La fiscalía pide 64 años de cárcel y 1.200 millones al industrial Aristrain por fraude a Hacienda
José María Aristrain siempre quiso pasar por un empresario anónimo. Y durante varias décadas lo había conseguido este industrial del acero propietario de una de las mayores fortunas del país. El antiguo propietario de Aceralia (y ahora accionista de Arcelormittal) nunca fue un habitual de las fiestas de la gente rica. De la prensa ha huido como de la peste.
Hoy es el protagonista, a su pesar, de uno de los mayores casos de fraude fiscal de la historia de la democracia. Tras una década investigando, la Fiscalía acusa al expropietario de Arcelor, uno de los hombres del acero español, de defraudar al fisco español 211 millones de euros haciendo viajar su patrimonio a través de una red de paraísos fiscales que incluye las Islas Vírgenes, Suiza y Luxemburgo. El ministerio público pide para él 64 años de cárcel y una multa de 1.400 millones de euros. Con su escrito ha superado incluso la reclamación de la Abogacía del Estado: 60 años de prisión y 633 millones de multa.
La estrategia de los abogados de Aristrain en el juzgado número 4 de Pozuelo, el municipio madrileño donde tiene una de sus residencias Aristrain, como algunas de las principales fortunas del país, es defender que todo debe quedarse en un conflicto fiscal entre países: Suiza, donde dice vivir Aristrain, y España. Que las acciones de Arcelormittal estuviesen en Luxemburgo es, según sus abogados, una de esas costumbres de las grandes corporaciones mundiales.
El caso nace en 2006 cuando el empresario de origen vasco decide mudar su residencia fiscal a Suiza, con un régimen de impuestos mucho más benévolo que el español. La Fiscalía especializada en delitos económicos decidió seguir su rastro y en 2011 presentó denuncia. Se registraron entonces con orden judicial las oficinas de su grupo empresarial, que seguían en España, y algunas de sus mansiones.
El informe de Hacienda constató que Corporación JMAC, el conglomerado al que dan nombre las siglas del industrial, obvió el pago de 132 millones de euros en impuestos entre 2005 y 2008. Y a eso hay que sumar otros dos fraude en el tributo de Sociedades y en el IRPF. En total, 211 millones de euros.
La Abogacía del Estado ya había concluido que lo de 2006 no fue una verdadera mudanza: “Que el cambio de domicilio fiscal a Suiza a partir de 2006 no responde a la realidad, teniendo por único objeto eludir el pago del IRPF e Impuesto de Patrimonio que le correspondían como residente en España”.
La fiscalía ha defendido esa misma tesis con otras palabras. Llama a la operación de Aristrain para simular su residencia en Suiza “montaje puramente artificial” que tiene “el único objeto de no cumplir con sus obligaciones fiscales para con el erario público español” porque entre 2005 y 2009 Aristrain y su familia “residía en territorio español” y era en España “donde mantenía sus relaciones económicas y personales más relevantes”. Siguiendo esa tesis, los especialistas en delitos económicos del ministerio público certifican que se trató de una “deslocalización tanto de su domicilio fiscal como de sus participaciones sociales” para no pagar impuestos ni por el IRPF, ni por su patrimonio ni por el tipo de sociedades.
Aristrain es uno de los dos hijos del fallecido empresario siderúrgico José María Aristrain Noain, que ya utilizó estructuras 'offshore' para no pagar impuestos desde la década de los 60 del siglo pasado, como reveló la investigación de Los Papeles de la Castellana. En ese entramado fue una pieza capital un ministro de Industria de Franco, Gregorio López-Bravo.
Tras la muerte del fundador del imperio Aristrain en 1986, sus dos hijos heredaron varias de sus fundaciones y entidades opacas en Liechtestein; en el caso de María Ángeles Aristrain (hermana de José María Aristrain), una de ellas gestionaba 18,8 millones de euros en 2015, pero la suma de su patrimonio escondido podría superar los 50 millones
La hermana de Aristrain no regularizó esos fondos con la amnistía fiscal de 2012, pero el verano pasado, tras la intervención de Banco Madrid, del que era cliente, inició los trámites para legalizarlos.
