Empleo negocia con sindicatos y patronal una reforma completa de los cursos de formación

En los últimos meses, varios escándalos de corrupción han puesto en el punto de mira los cursos de formación para trabajadores y parados. En Andalucía el caso ha salpicado a UGT pero en Madrid es la patronal la que se enfrenta a graves acusaciones de desviación de fondos públicos.

El Ministerio de Empleo negocia con los agentes sociales un nuevo sistema de formación para el empleo que evite que se vuelvan a generar estas situaciones de descontrol y que pasan por reducir el papel de los agentes sociales en su organización. Los sindicatos han dicho en varias ocasiones que están dispuestos a renunciar a la ejecución de los cursos, pero no a su diseño y planificación, y aseguran que la intención de Gobierno es promover con la reforma el negocio privado de la formación.

El Ministerio de Empleo ya ha enviado a sindicatos y patronal un borrador en el que propone “redefinir” el papel de los agentes que intervienen en la formación. Sobre las entidades de formación acreditadas y registradas (centros privados), dice que no deben ser “meros proveedores de formación” sino “co-responsables en la planificación y diseño de las iniciativas, en su evaluación y en la investigación de las metodologías y herramientas”.

El borrador señala que todas las iniciativas que programen las Administraciones deberán gestionarse en régimen de concurrencia competitiva “abierta a todos los proveedores de formación públicos y privados que cumplan los requisitos de acreditación establecidas”. Todo, dice el texto, para evitar “el doble papel” de los agentes sociales: “Actúan como participantes en la planificación programación, y diseño del subsistema y, asimismo, ejecutores de la formación y perceptores de fondos”.

El mercado de la formación

“Esa es la excusa, pero lo que pretenden es sustituirnos por las empresas privadas y los centros de formación. Y quién mejor que trabajadores y empresas para saber la formación que hace falta”, asegura la secretaria de Formación de UGT, Teresa Muñoz. Su homólogo en CCOO, Javier López Fernández, es de la misma opinión: “Quien tiene los mejores instrumentos para saber qué formación necesitan los trabajadores son sus representantes legales y las empresas. La negociación colectiva desaparece en ese borrador, en el que se plantean que las soluciones a los problemas detectados en la formación pasan por la libre concurrencia y la competición sin más. El borrador habla de fomentar el mercado de la formación; el Gobierno lo que tiene que hacer es cubrir las necesidades de formación, no potenciar un mercado”.

Tanto CCOO y UGT están dispuestos a renunciar a la ejecución de los cursos, algo por lo que se les ha denostado mucho, pero reclaman su papel en el resto del proceso. “No nos oponemos a que haya centros privados, sí pensamos que se debería utilizar la red de centros públicos y cuestionamos la red de centros privados que persiguen la formación de las empresas y a las que no se les exige ningún certificado. La red de centros públicos y universidades, ¿no podrían estar dando certificados de profesionalidad? Estarían totalmente dispuestos”, explica Javier López. El texto del Gobierno sí subraya la necesidad de ordenar y controlar el tipo de empresas que imparten formación.

La CEOE se limita a decir que el protagonismo del nuevo sistema deben tenerlo las empresas: “Son las que pagan”. La patronal, que aún está valorando el borrador, asegura que hacen falta más controles y evaluaciones de los cursos que se imparten.

Empleo también habla de mejorar la coordinación y la colaboración entre las Administraciones públicas. Los sindicatos han propuesto incluso crear una Agencia Estatal de Formación que coordine y vertebre todo el sistema, aunque sin restar importancia al papel de las comunidades autónomas.

¿Cómo funciona el sistema actual?

¿Cómo funciona y cómo se financia la formación profesional para el empleo? La mayor parte del sistema se financia con la cuota que empresa y trabajadores pagan en sus nóminas (un 0,7%, del que el 0,6% se hace cargo la empresa y el 0,1%, el trabajador). Esta cantidad suele oscilar entre 1.800 y 2.000 millones al año. De ellos, 700 se destinan a la bonificación empresarial, esto es, a formación que hacen las empresas para su plantilla, bien para que adquieran nuevas competencias o para que se reciclen. “En este punto existe poco control. Además, se debería consultar con los representantes de los trabajadores para ver qué formación se imparte y muchas veces esto no se hace”, asegura la secretaria de Formación de UGT, Teresa Muñoz.

El resto del dinero, cerca de 1.200 millones de euros, se reparten entre las comunidades autónomas, el Estado y los agentes sociales (sindicatos y patronal, entidades de la economía social y de autónomos). Cada entidad convoca luego sus cursos de formación. Es la Fundación Tripartita, en la que participan sindicatos, patronal y el Ministerio de Empleo, la encargada de gestionar y supervisar este último punto, el del reparto de fondos estatales. No obstante, muchas comunidades autónomas firman con la fundación convenios de colaboración para que esta apoye o fiscalice sus cursos.

Además de esta cantidad, el Estado también hace aportaciones para la formación a través de los Presupuestos Generales (una partida que se ha reducido drásticamente durante la crisis), así como el Fondo Social Europeo. En 2012, la suma de los tres conceptos supuso 2.155 millones de euros. De ellos, 950,5 se gastaron en la formación de ocupados, 675,5 en la formación de parados, 525 para las ayudas del Plan Prepara (los 400 euros para parados que hayan agotado todas sus prestaciones) y cuatro millones para otras acciones.

Los expertos en laboral coinciden en la importancia de estos cursos para mejorar la empleabilidad de los trabajadores parados y para acrecentar la competitividad de los que están en activo.