El ingreso mínimo vital inicia una fase clave con el despliegue de “itinerarios” para sacar a los hogares de la pobreza

El ingreso mínimo vital (IMV) afronta una fase fundamental en su desarrollo. El Gobierno ya explicó que la renta mínima estatal aprobada en mayo de 2020, en los primeros meses de la pandemia, no tenía vocación de ser solo una prestación que ayudara a los hogares en pobreza aguda. También se pretendía que contara con una segunda pata, los llamados itinerarios de inclusión, que sirvieran como “palancas” para que sus beneficiarios salieran de su situación vulnerable. Abordando sus problemas específicos: ya fueran la falta de trabajo, problemas con el cuidado o el refuerzo educativo de los hijos, etc. El Ejecutivo ha aprobado este martes el despliegue de esta fase, con 16 proyectos piloto.

La meta es desplegar estos 16 proyectos en lo que queda de año y que alcancen a “uno de cada cuatro beneficiarios del ingreso mínimo vital”, sostienen en el Ministerio de Inclusión. Esto supone unas 200.000 personas, ya que según los últimos datos oficiales la renta mínima estatal alcanza a unos 350.000 hogares en los que viven unas 800.000 personas.

¿Quiénes se beneficiarán de estos primeros itinerarios? “Colectivos donde el IMV tiene una presencia particular, como las familias monoparentales, los menores en situación de pobreza, las personas sin hogar, personas de etnia gitana, etc”, precisa el ministerio que dirige José Luis Escrivá. En todos estos grupos España presenta datos muy elevados de pobreza, ya altos para la población general, por lo que se ha decidido iniciar estas palancas de inclusión con ellos.

De la educación a la conciliación

Habitualmente se piensa en el empleo como principal mecanismo de inclusión social. Lo es, pero además los itinerarios del ingreso mínimo vital pretenden tener un enfoque trasversal, incidiendo también en otras facetas de la vida de los beneficiarios del IMV que promueven su exclusión de la sociedad o que les dificultan acceder a mejores condiciones de vida.

El ministro Escrivá explicó, a modo de ejemplo, la situación de una mujer que encabeza una familia monoparental (que cría sola a sus hijos) y que puede acceder a empleos con su currículum, pero su problema para estar empleada pasa por la conciliación. No trabaja todo lo que podría o gustaría porque no tiene con quién dejar a sus hijos. La intención del Gobierno es que los itinerarios puedan adaptarse a la situación de cada hogar y que les facilite herramientas de inclusión allí donde se necesiten.

Entre las materias que abordarán los proyectos pilotos que se iniciarán en la recta final del año figuran “la educación, la despoblación, la vivienda, la conciliación o la digitalización”, recoge el Ministerio de Inclusión en una nota, que destaca que “tendrán un enfoque integral, al entender la inclusión como un aspecto a abordar en varias dimensiones”.

De los 16 convenios, nueve serán desarrollados junto a Comunidades Autónomas: Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana, y la ciudad autónoma de Ceuta. Estos proyectos sumarán un importe conjunto de 68 millones de euros. Otros dos proyectos se realizarán junto con los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, por un importe de 20 millones, y los cinco restantes se firmarán con entidades del tercer sector: Fundación Secretariado Gitano, Hogar Sí, Save the Children, Plena Inclusión y Cáritas, por un importe de 24 millones.

En total, los programas suman 112 millones, de los que 109 millones saldrán del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Evaluación para encontrar “buenas experiencias”

España se ha comprometido con Bruselas a presentar “18 buenas experiencias” en proyectos de inclusión para el “primer trimestre de 2024”, explicó esta semana en el Congreso de los Diputados la secretaria general de Objetivos y Política de Inclusión y Previsión Social, Milagros Paniagua. Para ello, el Ministerio tiene prevista la evaluación de estos primeros pilotos y de los que se van a poner en marcha en los próximos años, con el objetivo de conocer cuáles ofrecen mejores resultados.

Ya en esta primera fase “se han impulsado los proyectos más avanzados”, destaca el Ministerio, “que contaban con una arquitectura sólida, tanto en infraestructuras como en recursos humanos”. “En los próximos meses se pondrán en marcha otros convenios con otras administraciones y entidades sociales que contribuyan positivamente al desarrollo de las políticas de inclusión fundamentadas en evidencias”, prosiguen en Inclusión.

Para la evaluación, el Ministerio colaborará con dos entidades “dedicadas al conocimiento de la metodología de ensayos de control aleatorio vinculada a la reducción de la pobreza y a la desigualdad”. Se trata de J-Pal y Cemfi.

Hace unas semanas, Escrivá anunció junto a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, varios cambios relevantes en el IMV con el objetivo de duplicar los actuales beneficiarios. Algunas medidas se aprobarán en la tramitación parlamentaria de la Ley del IMV en el Congreso y otras, como un convenio con varias ONG para que puedan acreditar situaciones de vulnerabilidad, están pendientes de la luz verde del Consejo de Ministros.