regulación inequívoca de la titularidad de las autorizaciones de contenedores”.

También rechazó el “excesivo” plazo de 18 meses (frente a los 6 del borrador original del ministerio) para presentar un plan de control de los materiales que pueden ser gestionados sin control del regulador nuclear. Y dijo no entender que el futuro reglamento señale que el ministerio tendrá un “registro de instalaciones de almacenamiento definitivo de combustible nuclear gastado” cuando el plan general de residuos radiactivos (PGRR) que aprobó el Gobierno hace unos días apuesta por enterrarlos definitivamente en un almacenamiento geológico profundo previsto para la segunda mitad de este siglo. 

Según Castejón, la “mera existencia” de ese registro abre “la posibilidad a que haya más de un almacenamiento definitivo de combustible gastado, lo cual no es lo previsto en el 7º PGRR”. También lamentó que ni el borrador ni el informe del CSN mencionen la responsabilidad civil a largo plazo en las zonas de instalaciones ya clausuradas que hayan sido declaradas libres del control regulador y tengan restricciones de uso.

Castejón planteó el año pasado más reparos a otras decisiones del CSN. En junio se opuso a que Enusa pueda mover unos contenedores con combustible nuclear quemado en su interior por las “incertidumbres” sobre su “comportamiento futuro”: “Me parece improcedente no poner una limitación temporal a su transporte una vez superada la vida de diseño de 50 años”. Y en marzo rechazó el “cumplimiento alternativo” de las condiciones que deben cumplir las membranas de más de 300 válvulas en la central de Almaraz. El CSN tenía que haber adoptado “medidas coercitivas” por un incumplimiento que, asegura, “ha pasado desapercibido desde 1993”.