El Gobierno y Unidos Podemos chocan en el acuerdo de Vivienda por los índices de precios y el derecho de tanteo
El Gobierno y Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea tienen discrepancias sobre cómo debe plasmarse en la práctica el acuerdo presupuestario que alcanzaron en materia de vivienda. El plan del Gobierno es hacerlo en dos partes: un primer real decreto de medidas urgentes antes de que acabe el año regulará sobre todo la longitud de los alquileres (los contratos pasarán de ser de tres años a cinco o siete si los arrendadores son personas jurídicas) y se limiten las fianzas, entre otras cosas.
En segundo lugar, el año que viene, en una ley de vivienda, introduciría medidas como facultar a los ayuntamientos a establecer índices de subidas máximas de precios de alquiler en zonas “tensionadas” y dotar de derecho de tanteo y retracto a las administraciones públicas en la compra de bloques de viviendas.
Pero la formación morada no se fía, y quiere que estos dos puntos concretos se incluyan ya en el decreto de este año. “Teniendo en cuenta el panorama político actual y la composición de la Cámara, es más que evidente que decir que las cosas quedan 'para el año que viene' significa que el Gobierno está dispuesto a que no se hagan”, advierte la portavoz de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea, Lucía Martín.
La dificultad del Gobierno para encontrar los apoyos necesarios a unos presupuestos que ya estaban pactados con la formación liderada por Pablo Iglesias ha multiplicado las opiniones sobre un posible adelanto electoral. Los partidos catalanes no parecen estar por la labor de permitir su aprobación en el contexto de los problemas judiciales y políticos vinculados al “procès”.
No obstante, Martín no da por perdida la parte del acuerdo vinculada a la eventual aprobación de unas nuevas cuentas para el año próximo, y asegura que aumentar un 38% el presupuesto para vivienda, como contempla el acuerdo, es “absolutamente imprescindible” para que CCAA y ayuntamientos dispongan de recursos para ampliar el casi inexistente parque público, e incrementar las ayudas al pago del alquiler a los pequeños propietarios para que alquilen sus pisos.
En lo que se refiere a índices de precios y derecho de tanteo se muestra tajante: “Las dos cuestiones que el Gobierno querría poder retrasar/incumplir requieren una modificación de la ley de arrendamientos urbanos, del mismo modo que también lo requiere ampliar la duración de los contratos, por ejemplo. Por lo tanto no se explica que estén dispuestos a hacer algunos cambios ahora y otros mas adelante”, alega la diputada.
Por su parte, fuentes de Fomento lamentan esta exigencia de Unidos Podemos y recuerdan que en el pacto se decía expresamente que los índices de precios se plasmarían el año próximo: “El Gobierno garantizará que a lo largo de 2019 desarrollará los proyectos normativos necesarios para el cumplimiento de lo previsto en este apartado”, reza el acuerdo.
El Ministerio de Fomento afirma que técnicamente es casi imposible tener un texto adecuado sobre índices de precios en un breve plazo de tiempo, máxime cuando en países como Francia se han anulado o modificado este tipo de regulaciones por dificultades técnicas o por sentencias de tribunales. En París se estableció en 2015 un precio de referencia anual para el metro cuadrado. El propietario no podía superarlo por encima de un 20% ni bajarlo por debajo de un 30%. Fue anulado por la justicia alegando que se tenía que haber implementado en toda el área metropolitana, no solo en París central.
En España, según el acuerdo presupuestario alcanzado, se habilitará a los Ayuntamientos “para la elaboración de un índice de precios de alquiler de referencia de acuerdo a una metodología objetiva y sujetos a revisión periódica”. El objetivo de los índices es, según el texto firmado por los socios presupuestarios “que los ayuntamientos y/o CCAA que así lo consideren puedan regular y limitar las subidas abusivas”.
“Es evidente (como casi todo el paquete de vivienda) que esta ha sido una de nuestras prioridades que menos le interesa al PSOE que salga adelante (a pesar de haber votado favorablemente a ello por dos veces cuando estaban en la oposición)”, afirma la diputada de En Comú Podem.
El derecho de tanteo y retracto
Respecto al otro asunto que Unidos Podemos quiere dejar ya zanjado en el decreto que se apruebe próximamente, el de tanteo y retracto, está en un estado avanzado de análisis en la Comisión interministerial (un órgano en el que se sientan varios departamentos implicados en las políticas de vivienda, como Fomento y Hacienda), sin que exista por el momento acuerdo definitivo, explica el Gobierno.
Este derecho implica que las administraciones públicas tendrían preferencia sobre los fondos de inversión a la hora de adquirir inmuebles en determinadas circunstancias. Se trata de aumentar el parque de vivienda pública, por un lado, y de evitar la especulación inmobiliaria, por otro.
Lo que dice el pacto es: “Se incluirá la posibilidad de que las Administraciones Públicas competentes ejerzan los derechos de tanteo y retracto cuando la vivienda arrendada se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble y cuando se vendan de forma conjunta por distintos propietarios a un mismo comprador la totalidad de los pisos y locales del inmueble”.
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos ya tienen en la actualidad este derecho en determinados supuestos. El derecho de tanteo y retracto sobre una vivienda define la preeminencia que tiene el arrendatario o una administración para comprar un piso cuando el propietario decide venderlo, si bien el tanteo da dicha preferencia con carácter previo a la compraventa y el de retracto se otorga tras haber cerrado la operación con un tercero.
Lucía Martín recuerda que no se obligaría las a las administraciones a ejercer esta compra, sino que simplemente se les daría una oportunidad preferencial para adquirir edificios que se vendan en bloque, con lo que se evitaría que pasaran a manos de fondos buitre. “Esta medida no tiene absolutamente ningún coste para los presupuestos estatales, se trata de una modificación claramente anti-especulativa”, añade.
“Si el Gobierno intenta bloquear esta modificación deberá explicar por qué lo hace. Sería vergonzoso que el PSOE cediera a los intereses y presiones de los fondos en esto. Sencillamente está en el acuerdo y lo van a tener que cumplir”, zanja la portavoz de En Comú Podem.
