La PAH inicia una “campaña de presión” tras “constatar con sorpresa” que el Gobierno no trabaja con “urgencia” por el derecho a la vivienda

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha decidido iniciar una campaña de presión que han denominado “Vivienda por derecho” con la que quieren exigir al Gobierno que antes de cumplir cien días de gestión (llevan ya 42 desde el primer consejo de ministros) apruebe medidas urgentes sobre vivienda, “igual que lo está haciendo con colectivos como los agricultores”, explica la portavoz de la Plataforma, Alejandra Jacinto.

Se da la circunstancia de que en esta plataforma militaban actuales miembros del Ejecutivo como la ministra de Igualdad, Irene Montero. Según Jacinto, el vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, se comprometió con ellos el pasado viernes a trasladar la necesidad de una mesa de diálogo por el derecho a la vivienda en la que estén representados todos los ministerios implicados (Justicia, Economía, Transportes, Igualdad, Consumo, Asuntos Sociales, etcétera) además de las organizaciones de afectados.

Pero en esta misma reunión, según relata la organización en su web, se dieron cuenta de que el Ejecutivo no está trabajando en posibles soluciones a la “situación de emergencia” que se sufre en materia de vivienda en España. “Cual fue nuestra sorpresa al constatar que a pesar de reconocer que estamos ante un problema de Estado, el Gobierno de PSOE–Unidas Podemos, no estaba trabajando ni había contemplado tratar la situación de manera inmediata”, relatan.

Ante esta situación de “extrema urgencia” han decidido iniciar una campaña “que surge de la necesidad de recordarle al actual Gobierno su responsabilidad hacía las familias, que tengan consciencia de su papel como culpables directos de los 198 desahucios que se producen diariamente”.

A juicio de la PAH, que este martes ha presentado la iniciativa a las puertas del Congreso de los Diputados, España se encuentra en una situación de “emergencia habitacional”, con la citada cifra de lanzamientos, que calculan según datos del Consejo General del Poder Judicial. “Hoy se cumplen 42 días de Gobierno y nuestro contador de la vergüenza ya indica 8.316 desahucios en este periodo”, afirman.

El Gobierno afronta dos próximos plazos que para esta organización le “presionan” en el sentido de adoptar medidas urgentes: por un lado, el 15 de mayo acaba la moratoria a los lanzamientos hipotecarios a colectivos especialmente vulnerables aprobada por el PP en 2013. Según la PAH, el nuevo Ejecutivo no debería limitarse a prorrogar esta medida, sino ampliarla a inquilinos que no puedan afrontar el pago de letras o a los que se les extinga el contrato e incluso a “ocupación por necesidad” (ahora solo afecta a hipotecados). “Queremos que la renueven y amplíen y mejoren los supuestos de vulnerabilidad por la que te puedes acoger”, explica Jacinto.

En la actualidad se consideran familias vulnerables aquellas con hijos menores de edad, o aquellas que sean monoparentales con hijos a cargo, así como aquellas en las que conviven personas en situación de discapacidad, dependencia, enfermedad grave o víctimas de violencia de género, además de desempleo.

El otro plazo “de presión” son los seis meses de respuesta dados al Gobierno para contestar al Comité de la ONU que el 30 de octubre condenó a España por violar el derecho a la vivienda tras el desahucio de una madre y sus seis hijos.

Además de ampliar la moratoria antidesahucios, la PAH cree que el Gobierno debería utilizar como vivienda pública “las 10.000 viviendas que publicita la Sareb en webs como Idealista”. “Valoramos medidas como la limitación de precios de los alquileres o que se quieran construir 20.000 viviendas a precio asequible, pero necesitamos respuestas en materia de emergencia habitacional y de desahucios y a día de hoy no parecen estar encima de la mesa”, afirma Jacinto.

Entre las medidas de presión que contemplan, y que pretenden ir aumentando a medida que se acerque el plazo de los cien días de gobierno, está el registro de mociones en parlamentos y ayuntamientos y acompañar sus acciones para paralizar desahucios de simbología de la ONU, explican.