El nuevo ministerio de Agenda Digital, en el punto de mira de Airbnb y Uber

Con el nuevo Gobierno recién nombrado, Adigital, la patronal del sector de empresas digitales, ha lanzado un mensaje al nuevo Ejecutivo pidiéndole que tome una posición sobre la normativa de las plataformas como Airbnb o Uber. “Que el Ministerio de Agenda Digital se pronuncie”, pide José Luis Zimmerman, presidente de la asociación que agrupa un centenar de empresas digitales. 

El transporte y el alojamiento han sido los sectores más conflictivos de la denominada economía colaborativa, que han llegado en algunos casos hasta los tribunales. La clave reside en cómo se regulan estas plataformas, si por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información o por la normativa sectorial.

Las plataformas y Bruselas, que desarrolló un documento en junio, alegan que estas compañías son intermediarias y por tanto, se incluyen dentro de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, mientras que las comunidades autónomas se acogen a las leyes sectoriales para imponer multas a las compañías. Para complicar el escenario aún más, hay varias batallas judiciales abiertas y los lobbies tradicionales presionan para que se mantenga el statu quo.

Las empresas digitales tratan de buscar su hueco dentro del apartado de Agenda Digital, que se ha incluido en la nomenclatura del Ministerio de Energía y Turismo. Hasta ahora, eso estaba dentro de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones, en el Ministerio de Industria. Zimmerman celebra el cambio por considerar una “buena noticia” que se preste atención a la agenda digital, un departamento que estaba “escondido”.

Las plataformas recuerdan que la regulación relativa al comercio electrónico es nacional y señalan que lo que no tiene sentido en el siglo XXI es que haya 17 normativas diferentes, en referencia a las competencias turísticas transferidas a las comunidades. Además, Zimmerman aseguró esta semana que están dispuestos a llegar “hasta el final”.

¿Cuál es la diferencia?

La diferencia entre ser un intermediario y tener que cumplir con la normativa sectorial radica en hasta dónde llegan las responsabilidades de las plataformas.  En el caso del alojamiento, una de las claves es si las empresas tienen que controlar que los pisos que anuncian cumplan con la normativa (las competencias de turismo están descentralizadas en España).

Las comunidades autónomas han abierto expedientes a las compañías por considerar que no vigilan que los anuncios que hay en ellos corresponden con pisos que cumplen la regulación de alojamientos turísticos de la comunidad.

El Ayuntamiento de Barcelona a comienzos del verano recordó a nueve portales que siguen anunciando viviendas turísticas sin licencia y apuntó que las multas, según la normativa catalana de turismo, pueden ascender a los 60.000 euros. El primer anuncio de multas por parte del Ayuntamiento llegó en diciembre de 2015, y el proceso administrativo continúa abierto tras la alegaciones de las empresas. Las plataformas se defienden diciendo que es como si se le pidiera a un periódico que controle los anuncios por palabras que se incluyen en él.

Otro de los conflictos entre comunidades y plataformas ha ocurrido en el terreno del transporte, donde la Comunidad de Madrid ha impuesto multas a BlaBlaCar y a dos de sus conductores por considerar que realizan “transporte público sin autorización”. La comunidad considera que los dos conductores cometieron infracciones muy graves, que conllevarían una multa de 4.000 euros para cada uno. En el proceso también incluye una sanción a la plataforma por ofertar estos trayectos y facturarlos. En este caso, en la base de todo se encuentra también que la Administración considera que BlaBlaCar tiene que cumplir la ley de transporte, y no la relativa a los servicios de la sociedad de la información.

Fuentes del Ministerio apuntan que todavía es pronto para hablar de la agenda del Ministerio, que está en proceso de “reorganización”. Y que habrá que esperar hasta que se nombren todos los secretarios de Estado y estos vayan elaborando su agenda. 

Por ahora, a nivel nacional, el único organismo que se ha pronunciado ha sido la CNMC. De hecho, la elaboración de un informe sobre la economía colaborativa ha partido el organismo en dos.  Las claves del informe se centraban en cómo regular esta nueva economía y, por la propia labor del organismo, en cómo evitar la creación de barreras de entrada para nuevos operadores que perjudiquen al usuario.

El papel de los lobbies

Además de las comunidades y Bruselas, en la balanza regulatoria también se encuentran los lobbies de la industria tradicional. Exceltur en el lado del turismo y las asociaciones de taxistas junto con la patronal de autobuses en el del transporte han mostrado una actitud beligerante para evitar cambios en ambos sectores.

Se da la casuística de que dentro del Ministerio se encuentra también la cartera de Turismo, donde se engloba el Consejo Español de Turismo. Este órgano fue creado en 2005 con el objetivo de lograr mayores niveles de participación y colaboración en las políticas dirigidas al sector y en la promoción exterior.

Lo que ocurre es que entre sus miembros no solo están representantes del sector público, sino también de la industria como la CEOE, las Cámaras de Comercio y las organizaciones sindicales y profesionales de distintos ámbitos. Algo que parece complicar los movimientos del ministro del ramo.