La OCDE constata una tendencia mundial al alza de los impuestos sobre las propiedades de los más ricos

La OCDE ha publicado este miércoles su informe anual sobre reformas tributarias entre sus asociados y otros países. El organismo centra una parte del estudio a la evolución de los impuestos sobre la propiedad. Esto incluye tributos como el IBI, Sucesiones o Patrimonio, que se encuentra esta semana en plena tormenta política por las rebajas del PP en las comunidades donde gobierna. El estudio realizado por la organización que engloba a las principales economías del mundo constata que se está produciendo un aumento de los impuestos sobre las propiedades de los más ricos.

“Si bien ha habido menos reformas del impuesto a la propiedad [2020] en comparación con años anteriores, las reformas existentes se enfocan claramente en promover la progresividad y la equidad en el impuesto a la propiedad”, señala el documento que ha publicado este miércoles la OCDE. “Las reformas del impuesto a la propiedad involucraron predominantemente aumentos de impuestos, ya sea a través de aumentos en las tasas impositivas o medidas de ampliación de la base impositiva”, añade, apuntando a que se dirigieron fundamentalmente a “personas o entidades que utilizan propiedades predominantemente como un vehículo de inversión, así como a personas de mayor patrimonio neto”. 

Las tendencias internacionales se encaminan, así, a aumentar la equidad del sistema de impuestos sobre las propiedades de los segmentos más ricos de la población. Esta semana este tipo de tributación está centrando precisamente el debate en España debido al anuncio de la Junta de Andalucía de la bonificación del 100% del impuesto sobre el Patrimonio, como ya hiciera Madrid. El Gobierno ha rechazado esta medida que pone en riesgo el futuro de un tributo que recauda 1.200 millones al año en España.

La OCDE engloba en sus impuestos sobre la propiedad no solo Patrimonio, sino otras figuras, aunque apunta a que se está produciendo en los últimos años “un crecimiento de los ingresos”. Si bien, siguen teniendo una aportación limitada en la mayoría de los países. El organismo apunta a que la principal fuente de ingresos en este apartado de tributación es la referida a la propiedad inmobiliaria, que en España se entronca fundamentalmente en el IBI que cobran los ayuntamientos. “Las últimas reformas del impuesto sobre la propiedad generalmente han aumentado las cargas fiscales sobre los contribuyentes más ricos y los inversionistas inmobiliarios, con el objetivo de promover la equidad en los sistemas de impuestos sobre la propiedad”, incide el documento.

El informe de la OCDE también incluye un apartado sobre la respuesta fiscal que están dando los gobiernos a la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. El organismo se muestra crítico con algunas de las propuestas generalizadas que se han implantado para resolver el problema de los precios energéticos, especialmente a medida que la situación se prevé más duradera de lo inicialmente esperado. “En la medida en que los precios de la energía sigan siendo altos, el apoyo debe lograr un equilibrio entre la eficacia, el presupuesto y los costos de implementación, centrándose en las necesidades más fuertes y asegurando sinergias con los objetivos de cambio climático y seguridad energética a más largo plazo”, señala la OCDE.

Entre otras cuestiones, el documento explora las medidas que se han ido implementando de límites de precios, así como las compensaciones el precio de la gasolina, como en el caso de España. “Si bien son relativamente simples de implementar, tienden a no estar focalizados y los beneficios pueden acumularse de manera desproporcionada para los grandes consumidores de energía, que a menudo tienen ingresos más altos”, enfatiza. “Los controles de precios también pueden amortiguar las señales de precios, limitando el incentivo para el ahorro de energía o el abandono de los combustibles fósiles”, añade.

También critica las rebajas de impuestos sobre la energía. En España se han aprobado distintas reducciones como el IVA a la factura de electricidad, los impuestos especiales o, esta semana, el IVA a la factura del gas. “A diferencia de los controles de precios, los recortes de impuestos a la energía no afectan a los proveedores de energía que aún venden sus productos a precios de mercado y evitan pérdidas de ingresos. Sin embargo, los ingresos fiscales disminuyen inmediatamente y el costo presupuestario puede ser alto con el tiempo”, señala la OCDE. “Por ejemplo, una reducción de la tasa del IVA no garantiza una reducción del precio al consumidor de la misma magnitud”, subraya el organismo.

Así, la OCDE apunta a enfocar las medidas en la población más “vulnerable”. “Es posible que se necesiten innovaciones en los mecanismos de transferencia para garantizar que se llegue a los grupos más vulnerables a la crisis del precio de la energía”, recomienda el organismo en el informe. Esta focalización, añade, se debe centrar también en el caso de las empresas a aquellas que eran viables antes de la crisis de precios.

Por último, la OCDE pone en duda que este tipo de ayudas que se están aplicando estén en línea con los objetivos de desarrollo sostenible y de transición ecológica. Por ello, presiona a los países para que no dejen a un lado esta transformación de la economía. “Los precios de la energía persistentemente altos como resultado de las consecuencias de la guerra en Ucrania ponen de manifiesto que los combustibles fósiles se han convertido en una fuente de energía menos fiable, lo que genera preocupaciones sobre la seguridad energética, especialmente en Europa”, concluye.