Los trabajadores de Ence recorren Madrid para luchar contra el “cierre político” de la planta de Pontevedra
Los trabajadores del grupo Ence Energia y Celulosa junto con empleados del sector del transporte, forestal, industrial, los estibadores de los puertos de Marin y Ribadeo y empresas auxiliares se han concentrado frente a la sede del PSOE en Ferraz (Madrid) para pedir que no se cierre la planta que la compañía tiene en la ciudad gallega de Pontevedra y denunciar que el traslado que está estudiando el Gobierno no es viable.
“Estamos hoy aquí para decirles a los que nos representan que basta ya, con nuestros puestos de trabajo y con el pan de nuestros hijos no se juega”, declara la portavoz y presidenta del comité de empresa de Ence, Ana Cedeira. A gritos de “¡5.000 trabajadores contra 4 vividores!” y “¡Sánchez escucha, Ence está en lucha!”, los manifestantes han recorrido las calles de la capital desde la sede del PSOE hasta el Congreso de los Diputados.
El Gobierno quiere cerrar la planta por cuestiones medioambientales y por el fin de la concesión de la explotación, sin embargo, los trabajadores califican el cierre de “decisión irresponsable e incoherente”. “Han creado un problema donde no lo había, teníamos una prorroga y en cuanto subió al poder el gobierno socialista se allanaron. En blanco y en botella”, reclama Cedeira.
En cuanto al posible traslado a otra zona del territorio gallego, demandan que no es posible. “Se ha demostrado técnicamente, esta fábrica necesita una serie de condiciones técnicas que solo se dan en su ubicación actual, y que no existen en otra parte de Galicia”, declara la portavoz del comité de empresa.
Están en juego 400 puestos directos y 5.000 en total. “No solo es la fábrica, es todo lo que mueve alrededor. El sector portuario, de transporte, el forestal …”, explica Cedeira, quién recuerda que Ence es un grupo empresarial y si cae uno se cae todo. Los trabajadores de la compañía intentaron reunirse con Pedro Sanchéz el pasado abril y, según su versión, no obtuvieron respuesta. “Cuando vino la ministra de Trabajo a Pontevedra, nos entrevistamos con ella y le volvimos a pedir hablar con Pedro Sanchéz. Tampoco obtuvimos respuesta”, comentan.
Proceso de la concesión
En enero de 2016 el gobierno de Mariano Rajoy le otorgó a Ence una prórroga que se extendía hasta el año 2076. Una decisión que fue denunciada por el Ayuntamiento de Pontevedra, cuyo alcalde desde 1999 es Miguel Anxo Fernández Lores del BNG, la Asociación por la Defensa de la Ría de Pontevedra y diversas asociaciones ecologistas. La Abogacía del Estado, inicialmente, se personó a favor de la empresa, pero tras el cambio de Gobierno cambió la postura. Así, el 8 de marzo la Abogacía del Estado cambiaba de criterio por orden del Ministerio de Transición Ecológica y apoyaba la anulación de la concesión.
Tocaba esperar la decisión de los tribunales y a principio del mes de abril la Audiencia Nacional decidió continuar con el proceso judicial abierto, otorgándole mucho más tiempo a la compañía, que ya avisó que agotará todas las acciones legales, llegando incluso a instancias europeas, lo que puede alargar el proceso hasta seis años.
En su resolución, la Abogacía del Estado recordaba que la legislación vigente limita las concesiones en terreno marítimo-terrestre, como los que ocupa Ence en la ciudad gallega, por un período máximo de 75 años, contados desde el momento en que se otorgó la primera concesión. La compañía de pasta de papel tiene permiso para ocupar unos 373.000 metros cuadrados de costa desde 1958 y, por tanto, el máximo de permanencia debería limitarse a 2033 y nunca prorrogarse hasta 2073, por lo que la resolución ministerial “no sería conforme a derecho”, según la Abogacía.
Drama por tener que abandonar Pontevedra
Piñeiro y Carlos son responsables de mantenimiento, llevan trabajando en Ence 6 y 7 años, respectivamente. Para ellos el cierre de la planta supone quedarse sin oportunidades en Pontevedra. “No nos quedaría nada. Estudié ingeniería industrial y de mis compañeros soy el único que trabaja en Pontevedra. Al final tendremos que emigrar y buscarnos la comida y las lentejas en otras ciudades de España o el extranjero”, comenta Carlos. Para estos trabajadores el problema es político. “Están vendiendo que contaminamos, pero realmente no es así. Cumplimos con toda la legislación medioambiental y están vendiendo políticamente que no es así”, declaran.
Pablo, lleva 19 años trabajando en la planta en sistemas informáticos. Para él supone un verdadero drama el cierre, ya que después de desarrollar toda su vida en Pontevedra se vería obligado a marcharse. “No hay alternativa, el cierre supone irse al paro o a otro sitio”, comenta. “Llevamos mucho tiempo con una incertidumbre muy grande, esto ha provocado que la propia empresa haya desincentivado las inversiones en la planta”.
María lleva 25 años en la empresa como técnico de administración forestal. “Soy pontevedresa de toda la vida. Allí está Ence y Ence, no hay nada más”, explica. Para esta trabajadora encontrar otro puesto de trabajo supone un autentico drama. “¿Con 48 años quién me va a contratar?”, se pregunta. No es la primera vez que María está en lucha: “Cada vez que hay elecciones estoy en esta guerra. Nos están mintiendo, la misma empresa en Navia no tiene ningún problema. Hay mucha especulación y mentira en torno a la contaminación. El problema es que el Ayuntamiento de Pontevedra no nos quiere”.
