Los líderes de la UE se disponen a desbloquear los fondos anticrisis tras aplacar el veto Hungría y Polonia

El chantaje Hungría y Polonia parece superado. Aún queda que los jefes de Estado y de Gobierno ratifiquen el acuerdo propuesto por la presidencia alemana de turno de la UE, que consiste en unas conclusiones del Consejo Europeo, de la cumbre que se celebra este jueves y viernes, para acotar algo más el mecanismo del Estado de Derecho vinculado a los fondos europeos que tanto había enfadado a Budapest y Varsovia. Un enfado que había llevado a los dos gobiernos ultraconservadores a vetar los fondos anticrisis de 750.000 millones y el presupuesto plurianual de la UE para 2021-2027 de 1,074 billones.

Hasta tal punto estiraron la cuerda Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki que la Comisión Europea empezó a trabajar en un plan B, en un acuerdo intergubernamental que pusiera en marcha los fondos sin Hungría y Polonia; y hasta tal punto que el Gobierno de Angela Merkel lanzó un ultimátum: o Hungría y Polonia transmitían alguna señal positiva, o se quedaban fuera de las ayudas por la pandemia.

Y, en la víspera de la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno, han cedido, hasta el punto de celebrarlo como una “victoria”, en palabras de la ministra de Justicia húngara, Judit Varga.

En realidad, el mecanismo que vincula el dinero europeo al respeto al Estado de Derecho es parte del acuerdo político que unánimemente se alcanzó en julio entre los 27, y que ahora Hungría y Polonia tenían bloqueado. Eso sí, algo que han conseguido Polonia y Hungría con su pulso.

El texto dice que “el presupuesto de la Unión debe protegerse contra todo tipo de fraude, corrupción y conflicto de intereses, y que la aplicación del mecanismo de condicionalidad será objetiva, justa, imparcial y basada en hechos, garantizando el debido proceso, la no discriminación y la igualdad de trato de los Estados miembros”.

“Para asegurarlo”, dice el borrador de conclusiones, “la Comisión tiene la intención de desarrollar y adoptar directrices sobre la forma en que aplicará el Reglamento, incluida una metodología para llevar a cabo su evaluación. Dichas directrices se elaborarán en estrecha consulta con los Estados miembros. En caso de que se interpusiera un recurso de anulación en relación con el Reglamento, las orientaciones se ultimarán tras la sentencia del Tribunal de Justicia para incorporar los elementos pertinentes derivados de dicha sentencia. La presidenta de la Comisión Europea informará plenamente al Consejo Europeo. Hasta que se finalicen dichas directrices, la Comisión Europea no propondrá medidas con arreglo al Reglamento”.

Es decir, Polonia y Hungría ganan tiempo con esto, algo más de un año si hay que esperar a una resolución del tribunal con sede en Luxemburgo, un plazo que, quizá, le sirva a Orbán para aspirar a la reelección en 2022 sin sanciones europeas. Además, la Comisión Europea, teórica guardiana de los tratados, no podrá actuar hasta que haya resuelto el tribunal.

“La mera constatación de que se ha producido una infracción del estado de derecho no basta para activar el mecanismo”, dicen las conclusiones, en otro claro gesto a Budapest y Varsovia: “Los factores desencadenantes establecidos en el Reglamento deben leerse y aplicarse como una lista cerrada de elementos homogéneos y no estar abiertos a factores de diferente naturaleza. El Reglamento no se refiere a deficiencias generalizadas. Toda apertura formal del procedimiento irá precedida de un diálogo con el Estado miembro a fin de darle la posibilidad de remediar la situación”.

Freno de emergencia

Pero no es el único gesto, se les concede un freno de emergencia y elevar su caso a una reunión de líderes si no está satisfecho con cómo la Comisión Europea lleva su caso: “En caso de que el Estado miembro en cuestión presente una solicitud, el Presidente del Consejo Europeo la incluirá el punto en el orden del día del Consejo Europeo. El Consejo Europeo se esforzará por formular una posición común al respecto”.

Los autodenominados frugales, encabezados por Holanda –más Austria, Dinamarca, Suecia y Finlandia–, han sido, junto con el Parlamento Europeo, los más beligerantes en cuanto a un mecanismo del Estado de Derecho ambicioso, y así lo han vuelto a expresar en las reuniones de embajadores ante la UE de este miércoles por la tarde. Según las fuentes comunitarias, ha habido una “recepción mayoritariamente positiva” al compromiso alemán, con algunas preguntas y explicaciones de los servicios servicio jurídico, si bien el veredicto final se reserva a los líderes este jueves.

En principio, según las fuentes, ese juicio favorable ayuda a desatascar el paquete y este viernes podría aprobarse. Holanda y sus aliados, eso sí, han planteado algunas dudas y, según las fuentes, están “digiriendo” el acuerdo. Estas fuentes, menos efusivas, afirman que “los embajadores no expresaron su apoyo al compromiso concretamente, pero muchos dijeron que la presidencia alemana había hecho un buen trabajo con la propuesta”.

En este sentido, se le ofrece a Hungría y Polonia cierta literatura de su gusto: “El Reglamento debe aplicarse respetando plenamente el artículo 4, apartado 2, del Tratado de la UE, en particular las identidades nacionales de los Estados miembros inherentes a sus estructuras políticas y constitucionales fundamentales, el principio de atribución, así como los principios de objetividad, no discriminación e igualdad de trato de los Estados miembros”.

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