El ingreso mínimo vital llega a 380.000 hogares dos años después con el reto de doblar sus beneficiarios

El ingreso mínimo vital (IMV) ha cumplido dos años este verano. La renta mínima estatal era una demanda internacional y también de los colectivos contra la pobreza, un problema social que sitúa a España –a pesar de ser la cuarta economía del euro– entre los primeros puestos de la UE. En julio, la ayuda llegó a 380.000 hogares y alrededor de un millón de personas quedaron cubiertas por la ayuda, con una cuantía media de 528,50 euros por hogar al mes, según los datos a los que ha accedido elDiario.es a través de una solicitud de información en el Portal de Transparencia. Las metas marcadas por el Gobierno de coalición, 850.000 hogares y 2,3 millones de personas beneficiarias, quedan todavía lejos. Un largo camino por delante en el que las organizaciones sociales demandan al Ejecutivo más cambios que faciliten el acceso a la prestación a quienes la necesitan.

Los datos de hogares y personas beneficiarias del IMV, según la respuesta de la Unidad de Transparencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), reflejan que la prestación llegó en la nómina de julio a 380.027 hogares (un 2% del total) en los que viven al menos 1.017.086 personas, según el análisis de datos de este medio. El siguiente gráfico muestra las prestaciones abonadas por tipos de hogar.

Las cifras de beneficiarios son inferiores a las que ha difundido el Ministerio de la Seguridad Social, dirigido por José Luis Escrivá. En sus declaraciones y comunicados recogen que el IMV alcanza ya a 500.000 hogares y 1,2 millones de personas. Sin embargo, en el Ministerio aclaran que las cifras que facilita son “acumuladas”. Es decir, de quiénes han recibido la ayuda en sus dos años de vigencia, no las personas que la están cobrando en la actualidad. Una puntualización que no se había explicado hasta la fecha.

Desde la Seguridad Social argumentan que lo idóneo es informar sobre el dato acumulado porque el IMV no es un objetivo en sí mismo, sino que la aspiración es que la renta mínima llegue a personas que lo necesitan y que estas abandonen la ayuda cuando mejoran su situación.

La consulta de datos realizada por elDiario.es muestra que Andalucía es la comunidad con más hogares beneficiarios del IMV en estos momentos, con casi 117.000 prestaciones en vigor. Le siguen en números absolutos la Comunidad Valenciana (47.400) y Madrid (37.786). En el siguiente mapa se ilustra cuántos hogares perciben la renta mínima sobre el total de cada región, con más cobertura de la ayuda en el sur peninsular.

Respecto a las cuantías, las cifras de Transparencia sitúan el IMV medio en 528,50 euros al mes por familia en estos momentos, teniendo en cuenta el 15% de aumento vigente por la guerra en Ucrania y los complementos de ayuda a la infancia (de 50 a 100 euros al mes por niño). Según la edad de los titulares de la prestación, los hogares más jóvenes son los más apoyados por la ayuda.

Por regiones, las cuantías medias muestran prestaciones más elevadas en el norte que en el sur, como ilustra el siguiente mapa.

Hay que recordar que el IMV establece un suelo mínimo de ingresos garantizados según cada tipo de hogar y abona a los beneficiarios una prestación hasta alcanzar esos umbrales. Por ejemplo, si la renta garantizada es de 917 euros al mes para una familia de un adulto y un hijo de 14 años, el IMV alcanzará esa cantidad si la familia tiene cero ingresos y será de 300 euros si su renta fuera de 617 euros al mes.

Dos años de luces y sombras

La celebración del segundo aniversario del IMV está rodeada de luces, pero también de algunas sombras. “La implantación del ingreso mínimo vital la valoramos con carácter general como positiva. Pero también como frustrante y con mucho margen de mejora”, resume Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) y EAPN Europa.

