Elena Salgado defiende que la reforma del 135 de la Constitución se hizo para salvar los servicios públicos

Elena Salgado, la última vicepresidenta socialista que tuvo que gestionar la parte más dura de la crisis, ha comparecido hoy en la Comisión de Investigación de rescate financiero en el Congreso. Salgado, de un perfil claramente ejecutivo, defendió su actuación con la asepsis acostumbrada en ella pese a estar marcada por dos importantes sombras: la reforma del artículo 135 de la Constitución en pleno agosto y la salida a bolsa de Bankia.

Salgado defendió la reforma de la Constitución en la que se consagró en cierta forma la reducción del déficit como un objetivo primordial en la gestión del Estado, porque “el coste de la medida en términos sociales fue nulo en comparación con las alternativas planteadas”. Según la exvicepresidenta, la “regla de oro fiscal” sirvió para “apostar por un compromiso de sostenibilidad de las finanzas públicas en el futuro a cambio de no hacer más recortes en el corto plazo que habrían erosionado gravemente servicios públicos esenciales ligados a derechos fundamentales de los ciudadanos”.

La idea que intentó transmitir Salgado es que desde que tomó las riendas del área de Asuntos Económicos en abril de 2009, tras la renuncia de Pedro Solbes, hasta su marcha en noviembre de 2011, todas sus decisiones estuvieron marcadas por el intento de salvaguardar el Estado del bienestar, evitar el rescate como país que “habría tenido efectos desastrosos para la población” y limitar en la medida de lo posible el coste de la crisis para el erario público.

Salgado reconoció que “en parte lo logramos y en parte no”, pero matizó que quiere “pensar que, en alguna medida, contribuimos a preservar el futuro de España y a paliar el sufrimiento de los sectores más vulnerables”.

Durante el mandato de Salgado se hicieron los famosos recortes de mayo de 2010 que supusieron un tajo en los sueldos de los funcionarios entre otras medidas. Salgado pasó de puntillas (ha sido una de las intervenciones más breves de esta Comisión), por este capítulo que provocó una grave erosión en las filas socialistas, agravado por la reforma laboral, que ni siquiera ha citado hoy. Salgado insistió en que esa noche se logró evitar el rescate, y que contó con el voto mayoritario de la Cámara en la que precisamente hoy defiende su gestión.

Tampoco salió en su intervención la fusión de Bancaja y Bankia y la decisión de salir a bolsa de esta última que también se tomaron bajo su mandato. Pese a que precisamente esta comisión del Congreso estudia estas cuestiones, la ministra ni las comentó en su discurso oficial. Durante la instrucción del caso Bankia se llegó a barajar la imputación de la exministra ya que de forma reiterada los testigos aseguraban que la decisión final del salto al parqué se hizo empujada por el Gobierno de la nación.

Los diputados sí le hicieron preguntas sobre la decisión de esta salida con escaso éxito. Especialmente reseñable fue que Salgado negó haber llamado a inversores institucionales para que compraran acciones de la entidad, un rumor que corrió con fuerza y que envolvió especialmente al caso de Iberdrola. Salgado aseguró que al que hubiera hecho esas declaraciones era mejor “no comprarle un coche usado”. El diputado del PP, Miguel Ángel Paniagua, insistió en su turno de preguntas sobre estas supuestas llamadas, ante lo que la exministra recordó que estaba en la Comisión “bajo la obligación de declarar” y bajo esa responsabilidad aseguró: “ni yo, ni ninguna persona por encargo mío hizo ninguna llamada”. También se escaqueó la responsabilidad de haber instado la salida a bolsa de Bankia. En el juicio que está a punto de abrirse no se le ha llegado a acusar.

Otro punto negro de su breve mandato, la gestión de la Lista Falciani, salió a relucir gracias a la intervención del diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre. Salgado aseguró que no hubo intervención política alguna en la forma en la que se abordó la gestión de aquella lista en la que figuraba el nombre de la familia Botín. Los Botín regularizaron una fortuna en Suiza pero no hubo ningún procedimiento legal para aclarar por qué habían tenido ese dinero fuera, algo muy cuestionado. Además, Hervé Falciani siempre ha defendido que hubo un interferencia política que cortó la transmisión de la lista, que no se recuperó hasta varios años después cuando se comenzó a investigar en varios países europeos.

Salgado, caracterizada por su lealtad inquebrantable a José Luis Rodríguez Zapatero y de ahí que fuera la persona elegida para ejecutar los recortes, hizo escasa autocrítica pero también apenas echó balones fuera. A su antecesor, Pedro Solbes, tan solo le cargó el hecho de haber elaborado mal las cuentas de 2009, algo que el propio Solbes reconoció en su comparecencia del día anterior.

También recordó que la decisión de Jean Claude Trichet de subir los tipos de interés con la recesión ya avanzada agravó el caso. Y que el tipo de rescate que se instrumentó por parte de la troika para Grecia era lento, costoso y de difícil ejecución, lo que no mejoró la crisis de deuda ni el peligro de ruptura del euro. En las intervenciones posteriores a la inicial, Salgado se ha centrado en el papel del BCE al no haber optado por una política expansiva a tiempo, haciéndole en cierta forma el principal responsable del agravamiento de la crisis, sobre todo en comparación con lo sucedido en EEUU.

En cuanto a las reuniones del Ecofin en las que se decidió el rescate a Grecia, Salgado destacó que el político que más se preocupaba del coste social que tendrían las medidas en los ciudadanos griegos era Jean Claude Juncker, entonces primer ministro de Luxemburgo y ahora presidente de la Comisión Europea.

Un último aspecto especialmente polémico con el que cerró el Gobierno de Zapatero fue el indulto al banquero Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander. Rafael Mayoral le preguntó por esta cuestión que quedó en el aire sin resolver. Sí contestó la exvicepresidenta a las interpelaciones del diputado de Unidos Podemos sobre la “puerta giratoria” por la que la exministra fichó en un primero momento por una filial chilena de Endesa. Salgado le ha recordado a Mayoral que su formación es de “ingeniera especializada en energía” y que si se hiciera una regulación clara del salto del Gobierno a la empresa privada se vería que su casa estaba “fuera de dudas”.

“No tengo que pedir disculpas y creo que en un Gobierno deben estar los mejores” ha concluido la exvicepresidenta.