Uno de los dueños de Gallina Blanca cerró una firma en Bahamas mientras le investigaba la Fiscalía
Jordi Carulla Font, propietario del 20% del conglomerado empresarial Agrolimen (dueño de Gallina Blanca, entre otras marcas), cerró en 2010 una sociedad en Bahamas cuando Hacienda y la Fiscalía hicieron público que estaban investigando a su familia por evasión fiscal. La sociedad de Carulla se denominaba Aifco y contaba con un capital de 10 millones de dólares.
El nombre de Aifco aparece en una nueva filtración masiva de documentos procedentes de paraísos fiscales, llamada Bahamas Leaks y obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el que participan decenas de medios de comunicación, entre ellos El Confidencial y La Sexta.
Según El Confidencial, Aifco, con sede en Nassau, se creó en 1998 pero Carullla sólo se incorporó a ella a partir de 2004. Además de los 10 millones de dólares de capital, Aifco controlaba otras dos sociedades holding en Miami –Genwest Inc y Westgen Inc– organizadas por un directivo de esa ciudad, Pedro P. San Romà, también secretario de Aifco.
Tanto los activos controlados desde estas firmas como los 10 millones de dólares ya estarían declarados en España, según han declarado fuentes de la familia Carulla, que han recordado que Jordi Carulla, junto con su esposa, hijos y nietos, es residente fuera de España, lo que afecta a su régimen fiscal. Eso incluiría el período de vida de Aifco.
Los Carulla, accionistas fundacionales del diario Ara y partidarios del independentismo catalán, han señalado que Aifco era filial 100% de una sociedad “actualmente española”, ésta última debidamente inscrita.
Los Carulla saldaron sus cuentas pendientes con Hacienda a través de un acuerdo con la Fiscalía en 2014, por el que el hermano mayor, Lluís Carulla, reconocía el delito fiscal y pagaba 6,4 millones de euros a Hacienda en total en un acuerdo que les permitía evitar la prisión.
Bahamas todavía era considerada paraíso fiscal en 2010, aunque justo un año después se firmó un acuerdo de intercambio de información con España. A día de hoy, la UE todavía lo considera un país “no colaborativo”.
