El debate sobre la posibilidad de establecer un impuesto sobre las transacciones financieras que pusiera coto a las operaciones especulativas y sirviera para resarcir a la sociedad de sus efectos comenzó poco tiempo después de que estallara la crisis en 2008. Desde entonces, ha habido muchas declaraciones de buenas intenciones pero pocos pasos en claro, a pesar de que organismos como el FMI se han mostrado a favor de su aprobación. Finalmente, y a falta de una iniciativa que reúna un quórum mundial, once países europeos -entre ellos España, Alemania, Italia y Francia- han acordado hoy aplicar este impuesto.
“Saludamos el acuerdo porque creemos que el paso es importante”, señala Ricardo Zaldívar, presidente de ATTAC y coordinador de la plataforma por un Impuesto a las Transacciones Financieras. Zaldívar explica que la tasa no sólo debe tener fines recaudatorios, sino que debe funcionar para regular y redistribuir “e incluso puede llegar a sancionar”.
Aún faltan por concretar los detalles, pero en principio este grupo de países miembro seguirían las propuesta hecha por la Comisión Europa, que consiste en gravar en un 0,1% las operaciones de compra y venta de acciones y bonos, y con un 0,01% las operaciones con derivados. Según Bruselas, la zona del euro podría recaudar entre 50.000 y 60.000 millones de euros anuales si la tasa se implantara en todo los países miembro. Pues que finalmente serán once los que la implanten, es previsible que la cifra sea menor, aunque no está especificada.
Las estimaciones apuntaban a que España podría recaudar entre 5.000 y 6.000 millones anuales. No obstante, este impuesto no gravaría todas las operaciones especulativas, al menos tal y como está reflejado ahora sobre el papel, lo que rebajaría la recaudación del país a unos 2.000 millones de euros, según cálculos de Intermón Oxfam. “Pedíamos una tasa más ambiciosa, para todo tipo de productos”, asegura Emilia Sánchez Pantoja, portavoz de la ONG.
El uso que se le va a dar al dinero que se obtenga gracias al impuesto es aún una incógnita. Ni los países implicados ni Bruselas han explicado nada al respecto. Este es el asunto que más sospecha levanta entre las organizaciones de la sociedad civil que llevan años reivindicando un impuesto a las transacciones financieras, que pedían que se empleara en políticas sociales y de lucha contra la pobreza. “No se ha dicho nada de su uso, y nos parecería injustificable que se usara para que volviera a los bancos o para tapar déficits”, dice Sánchez Pantoja, que reclama el dinero para la gente “que está sufriendo las peores consecuencias de la crisis causada precisamente por el sistema financiero”.
“A ver si ese dinero va a acabar en la banca”, advierte Ricardo Zaldívar que, no obstante, considera que lo primero es la aprobación e implantación del impuesto y que luego habrá tiempo “para llevar el debate a la sociedad y pensar en su uso”. “Pero que el debate sobre a dónde va el dinero no bloquee su aprobación”, concreta.
En Francia, el único país que decidió avanzar en solitario y aprobar unilateralmente un impuesto a las transacciones financieras, el Gobierno de Hollande se ha comprometido a usar una parte en políticas sociales, aunque el debate aún está abierto.
Guindos pide un impuesto “razonable”
El argumento de los países miembros que no se han adherido al impuesto es que éste puede hacer que el sector financiero se deslocalice o que se traslade al consumidor final. “No estamos en contra de las tasas al sector financiero, pero nuestra posición es que sólo consideraremos sumarnos si todos los centros financieros del mundo la implantan, como Nueva York, Singapur, Shanghai y Hong Kong”, ha dicho el ministro británico de Finanzas, George Osborne, que lidera a los países de este grupo.
El propio ministro de Economía español, Luis de Guindos, ha dicho hoy que el Gobierno tratará de aprobar un impuesto que evite “efectos negativos”. “Tiene que hacerse de forma coordinada entre la mayoría de los países europeos para evitar efectos distorsionantes sobre los movimientos de capital y también se tiene que establecer sobre una base, de tipo de transacciones, que sea razonable a efectos de evitar los efectos negativos que podría tener desde el punto de vista de los flujos financieros. El Gobierno español intentará que la tasa sea lo más positiva posible desde el punto de vista de generación de recursos presupuestarios y lo menos distorsionadora posible”.
“Los consumidores finales son los operadores financieros que hacen las transacciones que son responsables de la especulación que nos ha llevado a eso. Y claro que tiene que distorsionar el mercado, de eso se trata, de frenar la especulación”, contraargumenta el presidente de ATTAC.