El idilio entre Applus y los grandes fondos de inversión: más de 15 años lanzándose a por el gigante español de las ITV

El idilio entre grandes fondos de inversión y la española Applus suma y sigue. La multinacional de certificación industrial e inspección de vehículos tiene ya dos ofertas públicas de adquisición (opas) sobre la mesa, presentadas por sendos fondos, que el mercado espera que sean mejoradas.

Es el penúltimo capítulo del interés de estos inversores por uno de los gigantes de las ITV en España, donde ha crecido en los últimos años a base de compras. La última, una empresa administrada por un empresario de la noche que hace años fue concejal del PP.

El pasado jueves se confirmó la esperada contraopa sobre Applus del fondo Amber, a través de sus fondos ISQ y TDR. La firma del inversor francés de origen armenio Joseph Oughourlian, presidente del Grupo Prisa, del que es máximo accionista, y que tiene también casi un 10% de Indra, ha mejorado la oferta presentada por Applus en junio por otro fondo, el estadounidense Apollo.

La propuesta de Amber asciende a 9,75 euros por cada acción del grupo de certificación. Esto valora el 100% de la compañía en 1.258 millones, con una ligera mejora sobre el precio del cierre del miércoles.

Esta mejora, a ojos del mercado, es insuficiente y no se descarta que un tercer fondo, Apax Partners, se lance también por Applus, cuyos títulos se han movido en los últimos días cerca de los 10 euros por título, un nivel que perdieron tras el batacazo bursátil generalizado del inicio de la crisis del coronavirus y hasta ahora no han recuperado.

De manera preliminar, el consejo de administración de Applus dio el pasado viernes una “opinión positiva” sobre la contraopa “no solicitada” de Amber, pues ofrece a los accionistas la posibilidad de monetizar su inversión con una prima sobre el precio de cotización de las acciones y a un precio más elevado que el de la oferta inicial. 

Oferta de Apollo

Amber compite con la opa por el 100% de Applus que lanzó Apollo a finales del pasado mes de junio. En este caso, ofrece 9,5 euros por acción en efectivo, lo que valora la compañía en 1.226,2 millones, con una prima del 36,8% respecto a la cotización de la empresa en el año previo a la presentación de la oferta.

Esa primera opa se presentó tras especularse en junio con otra oferta de otro fondo, I Squared, que se cifró también en torno a 9,5 euros. Antes, llegó una manifestación de interés de otro fondo, Brookfield, cuya propuesta se cifró entonces en unos 10 euros por acción, más de lo que ahora ofrecen Apollo y Amber.

Son precios en cualquier caso muy lejos todavía de los más de 17 euros en los que llegó a cotizar la acción de Applus en 2014, cuando el primer fondo que entró en su capital, el estadounidense Carlyle, la sacó a Bolsa. Casi una década de trayectoria bursátil a la que este proceso de opas probablemente pondrá fin. Los dos oferentes han puesto como requisito para sus ofertas alcanzar al menos el 75% del capital. Esto facilitaría luego la exclusión de Bolsa de la compañía.

Applus fue fundada en 1996 por el grupo Aguas de Barcelona, hoy propiedad de la francesa Veolia. En 2004 se fusionó con la división de calidad y medio ambiente de Soluziona, antigua filial de consultoría de lo que entonces era Unión Fenosa (hoy integrada en Naturgy) que, con esa operación, se convirtió en accionista de Applus.

En 2006 la compañía estuvo a punto de ser adquirida por otro fondo británico, Candover, por unos 1.000 millones, pero el acuerdo se abortó in extremis. La venta la negoció quien fue primer consejero delegado de Applus desde 1996 a 2006, Sergio Pastor que a la postre, en 2018, acabó condenado en el caso de las ITV junto a Oleguer Pujol, hijo de Jordi Pujol.

Un año después de naufragar la compra de Candover, Applus fue adquirida en 2007 por Carlyle a cambio de 1.480 millones, mucho más de lo que ahora ofrecen Amber o Apollo a sus entonces dueños, Agbar (53,1%), Unión Fenosa (25%) y lo que entonces era Caja Madrid (21,9%).

Esa firma de capital riesgo estadounidense recurrió a una de las mayores operaciones de compra apalancada o leveraged buy out (LBO) de la época: financiar una parte del precio de adquisición endeudando a la compañía. Carlyle se impuso a otro fondo, el francés Eurazeo, que se había aliado con empresarios locales como la familia Miarnau (Comsa), Sol Daurella (hoy presidenta de la embotelladora europea de Coca-Cola) o José Antonio Castro (Hoteles Hesperia) para intentar hacerse con la empresa. 

