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Cientos de personas exigen que las pensiones se blinden en la Constitución

Cabecera de la manifestación en defensa del Sistema Público de Pensiones en Madrid.

David Noriega

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Cientos de personas se han manifestado este sábado en Madrid para exigir que las pensiones se blinden en la Constitución como un derecho fundamental de los ciudadanos en lugar de ser, como hasta ahora, orientativo. La marcha, que avanzó desde la Puerta de Sol hasta la plaza Reina Sofía, reclamaba lo que consideran “la única medida” para evitar recortes y privatizaciones.

La manifestación ha sido convocada por la Mesa para el Blindaje de las Pensiones (MERP), formada en 2013, y que reúne ocho años después a cerca de 400 organizaciones. La MERP ya consiguió juntar en Madrid en 2018 a cerca de 15.000 personas, aunque en esta ocasión se han quedado lejos de aquella convocatoria.

Una de las portavoces de la Mesa, Sara García de las Heras, ha llamado a la “unidad” del Sistema Público de Pensiones ante la “necesidad del blindaje”, para evitar recortes o privatizaciones ante reformas de diferente signo político. “Si hubiera blindaje, no habría necesidad de protestar”, ha dicho, porque ese mecanismo ya garantizaría el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones públicas, a la vez que prohibiría tocar, recortar o privatizar total o parcialmente el sistema.

En el manifiesto, que han leído al finalizar la marcha, han exigido un artículo que “recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones públicas y, por tanto, la imposibilidad de que ningún tipo de medida o discriminación, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos, discapacidad o cualquier otra pueda afectar a las pensiones, excepto aquellas que sean favorables para ellas”.

A Madrid han llegado autobuses de diferentes puntos de España. Teresa es jubilada y ha viajado desde Cantabria. “Con el cálculo que quieren hacer, de 35 años, ya verás qué pensiones os van a quedar”, dice rápidamente. Se refiere a la propuesta del Gobierno de ampliar el periodo de cálculo de 25 a 35 años, enviado a Bruselas, que ha generado indignación entre los asistentes y respuestas dentro del propio Ejecutivo, donde Unidas Podemos se ha mostrado en contra.

Aunque la protesta estaba convocada para exigir el blindaje constitucional de las pensiones, otras reclamaciones de los manifestantes han sido variadas. También las denuncias. Entre las pancartas se han leído críticas contra el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea que “amenazan las pensiones” y contra el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Una petición, esta última, de la que se desmarcan los organizadores.

Otra reivindicación recurrente ha sido la de unas pensiones mínimas dignas. “Hay gente cobrando una pensión y viviendo en la pobreza”, denuncia una manifestante que exige “poder vivir dignamente cuando llegamos a la vejez”.

A Karina Rodríguez, que es responsable del sector de hostelería del sindicato FETICO, también le parece que es importante “proteger el futuro para que todos podamos tener acceso a las pensiones”. Según las nuevas tablas, a ella le quedan 20 años de trabajo y ve la jubilación “complicada”. “Tenemos que forzar a los políticos para que se pongan de acuerdo en buscar un sistema que llegue a todos”, dice.

Enrique Iza ha llegado de Vitoria. Él se jubilará “dentro de siete años, con suerte”. “Está muy difícil. Es un derecho que se reclama, pero hay que buscarle una solución”, plantea. ¿Cuál? “Habrá que pagar más, que es lo que no le gusta a nadie”, plantea tras ironizar con que “vivimos muchos años”. Tras él, un grupo de manifestantes corean su propuesta: “Un 155 para las pensiones”.

Mientras accede a la plaza del museo Reina Sofía, Pilar Herrero defiende convencida que hay que pagar impuestos. “Nos da rabia, pero habrá que pagar impuestos para la educación, la sanidad, las pensiones… Todas estas cosas salen de los ahí”, dice, pero estas últimas deben estar “blindadas en la Constitución y que gobierne quien gobierne sean sagradas”, porque, afirma, “el panorama para los jóvenes está muy mal”. Ella es pensionista, pero sale a la calle porque “los más mayores” han “luchado siempre por los derechos de todos”. “Creo que si no lo hacemos, esto va a tener un mal final”, advierte. Por eso, pide a los políticos que se pongan de acuerdo. “Parece que en el Pacto de Toledo no se ponen, pero se tendrán que poner”, reclama.

Esta marcha viene respaldada por un manifiesto firmado por más de 150 personalidades del mundo de la cultura, la política y la economía y unas 400 organizaciones. Fernando Trueba, Isabel Coixet, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Baltasar Garzón, Elvira Sastre, Javier Cercas, José Sacristán, Manuela Carmena, Mónica Oltra, Joan Baldoví, Cuca Sánchez, Mar Espinar o Marta Higueras, entre otras, han apoyado el texto que exige la “prohibición expresa” de “recortar o privatizar total o parcialmente” el Sistema Público de Pensiones.

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