Qué es la Ley de la Cadena Alimentaria y cómo afecta a granjeros, supermercados y consumidores

Tras meses de tramitación y cambios, la Cámara Baja ha dado este jueves el visto bueno definitivo a la Ley de la Cadena Alimentaria. Una regulación que está sobre la mesa desde hace casi una década y que busca unas relaciones más sanas entre quienes intervienen en la producción y distribución de los alimentos que llegan a la mesa de los consumidores.

La ley afecta tanto a los agricultores como a la industria y a los supermercados y, en palabras del ministro de Agricultura, Luis Planas, es “probablemente la ley más importante para el sector agroalimentario de esta legislatura”.

Todas las partes ven el texto con buenos ojos, pero puede que no sea suficiente para acabar con los problemas con los que tienen que lidiar, sobre todo, los primeros eslabones de la cadena, los agricultores y ganaderos. Un sector primario que contempla movilizaciones para finales de este mes, que probablemente coincidan con el paro de los transportistas. Analizamos las claves de esta nueva regulación.

¿Qué es la Ley de la Cadena Alimentaria?

El texto es, básicamente, el marco de buenas prácticas, de regulaciones y de sanciones que tiene que definir la relación entre todos los que participan en el sector de la alimentación, desde los productores –agricultores o ganaderos–, las cooperativas agrarias, la industria y fabricantes; hasta la distribución, sean 'súper', hipermercados o grandes firmas de hostelería. 

El objetivo de esta regulación es que haya más transparencia en la formación de precios y, sobre todo, aumentar la protección de los eslabones más débiles, como los pequeños agricultores. Además, trata de poner coto a prácticas consideradas anticompetitivas, como la conocida como 'venta a pérdida', que consiste en vender por debajo de coste, cobrar menos de lo que se ha pagado.

La ley, en sí, no es nueva. Ya se aprobó en 2013, con Miguel Arias Cañete como ministro de Agricultura. Ahora, lo que se aprueba definitivamente en el Congreso de los Diputados son las modificaciones a un texto que requería cambios, porque Bruselas ha modificado la regulación para toda la Unión Europea; y porque tenía deficiencias. “La ley nació incompleta, era un paso muy importante pero había que mejorarlo”, asegura Andoni García Arriola, responsable de cadena alimentaria y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). 

¿Cuáles son las principales medidas de esta nueva regulación?

La ley introduce cambios para todos los actores de la cadena, que siempre tendrán que sellar sus contratos por escrito y reflejar los costes a los que se enfrentan. Estos contratos, nuevos o en vigor, tendrán que constar en una plataforma, un registro virtual. De forma que si hay incumplimientos o denuncias, por ejemplo, porque a un ganadero no se le esté pagando la cantidad pactada durante el plazo establecido, los responsables de supervisar la cadena, como las comunidades autónomas o la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), adscrita al Ministerio de Agricultura, tendrán esos contratos a su disposición en la citada plataforma.

La ley no conlleva establecer precios para productos, aunque sí permite a las administraciones públicas diseñar un marco de recomendaciones. En concreto, permite “elaborar, publicar y actualizar, periódicamente, índices de precios y de costes de producción mediante el empleo de los criterios que reglamentariamente se determinen, que en cualquier caso deberán garantizar la transparencia y objetividad en la formación de estos índices”.

También busca que la cadena vaya incorporando los costes a los que hace frente cada uno de los integrantes, de manera que el precio final, el que pagan los clientes al hacer su compra, no pueda ser inferior al anterior o anteriores. Es decir, la venta a pérdida estará prohibida a partir de ahora para los distribuidores ('híper' y supermercados). Por ejemplo, si quisieran utilizar la leche como gancho comercial para atraer clientes, el precio de venta de esta no puede ser más bajo que el coste de fabricación de ese producto.

El texto ha ido cambiando durante su tramitación parlamentaria y una de esas modificaciones es que, en la definición de los costes que pueden imputarse los agricultores y ganaderos, no solo están las semillas, la energía o los gastos veterinarios a los que tienen que hacer frente, también los productos financieros que tienen contratados para su actividad y la mano de obra asalariada. También, su propio trabajo en el campo y, si lo realizan, el de su familia. 

¿Qué piensan de la ley los agricultores y ganaderos?

