La gran banca internacional financió con 46.500 millones de euros a la petrolera Shell desde el acuerdo de París
![Acción de Greenpeace contra la petrolera Shell.](https://static.eldiario.es/clip/fc3721eb-3451-4864-b7b7-15caa577c8de_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Durante los últimos años está calando entre las autoridades, los reguladores y los supervisores del sector financiero que tan importante es conocer qué empresas son las que más contaminan como tener el detalle de qué entidades son las que las financian. La pasada semana, la petrolera holandesa Royal Dutch Shell fue condenada en Países Bajos a reducir la mitad sus emisiones al considerarla responsable del cambio climático, en lo que fue considerado un veredicto histórico. Esta compañía, pese a la presión para reconducir su modelo, ha recibido 56.800 millones de dólares (unos 46.500 millones de euros) desde que se firmara el Acuerdo de París para reducir las emisiones contaminantes.
Uno de los problemas que tiene el sector financiero, tal y como han denunciado distintos organismos, es la falta de transparencia sobre su exposición a los sectores más contaminantes. Por ello, hay que acudir a estudios independientes que realizan estimaciones en base a la información pública accesible. Uno de ellos, de referencia en el sector, es 'Banking on Climate Chaos', realizado por decenas de organizaciones medioambientales europeas lideradas por Rainforest Action Network o Banktrack, del que se extrae esta cifra de financiación a la petrolera condenada.
Se trata de una de las compañías que ha captado mayor financiación durante los últimos cinco años, entre 2016 y 2020 por parte de los bancos, junto con BP o Saudi Aramco, entre otras.. Tal y como explican los propios responsables del informe, para cuantificar el volumen de dinero prestado por los bancos a las empresas más contaminantes, con actividades como la minería o la energía con combustibles fósiles, se incluye no solo los préstamos que ofrecen las entidades de forma directa sino los seguros que firman las mismas con estas empresas cuando se realiza una emisión de bonos o de deuda.
En el periodo entre la firma del Acuerdo de París y el cierre del pasado ejercicio, una veintena de bancos han acudido a dotar de la financiación necesaria a la compañía petrolera. El gigante francés de las finanzas BNP Paribas es el primer financiador de Shell. Entre 2016 y 2020 ha concedido financiación por 7.300 millones de dólares (5.970 millones de euros). La estadounidense Morgan Stanley y la británica Barclays cierran la terna de principales financiadores en este periodo, con 5.300 y 4.700 millones de euros, respectivamente.
En la cuarta posición de las entidades que mayor financiación dotaron a la petrolera figura una española: Banco Santander. El grupo que preside Ana Botín aparece en la lista con una aportación de 5.400 millones de dólares (unos 4.400 millones de euros) entre 2016 y 2020. El grueso de este importe se debe a 4.900 millones de dólares aportados, según el informe, durante el pasado ejercicio. Consultadas por esta situación, en la entidad matizan el dato, señalando que corresponde al conjunto de una operación de seguro de una emisión de Shell en la que participaron distintas entidades pero se atribuye el total a Santander, que estima en 600 millones su participación real en el proceso.
El resto de la financiación obtenida por Shell llegó principalmente de entidades estadounidenses como JPMorgan, Goldman Sachs, Citi o Wells Fargo. Deutsche Bank, la canadiense RBC o la suiza UBS son otras de las financieras que han apoyado a la petrolera condenada desde que se firmara el Acuerdo de París. Solo entre abril y septiembre del año pasado, en plena pandemia de coronavirus, Shell emitió bonos por más de 11.200 millones de euros, según figura en la propia web corporativa de la compañía petrolífera.
