Cómo acabar con la gran evasión fiscal

La existencia de lo que se ha venido llamando paraísos fiscales (tax havens) era conocida. Desde hace años se venía hablando de ellos. A veces críticamente. A veces con indulgencia. Como parte del paisaje de la sociedad capitalista. Como morada de las fortunas del planeta fugitivas de los impuestos. Como un peaje inevitable a la sociedad desigual.

El “paraíso” para los paraísos fiscales llegó cuando la revolución conservadora de Margaret Thatcher y Ronald Reagan liberalizó los movimientos de capital. Es decir, despenalizó la hasta entonces calificada como evasión de capitales. La Unión Europea bendijo teóricamente esa liberalización añadiendo la libre circulación de capitales a las otras tres libertades del mercado común europeo (luego conocido como mercado interior único): la libre circulación de trabajadores, de mercancías y de servicios.

Es cierto que, al principio, la circulación de capitales no era completa en el derecho europeo. Pero después de las más importantes reformas de los tratados, los capitales de los países miembros de la Unión Europea se han podido mover en el mundo sin restricciones ni fronteras (no así las personas). A ello ayudó el desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones y la informática –que permite desplazar dinero en décimas de segundo–, cuya revolución desreguladora empezó en los años noventa en Estados Unidos.

La liberalización de los movimientos de capital, naturalmente, no suprimió las legislaciones tributarias. Pero hizo mucho más fácil evadirlas o eludirlas, con el inestimable auxilio del sistema bancario y financiero, que vivió su eclosión a partir de entonces. Un sistema imprescindible, como veremos, para el nacimiento y reproducción de los paraísos fiscales.

La crisis económica que explotó en 2007-2008 hizo insostenible el silencio de facto sobre estas jurisdicciones llamadas eufemísticamente “no cooperadoras”. No cooperadoras con las haciendas públicas de los países de los que se escapa el capital que no quiere pagar impuestos. Muy cooperadoras, evidentemente, con los evasores fiscales.

La reacción de los poderes públicos de los países desarrollados ante la pérdida de ingresos tributarios que conllevó la crisis se ha encaminado en la última década hacia una lucha contra lo que técnicamente se llama elusión fiscal, que no es propiamente evasión. El liderazgo de esa acción lo ha llevado y lo lleva la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a través de un programa multilateral contra las prácticas de ingeniería fiscal de las multinacionales, es decir, contra la utilización habilidosa de los resquicios legales por parte de las poderosas compañías multinacionales, que sitúan sus beneficios en el país de más baja imposición. Elusión fiscal hace frontera con evasión fiscal y con los paraísos que la acogen, pero no es exactamente lo mismo. Elusión fiscal estaría bordeando el campo de lo legal. Evasión entra directamente en el ámbito de lo ilegal, al ocultar los ingresos de una persona física o jurídica a los ojos del fisco. ¿Dónde? En los paraísos fiscales, que han seguido teniendo poca oposición política y buena vida, entre otras latitudes, en lo que Nicolas Shaxon llama irónicamente “las islas del tesoro”.

En los últimos años se han sucedido una serie de escándalos de carácter financiero vinculados a la defraudación fiscal y el blanqueo de dinero (2013, Offshore Leaks; enero 2014, China Leaks; noviembre 2014 Luxembourg Leaks; 2015, Swiss Leaks, HSBC). Pero han tenido que llegar los Papeles de Panamá para que la función perversa de los paraísos fiscales en la evasión fiscal a gran altura haya llegado con gran fuerza a conocimiento de la opinión pública, por haberse hecho eco de ellos los más importantes medios de comunicación del mundo.

Una fuente anónima, a través del Süddeutsche Zeitung, filtró a 109 redacciones de periódicos en 76 países, coordinadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), 11,5 millones de ficheros provenientes del gabinete de abogados panameño Mossack Fonseca, especialista en domiciliación de sociedades offshore. Es, sin duda, la mayor fuente de información relevante que se haya entregado nunca a los medios de comunicación para su publicación.

En los Papeles de Panamá hay más de 14.000 clientes de todo el mundo y más de 214.000 sociedades offshore, trust y fundaciones. En ellos se descubre la identidad de evasores fiscales de todo tipo, empezando por 140 dirigentes políticos del máximo rango, celebridades y personalidades del mundo del deporte y del cine, escritores y, por supuesto, poseedores de enormes cantidades de dinero que han decidido esconderlo detrás de sociedades pantalla, ocultando su identidad. Objetivo: evadir impuestos a gran escala.

Los Papeles de Panamá han tenido que llegar para que la política se tomase en serio de una vez lo que hay debajo de todo ello: lo que he llamado “industria de la evasión fiscal” en mi libro La Edad de Hielo. Europa y Estados Unidos ante la Gran Crisis: el rescate del Estado de bienestar.

El International New York Times define así los fines de esa industria global: “Permitir a una elite internacional enriquecida por medios corruptos o ilegales ocultar su riqueza y negocios respecto a los impuestos, las investigaciones y la cólera pública… una industria que florece en los huecos y agujeros de las finanzas internacionales”.

No se puede sino coincidir con esta opinión sobre una actividad odiosa, que no solo roba a los ciudadanos y saquea de las arcas públicas enormes cantidades de dinero, sino que penetra hasta las instancias políticas constituyendo una amenaza para la propia democracia y a su estabilidad.

La industria de la evasión fiscal –la gran evasión– ofrece al que no quiere pagar sus impuestos algo de valor inestimable: opacidad, en especial a través de sociedades pantalla poseedoras de cuentas corrientes oscuras.

Desde el estallido de los Papeles de Panamá, la OCDE se ha apresurado a resaltar que ha habido progresos en los últimos años, que la cooperación internacional ha aumentado en la lucha contra la evasión fiscal y que se han recolectado más impuestos producto de esos esfuerzos. Se ha exigido más información, dependiendo del país de que se trate. Por ejemplo, en Estados Unidos, la nueva Ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) requiere que los bancos extranjeros compartan sus datos con la agencia federal fiscal, el famoso IRS (Internal Revenue Service), en relación con las cuentas de ciudadanos estadounidenses. Solo funciona para los intereses de Estados Unidos. Hablaremos de ella más adelante.

A pesar de los mencionados avances, la evasión fiscal no se combate con suficientes instrumentos. Hay algo, no obstante, que ya está en marcha y que ha pasado a formar parte de la agenda mediática y política del mundo occidental democrático: se habla y hablará de lo que son los países fiscales. El escándalo producido por los Papeles de Panamá es imparable. Sin embargo, aún no se ha proyectado en medidas de carácter político y legislativo eficaces, que tengan como resultado la desaparición de los paraísos fiscales.

Este es uno de los fines de este libro. Proponer un conjunto de medidas que hagan verdaderamente posible derribar los instrumentos en los que se asienta la inmensa evasión fiscal que forma parte de las sociedades desarrolladas –y no desarrolladas– de nuestro planeta.