Narbona dice que Garoña tiene pendientes inversiones de “extraordinaria envergadura” para operar

La consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha advertido de que las inversiones que la central nuclear de Garoña tiene pendientes para poder operar son de “extraordinaria envergadura”. Narbona ha lamentado que el organismo regulador haya informado favorablemente sobre la prórroga de la planta, pese a que sus propietarias, Endesa e Iberdrola, han incumplido las exigencias reiteradas que se le han reclamado. También ha reiterado sus críticas a que no se establezca un límite de diez años para la reapertura, como se hacía con anterioridad.

En una entrevista a Radio Euskadi, Narbona ha manifestado que faltan “muchas” mejoras por realizar en la central si se quiere reabrir. “Llevamos desde el año 2014 tramitando la solicitud de la central de Garoña, y es la primera vez desde el año 1999 que el CSN hace un informe favorable en el que no se establece ningún límite para la renovación que se va a otorgar por parte del Ministerio, que tiene la última palabra”, ha apuntado.

Ha recordado que, hasta ahora, las renovaciones de Garoña “eran informadas favorablemente por el Consejo por un máximo de diez años”. “Ésta es una de la razones de mi voto en contra. Se ha roto una práctica sin ninguna justificación que tenga que ver con la seguridad, es más, con una memoria justificativa donde aparece que ese cambio lo piden las empresas del sector eléctrico”, ha añadido.

La consejera del CSN ha recordado que el informe es favorable, “pero no permite que la central pueda funcionar hasta que no haga una serie de inversiones que le habían sido reclamadas reiteradamente durante los últimos años, incluso hace un año y medio con una carta del director técnico del Consejo, diciendo que si esas actuaciones no se ejecutaban, no se daría el informe que ayer el pleno votó favorablemente”.

“Y ésa es la otra razón de mi voto en contra. No veo justificada la prisa por dar un informe favorable que, en el caso de que decida operar, tardaría todavía aproximadamente un año y medio en poderlo hacer”, ha dicho.

A su juicio, se ha tomado una decisión que “significa cambiar prácticas que forman parte de la regulación del sector de la energía nuclear en España”. “Si fueran mejoras de menor envergadura, posiblemente es un condicionante que puede resolverse en este tiempo, pero, como digo, el conjunto de actuaciones que tiene pendientes Garoña para poder volver a operar es de una extraordinaria envergadura, tanto que las propias empresas que, por cierto, conocen esas exigencias porque a lo largo de los dos últimos años se han ido especificando de forma muy clara por parte del CSN, mandan un mensaje de duda ante la decisión de reabrir o no”, ha dicho.

La exministra, única consejera del CSN que ha votado en contra de la prórroga, también ha lamentado que en el pleno se adopten decisiones “que hacen, al menos, cuestionarse las razones últimas de ese informe de ayer”. Ha insistido en que permitir a Garoña operar hasta los 60 años “requería un debate con más profundidad, una explicación mayor. ¿Por qué se cambian prácticas que, hasta ahora, han estado en vigor y por qué finalmente se da un informe positivo que no corría ninguna prisa desde el punto de vista de la operatividad de la planta a la que le falta bastante tiempo para poder funcionar, en caso de que quiera hacerlo?”, ha añadido.

Además, ha señalado que en los países del entorno hay regulaciones muy distintas y políticas energéticas muy diferentes. En esta línea, ha dicho que en la mitad de los países de la UE no se utiliza la energía nuclear, mientras que las nuevas centrales nucleares se están construyendo, sobre todo, en los grandes países emergentes, como China, Rusia, Arabia Saudí, y algunas en Europa y en EE.UU. “Y otras, sin embargo, han empezado un proceso de desmantelamiento gradual”, ha dicho.

Narbona ha manifestado que no existe “una única aproximación al fenómeno del alargamiento” de la vida de las centrales y ha destacado que, en la actualidad, las más antiguas se están cerrando en varios países, como en Francia y en EE.UU, mientras que en otras se está prolongando su vida útil.

“En cada caso se someten a un estrecho control sobre las condiciones que, después de la catástrofe de Fukushima, obligatoriamente es un control muchísimo más exigente que en el pasado”, ha añadido.

La consejera del CSN ha indicado que, “con carácter general, los requisitos que el Consejo pide son francamente estrictos y también hay mecanismos para la supervisión de los mismos”. “El problema es que vayamos cambiando procedimientos, algunas veces de manera no muy justificada, o peor, justificada de manera cuestionable, por petición de parte, del sector eléctrico, como la renovación a diez años”, ha afirmado, para considerar que el pleno del organismo regulador “no debería haberlo aceptado”.