Fagor y Eroski atrapan a perpetuidad a miles de pequeños ahorradores vascos
En el año 2000, el Gobierno de Juan José Ibarretxe aprobó una reforma de la Ley de Cooperativas. Por primera vez, se autorizaba su financiación a través de aportaciones financieras subordinadas. Esta ley permitía que las aportaciones computasen en los balances de la sociedad como recursos propios. Con esta puerta legal abierta, tanto Eroski como Fagor, las dos firmas más emblemáticas del conglomerado cooperativo vasco, encontraron una nueva vía de ingresos para expandirse y recoger capital sin recurrir a la deuda financiera.
Desde 2002, cuando la distribuidora alimentaria lanzó la primera emisión, hasta 2007 se publicaron ofertas casi irresistibles de hasta un 7% garantizado durante los primeros meses y Euribor más un 3,5% los siguientes ejercicios. Eran los tiempos de la burbuja y las altas rentabilidades todavía no estaban bajo la sombra de la sospecha, así que miles de ahorradores acudieron a las diferentes ofertas que ambas empresas emitieron.
El lanzamiento de las emisiones, algunas con el aval del entonces Santander Central Hispano y comercializadas en gran parte por BBVA y por la también cooperativa Caja Laboral, contó con un gran número de solicitudes, principalmente en el País Vasco, tanto de socios de las cooperativas como del público en general.
El problema ha venido años más tarde de la mano de la crisis y cuando muchos de estos inversores han descubierto lo que compraron en realidad hace una década. La media invertida por estos ahorradores fue de unos 12.000 euros, aunque la horquilla se mueve desde los 900 hasta 45.000 euros.
40.000 ahorradores atrapados
Según Adicae (asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros), hasta 40.000 ahorradores podrían estar atrapados en este producto que se ha devaluado hasta un 65% en algunos casos. En otros es imposible recuperar la inversión ya que estos títulos son a perpetuidad y solo las cooperativas tienen la potestad de amortizarlos a partir de cinco años.
Tanto Eroski como Fagor emitieron aportaciones financieras para fortalecer su capital social y, por lo tanto, estos productos se comportan como parte de ese capital por ser considerados financiación subordinada. Esto supone que se colocan a efectos del orden de cobro de créditos detrás de todos los acreedores comunes, los últimos de la fila en caso de quiebra.
Si bien es cierto que tanto las empresas como los medios de comunicación informaron en su día de que estas aportaciones cotizaban en el mercado variable, con un folleto aprobado por la CMNV, muchos de los inversores desconocían este hecho y se les ofreció, según denuncian, sin las explicaciones pertinentes y con unas garantías imposibles de cumplir hoy. Un nuevo caso, que se suma al de las preferentes, en el que aparentemente se vendió emisiones de alto riesgo financiero a clientes sin conocimientos económicos suficientes.
No obstante, este producto tiene una diferencia esencial con las preferentes puesto que el cobro de los intereses anuales no depende de la existencia de beneficios distribuibles. Por lo tanto, los inversores que hayan mantenido su inversión reciben anualmente sus ahora escasos intereses.
Este caso, que ha provocado una importante movilización social en Euskadi, ha llegado al Parlamento vasco donde UPyD presentó la semana pasada una iniciativa para pedir la intervención del Gobierno vasco, aunque los votos unidos del PNV y EH Bildu desviaron el asunto a Kontsumobide, el Instituto Vasco de Consumo, para que “intervenga de oficio” –según reza el texto de la declaración– y aclare si “la información ofrecida fue suficientemente concreta y clara”.
Esta decisión ha sido calificada por Adicae, como “lamentable y decepcionante”, ya que, según la asociación, “el texto aprobado no concreta las vías de solución para garantizar una respuesta eficaz a este fraude”. Para que el arbitraje sea efectivo debe contar con la aceptación de las entidades involucradas en la venta de estos productos.
