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Qué hay tras el bloqueo patronal a la subida de salarios y otras negociaciones

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en unas jornadas.

Laura Olías

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Tras numerosos pactos del diálogo social, desde hace meses no hay ninguno. No solo eso, el clima se ha enrarecido con el bloqueo de los empresarios a un pacto salarial para hacer frente a los precios disparados, lo que ha llevado a los sindicatos a la calle. Tampoco se cierran ni avanzan con normalidad otras negociaciones, como la del Estatuto del Becario, que se lleva retrasando desde verano. Y, en general, el tono ha cambiado. Si antes el diálogo tripartito entre el Gobierno y los agentes sociales era puesto como ejemplo del respeto y la capacidad de consenso entre posturas e intereses diferentes, ahora suma reproches de unos contra otros. Detrás de este viraje, se dibujan varias elecciones en el horizonte.

Las más próximas, y ahora más determinantes, son las que elegirán a la cúpula de la principal organización de empresarios del país, la CEOE. Se celerabrán el próximo 23 de noviembre y han elevado la presión sobre su presidente, Antonio Garamendi, que se presenta a la reelección.

Aunque la candidatura de Garamendi es la única formalizada por el momento, su liderazgo está en juego. Hay otra posible candidatura, la del presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, que ha afirmado que se plantea “seriamente” dar el paso para disputar la dirección de la CEOE al actual presidente. Tiene hasta el próximo 8 de noviembre para hacerlo.

Además, hay muchos rumores sobre una posible candidatura de última hora de Gerardo Cuerva, el líder de la patronal de pequeñas empresas (Cepyme), aunque desde la organización se ha dado un apoyo expreso a Garamendi y niegan que Cuerva vaya a presentarse, insisten en Cepyme a elDiario.es.

Todo este ruido, más allá de que finalmente se materialice en contrincantes formales frente a Antonio Garamendi, da cuenta del clima en la CEOE y de las resistencias que afronta el actual presidente entre ciertas patronales. Algunas de gran importancia, como la catalana, Foment del Treball, que dirige Josep Sánchez Llibre y que es la única que no ha dado su apoyo al vasco.

Hasta la reelección, no se acuerda “nada”

“Ahora no se puede cerrar nada”, dicen distintas fuentes del diálogo social desde el regreso del verano. Ni el demandado acuerdo estatal sobre salarios, ni un pacto de rentas más general, ni el Estatuto del Becario, ni avances significativos en pensiones. “Nada” hasta la confirmación del liderazgo de Garamendi, dan por hecho varios negociadores.

Este bloqueo patronal que padecen las distintas negociaciones se explica por el rechazo de parte de las organizaciones empresariales a los acuerdos suscritos por la CEOE con el Gobierno progresista. Su expresión más evidente fue la oposición de cuatro patronales al acuerdo de la reforma laboral: la catalana Foment, la madrileña CEIM, la de automóviles Anfac y la agraria Asaja. Reforma laboral que suscribió también Cepyme, pero de la que su líder prácticamente se desmarcó en una entrevista en El Mundo que escoció mucho a la dirección de CEOE.

Aunque Antonio Garamendi niega que las voces críticas le estén condicionando, ni reconoce las críticas por alcanzar acuerdos, ambos factores quedan en evidencia en la defensa de su gestión en sus últimas intervenciones, que se centran a menudo en justificar estos pactos. Así lo hizo en su comparecencia en el Club Siglo XXI, este lunes. “De blando nada”, dijo sobre su actitud en la reforma laboral. El empresario vasco justificó la necesidad de negociar y pactar para rebajar las pretensiones del Ejecutivo de coalición, como el mayor castigo al abuso de la temporalidad y más restricciones a la subcontratación.

Una política, la de evitar el mal mayor, que ha marcado la gestión de Antonio Garamendi con el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos incluso en sus primeros días y cuando nadie lo esperaba, con el acuerdo para subir el salario mínimo a 950 euros. “Nos preocupaba mucho más la cantidad de 1.000 euros”, alegó la patronal en ese momento.

Ahora, sin embargo, se ha cortado el grifo a los acuerdos e incluso a las negociaciones que puedan debilitar a Garamendi en su cita electoral. El Estatuto del Becario, por ejemplo, también se ha rebajado desde las pretensiones iniciales del Gobierno y los sindicatos, pero los empresarios siguen anclados en el 'no' a una norma de la que no obtienen mucho rédito.

También hay política: las otras elecciones

Aunque el 23 de noviembre no es la única cita que marca el compás del diálogo social. Las elecciones políticas de 2023, las autonómicas y locales de mayo y –en principio– las generales de diciembre, también se dejan sentir en la relación de los agentes sociales.

El líder de los empresarios ha endurecido su tono respecto al Gobierno, con constantes críticas a su gestión y, en especial, contra la vicepresidenta Yolanda Díaz por varias de sus propuestas y declaraciones. Mientras, Antonio Garamendi ha aumentado sus alabanzas al líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que esta semana ha defendido por ser “un tío muy responsable, muy serio y muy capaz”.

Pero no solo Garamendi ha cambiado el tono. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recuperado un discurso más duro sobre las grandes empresas en los últimos meses, con críticas a la banca y a las energéticas por su rechazo a los impuestos sobre los “beneficios extraordinarios” en la crisis inflacionista. También Yolanda Díaz ha elevado el tono contra la patronal, a la que ha acusado de “bloquear la salida de la crisis”, cuando durante su mandato ha primado la discreción, incluso en momentos de importantes diferencias con los empresarios.

Cuando pasen los comicios en la patronal se verá si el 'no' a todo (o casi todo) de los empresarios se mantiene en lo que queda de legislatura, o si por el contrario la CEOE recupera la estrategia del 'mal menor' que ha abanderado Garamendi. La subida del salario mínimo (SMI) para 2023 se da casi por hecho que se aprobará sin el aval de los empresarios, pero en el horizonte hay todavía importantes reformas que el Gobierno querría sacar adelante con consenso social. En especial, la última fase de la reforma de las pensiones, que debe cerrarse antes de final de año.

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