Empleo registra 30.000 chivatazos que dan lugar a 8.192 inspecciones de trabajo en un año
En un intento de frenar el fraude laboral, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social abrió hace un año un buzón en el que cualquier persona puede denunciar incumplimientos en la normativa laboral de forma confidencial. En este tiempo, se han registrado 30.000 denuncias que cumplían todos los requisitos para ser estudiadas, y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha iniciado 8.192 actuaciones después de realizar las comprobaciones oportunas.
Del total de las actuaciones inspectoras iniciadas, se han resuelto 5.377, lo que ha permitido sacar a la luz 1.592 empleos sumergidos. Esto ha llevado a la Seguridad Social a recaudar 1,4 millones de euros en liquidación de cuotas y 4,4 millones de euros en sanciones a empresas. Las denuncias que no han dado origen a una inspección si se tienen en cuenta para los planes de control que elabora la inspección.
Por comunidades, en Andalucía es donde más empleos sumergidos han aflorado (422), seguida de Madrid (211), Castilla-La Mancha (149) y Comunidad Valenciana (143). Destaca en proporción (frente a población), el caso de Castilla-La Mancha.
Este buzón permite a cualquier ciudadano denunciar irregularidades en el ámbito laboral cumplimentando un formulario. Una vez registrada la petición, la información se incorpora a la actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que la analiza y decide si es pertinente iniciar una investigación. Aquellas que sean consideradas urgentes se realizarán de manera inmediata. Para que la ITSS pueda considerar al denunciante en el procedimiento, este deberá presentar una denuncia formal, ya sea por vía telemática, presencial o por correo postal.
En 2012, se aprobó en Consejo de Ministros el Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, con el objetivo de mejorar los instrumentos legales, los recursos humanos y los medios operativos de la ITSS. Su creación fue muy polémica ya que se sorteaba la prohibición de usar denuncias anónimas como base a estas actuaciones. Finalmente, la Fiscalía concluyó que no había delito en el uso de este método por parte de Empleo.
En la actualidad hay más de 1.000 inspectores de trabajo dedicados a esta iniciativa, que han conseguido aflorar 170.941 empleos sumergidos e imponer 5.496 sanciones a empresas ficticias, es decir, las creadas con el fin de defraudar a la Seguridad Social. Según el ministerio, el impacto económico global de estas actuaciones desde 2012 hasta mayo de este año ha sido de 9.271 millones de euros.
