El Gobierno quiere aprobar el 'dedazo' en las oficinas de turismo en pleno puente
El Gobierno parece decidido a aprobar este viernes en el Consejo de Ministros el polémico Real Decreto de Organización, funciones y provisión de puestos de trabajo de las Consejerías de Turismo en las Misiones Diplomáticas de España.
Fuentes de la Administración explican que el texto va al consejo del viernes “por razones de urgencia”, con lo que se aprobaría aprovechando el puente de San José, Día del Padre, con festivos en cinco comunidades autónomas (este jueves, en Madrid, Valencia, Murcia, y Navarra y el viernes en Galicia).
El texto que ve aprobar el Gobierno, según las fuentes consultadas, mantiene los aspectos más polémicos de los borradores previos, que, como adelantó eldiario.es, eliminan la experiencia previa en el sector turístico como mérito “preferente” para acceder a estos puestos y premian la condición de alto cargo a los funcionarios que quieran optar a ellos. Con ello, el Gobierno abrirá la puerta a la colocación discrecional, en pleno año electoral, de altos cargos vinculados al PP en destinos tan apetecibles como Nueva York, Singapur y Londres, por citar tres ejemplos. Hay 33 consejerías de este tipo repartidas por todo el mundo.
La Secretaría de Estado de Comunicación no ha hecho comentarios a este respecto, mientras que la Secretaría de Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de Industria (principal impulsor de la norma) no ha devuelto las llamadas ni los mails de este medio.
La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, que hace más de un mes prometió comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre este asunto (todavía no ha aparecido por la Cámara Baja) confirmaba el mes pasado por carta que los “méritos de asignación de puestos” serán “los servicios prestados, es decir, la experiencia adquirida y naturaleza y nivel de los puestos o cargos desempeñados”, junto a otros requisitos como “la idoneidad profesional, el conocimiento de los idiomas que, en su caso, se establezcan” y los informes de una Comisión Técnica de Valoración, que se crea a tal efecto“.
“Calidad y eficacia”
La secretaria de Estado de Turismo, que aseguraba que “esta norma establece los mecanismos que dotan de mayor racionalidad, exigencia y objetividad al procedimiento de provisión de los puestos” y “fortalece la calidad y eficacia” en la cobertura de esas vacantes, también admitió que en las convocatorias “podrán” (no será imprescindible, como ahora) exigirse los requisitos de preparación técnica y profesional en el ámbito del turismo.
Los argumentos de la esposa del diputado popular Vicente Martínez Pujalte estaban recogidos en una misiva remitida el mes pasado a Elena Vicente, presidenta de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), interesándose por este borrador de real decreto, que ha puesto en guardia a los altos funcionarios. La Asociación del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (ACSACE), integrada en Fedeca, ha dicho que el borrador “no satisface los requisitos de idoneidad, mérito y capacidad, básicos en una función pública profesional”.
Entre las novedades del borrador de real decreto también está una reducción del plazo máximo en el que los consejeros pueden permanecer en estas oficinas, actualmente fijado en ocho años, incluyendo las posibles prórrogas. Este periodo se acorta a cinco años y la estancia mínima pasa de dos a tres años. Un cambio retroactivo que permitirá abrir al máximo el abanico de vacantes para los nuevos consejeros en pleno año electoral y, al mismo tiempo, dificultar que un eventual nuevo Gobierno pueda cambiar a los elegidos hasta casi el final de la nueva legislatura.
El Gobierno de José María Aznar ya intentó una maniobra similar para colocar a afines en las consejerías de turismo, aunque finalmente no la llevó a cabo. El borrador de real decreto estaba en stand-by después de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, encargase a su número dos, el subsecretario de Presidencia del Gobierno, Jaime Pérez Renovales, que analizara a fondo esta cuestión y elaborase un dictamen sobre una norma que la oposición ha criticado con dureza. Finalmente, todo apunta a que el 'dedazo', que los altos funcionarios atribuyen a los ministerios de Industria y Economía, saldrá adelante.
