7.200 millones enfrentan a las comunidades autónomas con el Gobierno central
Crece el malestar en las comunidades autónomas por la “asfixia financiera” que les supone dejar de ingresar, globalmente, 7.200 millones de euros de aquí a fin de año por la ausencia de un gobierno constituido. Se trata de 4.700 millones en concepto de entregas a cuenta que, según el sistema de financiación autonómica, deberían llegar a las autonomías de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra). Deben sumarse otros 2.500 millones, correspondientes a su participación en el IVA, que quedan pendientes del mes de diciembre de 2017.
Las comunidades autónomas absorben más de un tercio del gasto final total del Estado y más de la mitad de su personal. Gestionan muchos de los servicios públicos con una incidencia más directa sobre el bienestar de los ciudadanos, incluyendo la sanidad, la educación y los servicios sociales.
El motivo que impide que estas cantidades lleguen a las autonomías es el bloqueo político. Un gobierno en funciones, como el de Pedro Sánchez, solo puede aprobar según la Constitución asuntos de trámite, y entre ellos no se encuentra liberar una partida de 4.700 millones de euros, insiste el Ejecutivo. Por su parte, los 2.500 millones del IVA solo podrían ser transferidos a partir de su inclusión en unos eventuales nuevos Presupuestos Generales del Estado (de momento siguen vigentes, prorrogados, los que diseñó el PP en 2018).
La motivación de estas limitaciones es por tanto estrictamente legal, sostienen fuentes gubernamentales consultadas por eldiario.es. De hecho, explican que se consultó a la Abogacía del Estado si se podían realizar las entregas a cuenta a las autonomías sin pasar el trámite presupuestario (el ministro de Hacienda del anterior Gobierno del PP, Cristóbal Montoro, retuvo por este mismo motivo 4.000 millones de euros, lo que el PSOE calificó como un “chantaje”). La respuesta fue que había posibilidades de hacer estas entregas sin presupuestos, pero nunca sin un gobierno constituido, explican las citadas fuentes.
“No es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de cumplimiento de la ley”, ha resumido la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. El PSOE afirma que la fórmula más efectiva para que las comunidades puedan disponer de ese dinero es permitir que se forme gobierno, una reclamación que Sánchez y sus ministros vienen repitiendo a PP y Ciudadanos prácticamente desde el pasado 28 de abril, en que se celebraron las elecciones. Este viernes Celaá ha abundado en esta idea, culpando de la presente situación a quienes en su momento rechazaron los presupuestos de 2019, como el PP o ERC.
A pesar de que Montoro tenía claro que ni siquiera con un gobierno constituido se podían hacer tales entregas a las comunidades autónomas, frente al criterio más abierto de su sucesora, la socialista María Jesús Montero, varias autonomías del PP han iniciado una ofensiva contra el gobierno central por este asunto. En paralelo, la Generalitat catalana ha anunciado incluso que llevará al gobierno central ante los tribunales, una iniciativa de la que los “populares” han querido distanciarse.
Contra lo que fue el criterio del Ejecutivo de Rajoy, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, ha afirmado que, según sus servicios jurídicos, el Congreso podría aprobar tales entregas a cuenta a través de un proyecto de ley. El Ministerio de Hacienda no ofrece un listado de lo que corresponde a cada comunidad por estos conceptos, pero algunos de los gobiernos lo han cuantificado. Galicia calcula que le corresponden 700 millones de euros. “Pudo haber pagado sin problemas en sus viernes sociales y haber resuelto el asunto, pero prefirió convertirlos en una campaña electoral, en lugar de financiar unos servicios públicos elementales que prestamos las comunidades, que representamos el 50% del gasto público frente a un 25% del Estado”, ha criticado Feijóo.
Y es que la discrepancia sobre la posibilidad de transferir los anticipos a cuenta y ese mes de recaudación del IVA ha abierto otra guerra política entre la derecha de PP y Ciudadanos y el Gobierno en funciones. Administraciones gobernadas por el Partido Popular acusan a Pedro Sánchez de estar asfixiando a las autonomías. Núñez Feijóo y el resto de miembros de su Gobierno llevan semanas avisando de que que peligra el pago de las nóminas a los funcionarios de la administración autonómica. El Ejecutivo de Feijóo hace responsable a Sánchez. Y mensajes parecidos ha lanzado el consejero de Hacienda de Madrid, nombrado recientemente por Isabel Díaz Ayuso, Javier Fernández-Lasquetty, que por un lado reclama la transferencia de los fondos al Gobierno central y por otro, anuncia que bajará todos los impuestos autonómicos para hacer frente a la política fiscal de Sánchez, dentro de una estrategia que han pactado Pablo Casado y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Fernández-Lasquetty ha dicho que Madrid ha reclamado ya por carta al presidente Sánchez los 1.237 millones de la financiación autonómica que según sus cálculos deben llegarles. Aunque ha matizado que no hará su reclamación “de la mano de la mano de la Generalitat de Cataluña, de quienes quieren destruir España”. Tampoco el ejecutivo andaluz se plantea denunciar al Gobierno en los tribunales.
Sin embargo, otra comunidad autónoma gobernada por el PP, Castilla y León, ha afirmado a través de su vicepresidente Francisco Igea (Ciudadanos) que no descarta acudir a los tribunales por este asunto, aunque al mismo tiempo ha destacado que no se va a hacer “seguidismo político” de quien “pone en peligro la financiación autonómica y por tanto la financiación de Castilla y León”, en referencia al Ejecutivo de Quim Torra.
El Gobierno de la Región de Murcia, también del PP, explica a eldiario.es que se encuentra “lejos de la posición radical del Gobierno de Cataluña”, pero al mismo tiempo exige “que se acabe el bloqueo, sobre todo para que sea posible la inaplazable reforma del sistema de financiación autonómica, un asunto que estaba a punto de alcanzarse antes de la moción de censura del señor Sánchez, y que castiga a la infrafinanciación a los ciudadanos de la Región de Murcia”.
Esta reforma de la financiación autonómica que mencionan las fuentes del gobierno murciano lleva pendiente de ejecutarse desde 2014. En julio de 2017 entregó su profuso informe el comité de expertos que había organizado el ministro Montoro. En él explicaban que “a lo largo de estas décadas de creciente descentralización del gasto y del ingreso, el sistema de financiación del Estado autonómico ha ido evolucionando sin un diseño explícito de a dónde se quería llegar a largo plazo”.
Una de las comunidades autónomas que más lamenta los “serios problemas” de equidad y eficiencia de un sistema “complejo y poco transparente”, como decía el informe, es la Comunidad Valenciana. Gobernados por el socialista Ximo Puig, no se plantean llevar a los tribunales al gobierno central, pero sí destacan que están echando a faltar 1.000 millones de euros, y que aunque de momento no se plantean recortes “en el estado del bienestar”, “en las próximas semanas deberemos adoptar algún tipo de decisión”. Otra autonomía socialista, la aragonesa, ha expresado su “preocupación” por el retraso en las transferencias, pero afirman que no entra en sus planes recurrirla, una postura similar a la del gobierno cántabro.
