El fondo europeo de recuperación: necesario, insuficiente y con un alto coste político

El acuerdo recién alcanzado por el Consejo Europeo sobre el fondo de recuperación se va a traducir en unos 72.000 millones de euros de ayudas europeas para España durante los próximos tres años, y algo menos en préstamos de la Comisión Europea. ¿Está justificado que Pedro Sánchez se dé por satisfecho con este resultado de la cumbre europea? ¿Se trata de un rescate como dicen sus críticos? ¿Cuál ha sido el coste político del acuerdo para la Unión Europea y para España?

Para entender la importancia del acuerdo hay que tener en cuenta el cuadro económico planteado por la crisis de la COVID-19. La Comisión Europea prevé que el PIB real de la eurozona caiga casi un 9% este año, y que el año que viene se mantenga aún un 3% por debajo del nivel de 2019. Para España las cifras son aún peores: caída del 11% del PIB este año y más de 4% por debajo del nivel de 2019 el año que viene. Posiblemente tanto la mayor severidad de la epidemia como el mayor impacto económico se explican en parte por la mayor dependencia que España tiene del turismo.

El déficit público en la Eurozona se espera que exceda del 8% este año. Para el caso de España se espera un déficit del orden del 10%. Ambos son comparables con las respectivas caídas de PIB. Esto es así porque la respuesta de los gobiernos europeos, incluido el español, ha sido compensar la caída de rentas de empresas y familias como consecuencia de la pandemia. Así se evita que el parón de actividad conlleve una crisis generalizada de solvencia. Para facilitar estas políticas de rentas, la Comisión Europea ha suspendido la aplicación del Pacto Fiscal este año, de modo que el déficit pueda superar el 3% del PIB sin penalización.

Pero ¿y el año que viene? El Consejo Fiscal Europeo, un organismo asesor de la Comisión, espera que el déficit se reduzca en España, y en promedio en la Eurozona, en unos tres puntos del PIB más de lo que sería conveniente para que la economía recuperase su potencial de crecimiento. Todo esto suponiendo que la Comisión Europea vuelva a aplicar las reglas del pacto fiscal. Todos los países se exponen al dilema de tolerar una crisis más larga de lo necesario, o violar las reglas fiscales. En algunos casos pueden ocurrir las dos cosas. Para países altamente endeudados como España o Italia, pero también Grecia, Portugal, Bélgica o incluso Francia, se puede dar también un castigo en los mercados. El fondo de recuperación europeo viene a mitigar este problema.

La función del fondo de recuperación, en particular la componente de ayudas que no la de préstamos, es pues permitir a los países reducir el déficit el año que viene sin dañar la recuperación. El dinero europeo se usaría para financiar inversiones sin contribuir al déficit público. En el caso de España, los 72.000 millones de euros de ayudas aprobadas por el Consejo Europeo representan un 2% del PIB de 2019 cada año durante tres años. Es una cantidad respetable, si bien como hemos visto es aún insuficiente para compensar la contracción fiscal de al menos tres puntos del PIB que se espera el año que viene. Para el conjunto de la UE, el fondo de recuperación prevé 390.000 millones de euros de ayudas, que representan menos del 1% del PIB de 2019 cada año durante tres años. La componente de préstamos del plan de recuperación representa otro tanto, pero seguirá contribuyendo al déficit público.

Generoso para España

Está claro, por tanto, que el fondo de recuperación es necesario, que es de un tamaño insuficiente, y que aun así es bastante más generoso para España que para la media europea.

El coste del acuerdo para España es relativo. Como parte del acuerdo, los países autodenominados 'frugales' han impuesto la condición de que cualquier estado miembro pueda paralizar los desembolsos previstos si no se cumplen las condiciones del denominado semestre europeo. Pedro Sánchez insiste en que esto no es una restricción real ya que la intención del Gobierno de España es participar de buena fe en el gobierno económico común de la zona euro, que incluye cumplir las recomendaciones de la Comisión Europea en el semestre europeo. Los oponentes políticos del gobierno, incluidos destacados exponentes del Partido Popular Europeo y de la opinión pública en los países 'frugales', creen ver en estas condiciones una manera de meter en cintura la influencia de Podemos sobre las políticas económicas del gobierno de coalición. Ya veremos en qué queda todo esto en el otoño, cuando la Comisión evalúe el borrador de presupuestos generales del estado y el plan de estabilidad y convergencia que lo acompañe.

El coste político del acuerdo para la Unión Europea, por el contrario, ha sido mayúsculo. Había grandes pretensiones de condicionar los desembolsos de fondos de cohesión al respeto de los principios del estado de derecho, que están amenazados en particular en Hungría y Polonia. Como el acuerdo sobre el plan de recuperación exigía unanimidad, Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, ha sido capaz de desactivar estas condiciones políticas sobre el desembolso de los fondos de cohesión. El descontento por este resultado en gran parte de Europa puede volverse contra Angela Merkel, por propiciar el acuerdo, y contra España e Italia por ser los países que más se beneficiarán económicamente de él.

Sacrificios para satisfacer a los 'frugales'

Por otra parte, el proceso de negociación ha sacrificado las partes más ambiciosas del plan de recuperación de la Comisión en aras de conservar la componente de ayudas a fondo perdido. La Comisión había aprovechado partes del fondo de 750.000 millones de euros para aumentar algunos programas de su presupuesto para los próximos 7 años, como pueden ser el programa de investigación Horizon Europe; el heredero del plan Juncker, Invest EU; o una propuesta de fondo para sostener la solvencia de PyMEs afectadas por la crisis de la COVID-19. Estos programas han sido sacrificados en todo o en parte para satisfacer la exigencia de los países 'frugales' de reducir el montante de las ayudas europeas manteniendo las transferencias directas a países como España.

Por si fuese poco, una de las ambiciones de la Comisión Europea y del presidente del Consejo Charles Michel era eliminar del presupuesto de la UE para los próximos 7 años los descuentos de que disfrutaban los países 'frugales' desde los tiempos de Margaret Thatcher. La salida de Reino Unido de la Unión Europea se veía como una oportunidad para eliminar los descuentos por ser regresivos y fomentar cálculos nacionalistas de coste y beneficio puramente contable en el presupuesto europeo. Por el contrario, el precio de aprobar el plan de reconstrucción ha sido aumentar, en algunos casos muy considerablemente, los descuentos en las contribuciones presupuestarias de los 'frugales'.

En resumen, las ayudas europeas y los préstamos que recibirá España, aunque insuficientes para compensar la profundidad de la crisis causada por la COVID-19, son muy considerables. Dados los costes políticos que el fondo de recuperación ha tenido para la Unión Europea, España tiene la responsabilidad de usar bien estos fondos. Esperemos que la Comisión no se pase de frenada con sus recomendaciones de reformas durante el semestre europeo. El potencial de accidentes políticos es más bien alto.