El sector considera que la nueva regulación es “útil, marca un nuevo campo de juego y puede suponer un antes y un después”, según indican las diferentes fuentes consultadas. Eso sí, matizan que no supone la solución a todos sus problemas y exigen, sobre todo, que se cumpla, que no se permitan mecanismos o rendijas para esquivar la regulación. 

Esa fue una de las exigencias que transmitieron al ministro Planas en la reunión que las asociaciones del sector mantuvieron el lunes, en vísperas de la aprobación de la ley, para analizar, junto con la industria y la distribución, el actual problema de costes, como el energético.

“Si la ley se cumple, el problema de los costes estaría resuelto. El Gobierno tiene que poner las herramientas para que se cumpla, para que sectores que lo están pasando peor, como el lácteo, cobren como mínimo lo que les cuesta producir”, aseguró tras ese encuentro el secretario general de Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos.

Por su parte, COAG recalca que se necesita que las herramientas funcionen, tanto las inspecciones de oficio –y que sean inmediatas–, como las sanciones, que se hagan efectivas rápidamente y se conozcan por la opinión pública. Además, pide celeridad a la hora de articular los observatorios de la cadena y los índices de precios referenciales. 

¿Y cómo la ven los fabricantes de productos de alimentación y la distribución?

A lo largo de la tramitación de la ley, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha indicado aspectos donde veía margen de mejora, por ejemplo, que los productos frescos y perecederos que se venden para transformación pudiesen aumentar los plazos de pago hasta los 60 días. 

Tras el visto bueno del texto en el Senado, FIAB aseguró que la nueva regulación es “un paso adelante en el buen camino, aunque habrá que analizar la aplicación práctica de la misma durante los próximos meses para valorarla definitivamente”.

En cuanto al siguiente eslabón, Ignacio García Magarzo, director general de la Asociación Española de Distribuidores de Autoservicio y Supermercados (Asedas), afirma que “desde la distribución llevamos tiempo trasladando que la venta a pérdida no supone una estrategia habitual de los supermercados y somos conscientes de que plantea problemas en origen en productos especialmente sensibles”. 

“Lo que esperamos es que la nueva regulación sirva para dar seguridad a los operadores y que no se ponga en cuestión la manera de operar de las empresas de distribución”, añade el representante de la asociación en la que están empresas como Mercadona, Dia, Lidl o Froiz.

¿Habrá sanciones para quien no cumpla la ley?

Sí, habrá sanciones y serán públicas. Las podrán imponer las distintas administraciones con competencias en cada uno de los campos que abarca la ley. Unas sanciones que pueden ir desde los 250 hasta un millón de euros, en función de la graduación de la infracción que se cometa.

Además, las denuncias ante las comunidades autónomas o la AICA pueden ser anónimas, lo que, según el sector, puede facilitar que, en caso de que se incumplan los contratos, por ejemplo, los afectados se atrevan a dar el paso.

¿Y a los consumidores cómo les afecta?

Algunos cambios son inmediatos, como la prohibición de la venta a pérdida en el conjunto de la cadena. Otros, en cambio, no serán tan rápidos, sino que habrá que esperar a que la ley empiece a rodar y esos instrumentos –reconocimiento de costes, índices de precios, posibilidades de inspección y análisis o denuncias anónimas– estén rodados. 

En este sentido, desde el sector primario indican que los consumidores también tendrán más información porque, en caso de que haya incumplimientos, las sanciones tienen que ser públicas y la ciudadanía sabrá quién no está respetando la regulación y decidir qué y a quién compra.

Entonces, ¿habrá movilizaciones convocadas por las organizaciones agrarias?

Si no hay cambios, sí. Las movilizaciones, que aún tienen que concretarse y que están previstas para las próximas semanas, seguirán adelante porque el sector entiende que la ley no es la única solución para la difícil situación que viven, tanto por el precio de las materias primas o de la energía como por las dificultades a la hora de encontrar nuevos trabajadores para el campo, sobre todo jóvenes.

Por ello, consideran que necesitan visibilizar su situación ante el conjunto de la sociedad. También reclaman que se canalicen al sector fondos de recuperación procedentes de la Unión Europea y cambios fiscales para, por ejemplo, igualar el IVA del sector ganadero y el agrícola. “Las movilizaciones van a continuar, porque estamos en una situación que no es sostenible”, resumen, independientemente de la nueva Ley de la Cadena.