Su aprobación por parte del Gobierno de coalición supuso un paso inédito e histórico en la lucha contra la pobreza. España no contaba con un suelo mínimo de ingresos uniforme a nivel estatal, no había una apuesta de país para apoyar a los hogares en riesgo de pobreza –uno de cada cinco– más allá de lo que hiciera cada comunidad autónoma. Esto daba lugar a grandes diferencias territoriales y a recortes en las rentas mínimas regionales en momentos de crisis según decidiera el Gobierno de turno de cada región.

“El IMV puso en marcha algo que veníamos reclamando desde hacía muchos años, también la UE, y es una manera de reconocer un derecho subjetivo para la ciudadanía. Un paso en favor de la justicia social, pero también contribuye al desarrollo económico”, subraya Carlos Susías. Por ello, las entidades sociales celebraron el paso del Ejecutivo al crear el IMV en 2020, acelerado además por la emergencia de la pandemia, que hizo visible en las llamadas “colas del hambre” la gran precariedad que atraviesan muchos hogares en el país.

Las ONG ponen en valor la propia prestación, que ya ha superado a los alrededor de 300.000 hogares que recibían rentas mínimas en España antes del ingreso mínimo vital y que en muchos casos ha supuesto un aumento de las cuantías que daban las comunidades a las familias. En concreto, el IMV ha tenido una especial apuesta por las familias con hijos y las monoparentales (un adulto, generalmente una mujer, con hijos a cargo), que reciben más recursos.

Sin embargo, la historia del IMV también acumula varios peros. El principal pasa por su distancia con los objetivos iniciales marcados y anunciados por el Gobierno: las 850.000 familias y 2,3 millones de personas. Estos generaron una gran expectativa en las ONG y los colectivos vulnerables en un país con una elevada pobreza (21,7%, según los últimos datos) y, por tanto, con muchos hogares en situación de vulnerabilidad. Esta es la cara “frustrante” del IMV, indica Carlos Susías, que en opinión de las ONG tiene mucho que ver con las “trabas burocráticas” para acceder a la ayuda.

“Parece que prefieren evitar que cobre la ayuda una persona sin derecho a ella aunque eso suponga dejar a otras 100 fuera que sí tienen derecho”, critica el responsable de la EAPN. Carlos Susías apuesta por facilitar el acceso a la prestación en varios de sus requisitos, como los criterios que definen un hogar (las unidades de convivencia) y aquellos que afectan a población en situación irregular, “que es una realidad que tenemos ahí y hay que afrontar”, entre otros.

Ante las quejas por los escasos beneficiarios, la Seguridad Social argumenta que los objetivos marcados no eran anuales, sino para el despliegue completo de la prestación. El Ministerio de Escrivá considera que “tener a día de hoy un ingreso mínimo vital que ha beneficiado a 500.000 familias en los últimos dos años solo se puede valorar de forma positiva” y recuerda que “las circunstancias hicieron que se desplegara en un tiempo récord para que llegara cuanto antes a las personas que más lo necesitaban”.

“El IMV es una prestación compleja, en la que está previsto un tiempo de despliegue hasta llegar a su máxima extensión (por ejemplo, la pensión no contributiva de jubilación tardó 12 años en llegar a su estimación inicial)”, añaden en el Ministerio.

No obstante, hay varias muestras de que la ayuda está llegando a menos hogares de lo esperado por el Ejecutivo. Por ejemplo, el dinero presupuestado para la medida, que el año pasado dejó un tercio sin ejecutar, unos mil millones de euros en 2021.

En la primera mitad de 2022, se ha ejecutado el 40% del dinero presupuestado para el IMV, lo que supone una mejora respecto a 2021, pero hay que tener en cuenta que las cuantías se han incrementado casi todo el año un 15% de manera imprevista, fruto del paquete de medidas ante la guerra en Ucrania.