Por tanto, prácticamente toda la gran banca internacional ha participado en mayor o menor medida en la financiación de Royal Dutch Shell, pese a ser conocida desde mucho tiempo antes de la sentencia emitida la semana pasada por su participación en sectores que no casan con los compromisos del Acuerdo de París. A ello habría que sumar los intereses de los fondos de inversión, algunos de ellos con posiciones públicas en favor de reducir la presencia en los sectores más contaminantes. Las dos mayores gestoras del mundo, Blackrock y Vanguard, aparecen entre los accionistas destacados de la petrolera. La compañía tiene una valoración en Bolsa que ronda los 118.000 millones de euros.
Shell se convirtió en protagonista de un hito en la lucha contra el cambio climático, al ser condenada a reducir un 45% sus emisiones de CO2 durante la próxima década. Un tribunal de La Haya (Países Bajos) consideró a la empresa responsable del cambio climático en una sentencia histórica tras una denuncia de la organización ecologista Amigos de la Tierra presentada en 2019. El veredicto expresó que existe una “amenaza de violación de los derechos humanos” en cuanto al derecho a la vida y a una vida familiar sin molestia y señaló que la corporación tiene que cumplir con lo establecido en el fallo “inmediatamente” porque su política climática “no es lo suficientemente concreta”.
La petrolera fue requerida ante este tribunal después de que la ONG y otros 17.000 co-demandantes, consideraran que el modelo de negocio de esta corporación suponía “una seria amenaza a los objetivos del Acuerdo de París contra el cambio climático”. Llegaban a cuantificar que la petrolera era responsable del 1,8% de todo el CO2 emitido por la humanidad a la atomósfera. El fallo de este tribunal holandés abre la puerta a otras causas climáticas que hay en curso en otros países.
El grupo holandés arranca la etapa tras la sentencia con una gran dependencia todavía de los productos petrolíferos. De los 180.000 millones de dólares que facturó durante el pasado ejercicio, según las cuentas de la compañía, este segmento sigue suponiendo el 71% de los ingresos.
3,8 billones de financiación en cinco años
La sentencia de Shell es una advertencia más hacia el sector que más contribuye a la contaminación y al cambio climático y no solo afecta a las compañías que en él operan sino también a sus financiadores. El citado informe sobre la relación de la banca con los sectores que más afectan a la crisis climática mostraba que desde que se firmara el Acuerdo de París señala que las principales 60 entidades de todo el mundo (incluidas BBVA y Santander) destinaron 3,8 billones de euros a financiar a las empresas más contaminantes. Solo el coronavirus ha logrado poner un freno durante 2020 a esta financiación, si bien sigue a unos niveles muy superiores a los que había en 2016.
Según este informe, BBVA ha financiado desde la cumbre de París con 22.351 millones de dólares a empresas dedicadas a proyectos de carbón, gas o petróleo. Sus principales clientes han sido Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad (México) o la estadounidense Sempra Energy. Por su parte, Santander habría destinado 34.000 millones de dólares a financiar estos sectores, con Petroleo Brasileiro, Petróleos Mexicanos o BP entre sus principales clientes, además de la ya citada Royal Dutch Shell.
Organismos como el BCE o la Autoridad Bancaria Europea (EBA) han urgido en los últimos meses a los bancos a aclarar cuáles son sus exposiciones a estos sectores y el peso que tienen sobre el total de su balance. Con ello, los bancos europeos se someterán el próximo año a un examen de resistencia, conocidos como test de estrés, centrado en los riesgos climáticos de su negocio. Además, el supervisor, presidido por el español José Manuel Campa, pretende establecer la obligación de que los bancos informen del peso de los activos sostenibles en su balance, con un esquema apodado ratio de activos verdes (GAR, en sus siglas en inglés).
En este contexto, las entidades han comenzado a moverse para reducir su actividad en los sectores vinculados al carbón y los combustibles fósiles. Tanto Santander como BBVA han anunciado durante los primeros meses de este año sendos planes con el objetivo de acabar siendo neutros en carbono en su actividad para el año 2050, con distintos hitos previos como dejar de financiar la creación de nuevas exploraciones o a los sectores que dependan de manera significativa de actividades con altas emisiones.
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