Siete años después, llegó la hora de hacer caja para Carlyle, con la salida a Bolsa de Applus en mayo de 2014 mediante una oferta dirigida solo a inversores institucionales para colocar el 58,3% del capital de la compañía a un precio de 14,5 por acción, lo que valoraba el 100% en unos 2.000 millones. 

Carlyle abandonó Applus definitivamente dos años después, al vender el 14% que le quedaba. Desde entonces, diferentes fondos y gestoras han desfilado por su capital, siempre muy fragmentado y sin un socio industrial relevante. Desde 2016, su mayor accionista ha sido casi siempre el fondo Southeastern, que a cierre de ese año llegó a controlar más de un 15%. Posteriormente rebajó ese paquete hasta el entorno del 5%.

Hoy Applus es uno de los líderes mundiales en el sector de la inspección, los ensayos y la certificación. Con más de 25.000 empleados y presencia en más de 65 países en todos los continentes, solo entre enero y junio de este año, la compañía facturó unos 1.000 millones y registró un beneficio de 53,3 millones. 

730 millones de deuda

Con una deuda financiera neta de 730 millones a junio (un 9% más que en diciembre), alrededor del 52% de la cifra de negocios de Applus procede de la pata de energía e industria, de la que cuelgan unos 16.000 empleados; el 20% de los ingresos viene de la división de automóvil; y el 16%, del recinto de pruebas para automoción Idiada, cuya concesión está a punto de expirar, lo que obligará a la Generalitat de Catalunya a sacar un nuevo concurso. El resto de la facturación procede de otros tipos de laboratorios.

Muy vinculada tradicionalmente a Catalunya, Applus fue una de las compañías que en 2017, en pleno auge independentista, sacó su sede de Barcelona para trasladarla a Madrid. Quizá la pata más conocida de su negocio son las ITVs. Estas oficinas de inspección de vehículos le proporcionan unos 460 millones de ingresos anuales a escala global. De ella dependen unos 5.000 empleados.

Esta división de negocio tiene presencia en 11 países, tras las recientes ventas de las filiales en Estados Unidos y Finlandia. En 2022 realizó más de 15 millones de inspecciones de vehículos en España, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Andorra, México, Argentina, Georgia, Chile, Ecuador y Uruguay, explica la compañía en su web.

En España, esta actividad depende de las comunidades autónomas, que son las que deciden el modelo de gestión. Pueden prestarlo de manera directa, como Andalucía (mediante la sociedad autonómica Veiasa) o Valencia, donde pasó a manos públicas en la anterior legislatura, aunque ahora el gobierno de PP y Vox se plantea volver a privatizarlo, o encomendárselo a empresas privadas.

Y aquí Applus tiene un peso muy relevante. Un estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicado hace casi una década le colocaba entre los primeros operadores en España, junto a otras como Itevelesa o TÜV Rheinland.

Entonces (datos de 2013), Applus contaba con medio centenar de estaciones en siete comunidades autónomas españolas, la mitad de ellas en Catalunya, según la CNMC, que señalaba a Madrid como la región con más libertad para esta actividad (las tarifas no se fija y poner una ITV solo requiere una autorización administrativa).

Applus ha ido ampliando esa presencia en España posteriormente con la compra, en 2017, de la concesionaria de las ITV gallegas (cuya licencia fue extendida en 2022 hasta 2027) por 89 millones, o la adquisición, en 2020, de ITV Canarias.

La última compra de esta rama de actividad fue la adquisición en 2022, por 14,2 millones, de Entidad IDV Madrid, una empresa con tres estaciones de ITV ubicadas en Majadahonda y en los barrios madrileños de Vicálvaro y Fuencarral.

Creada en 2010 en Tomelloso (Ciudad Real), Entidad IDV Madrid, que antes de ser adquirida por Applus facturaba unos 5 millones anuales, tenía como administrador y accionista a Dionisio Lara, un hostelero que en los 90 fue concejal de Promoción Económica con el PP en esa localidad, y que preside la patronal madrileña de empresarios de la noche, Noche Madrid. “Ningún político se ha jugado su prestigio por la hostelería como se lo ha jugado usted”, le dijo a Isabel Díaz Ayuso al entregarle un premio en enero de 2022 por su gestión de la pandemia.

Esa transacción permitió a Applus alcanzar “nueve estaciones de ITV en Madrid, que refuerzan su posición como la compañía que realiza mayor número de inspecciones en España y en la región”, según afirmó la empresa cuando la anunció en abril de 2022. El importe de la operación, que no se hizo público, está recogido en las últimas cuentas de la filial que canaliza el negocio de las ITV de Applus en España, Applus Iteuve Technology.

De acuerdo con esas cuentas, disponibles a través de Insight View, esta filial cerró 2022 con más de 1.000 empleados y un beneficio de 29 millones, tras facturar unos 105 millones, más de la mitad, en Catalunya.