Cubre a uno de cada cinco hogares en pobreza severa

La cobertura de la ayuda, cuánta población en riesgo de pobreza recibe el IMV, es otra de las preocupaciones de las ONG. La renta garantizada por el ingreso mínimo vital se ciñe a situaciones de pobreza severa, con umbrales de acceso según el tipo de hogar que rondan el 40% de la renta mediana en España. “Nos gustaría que cubriera a toda la población en pobreza, con ingresos inferiores al 60% de la mediana, pero si está enfocado a la pobreza severa, debería llegar al menos a toda esta población”, exige Carlos Susías. Una situación que, a día de hoy, está lejos de alcanzarse.

Según los datos de Transparencia hasta julio analizados por este medio, el ingreso mínimo vital está cubriendo aproximadamente a uno de cada cinco hogares en pobreza severa en España, alrededor del 20% del total en esta situación. El siguiente gráfico muestra la cobertura por comunidades autónomas, según sus diferentes tasas de pobreza severa.

Cuando se observa la correlación entre los datos de pobreza y los hogares cubiertos por el IMV se observa que, en general, hay más beneficiarios en aquellas regiones con peores datos de pobreza severa. Con algunas excepciones, entre las que destaca Canarias, como queda reflejado con claridad en este gráfico. Pese a sus altos datos de pobreza, las islas tienen un nivel de cobertura inferior a otras regiones.

El Ministerio de la Seguridad Social subraya que el ingreso mínimo multiplica “hasta por seis el número de perceptores que tenía la renta mínima autonómica antes de aprobarse el IMV” y, en el caso de Canarias, indican que “más de 25.000 familias se benefician del IMV actualmente, tres veces más que la cobertura de su renta mínima”. 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó recientemente su primer análisis sobre el ingreso mínimo vital, con datos hasta diciembre de 2021, en el que apuntaba que había llegado solo al 40% de sus potenciales beneficiarios. El organismo calcula que el IMV, si estuviera plenamente implementado, alcanzaría los 700.000 hogares (sin Euskadi y Navarra) y conseguiría cubrir aproximadamente al 52% de los hogares en riesgo de pobreza severa.

Desde las ONG reclaman al Gobierno más mejoras para que el IMV llegue a toda la población a la que va dirigido, lo que pasa por atraer a muchas personas con derecho a la prestación que no la piden. En muchos casos, porque ni siquiera la conocen. En otros, por sus dificultades para solicitarla. Según la AIReF, hay 400.000 hogares que podrían percibir el IMV y no lo han solicitado, un fenómeno conocido como non take-up. El ministro Escrivá ya ha anunciado acuerdos con varias organizaciones sociales para acercarse a la población vulnerable y también un futuro envío de mensajes a personas que la Seguridad Social cree que tienen derecho a la prestación.

Los colectivos sociales advierten de que, además, hay que facilitar el acceso para pedir la prestación y ponen como ejemplo la ayuda por hijo entre 50 y 100 euros creada como complemento al IMV. Aunque puede llegar a familias con hasta tres veces más renta que los límites del ingreso mínimo vital, aún no despega entre estos hogares. “Debería ser mucho más sencillo pedirla, pero no lo es”, lamenta Carlos Susías. Según el Ministerio, las ayudas por hijo actualmente llegan a “256.000 familias”. Del total, solo “43.000 hogares no son perceptores del IMV”.

En la EAPN añaden como fundamental un refuerzo del personal de la Seguridad Social y que se abran las oficinas para ayudar a hacer las solicitudes a los hogares necesitados. “No puede ser todo online y menos con las familias con más dificultades”, advierte Susías.

Además, las ONG especializadas en pobreza han hecho varios llamamientos a las comunidades autónomas para que no aprovechen el despliegue del IMV para reducir su inversión en rentas mínimas. Madrid lidera las siete comunidades que hiceron esto mismo en 2020, el año de la pandemia. “Las CCAA, que son muy celosas con sus competencias, deberían poner dinero para cumplirlas”, destaca el presidente de la EAPN.