El nuevo curso recuperará uno de los temas laborales que ha generado más debate en los últimos años, fuera y dentro del Gobierno: la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). El Ministerio de Trabajo está organizando la actividad del departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz a la vuelta del verano y ya ha citado a la comisión de expertos sobre el análisis del SMI a una reunión el próximo 2 de septiembre. Trabajo quiere que el órgano consultivo aporte de nuevo su opinión sobre el incremento en 2023, que tiene que situar el SMI en el 60% del salario medio, como prometió el Gobierno de coalición según recomienda la Carta Social Europea.
La cita ha sido convocada para el próximo viernes 2 de septiembre, a través de un correo electrónico. El Ministerio de Trabajo recuerda que el informe del comité asesor, que propuso un SMI entre los 1.011 y 1.049 euros en 2023, se presentó hace algo más de un año basándose en distintas previsiones de salario medio en 2020.
Unos datos que ya han sido publicados por el INE, en la Encuesta anual de Estructura Salarial (EES), por lo que el departamento de Yolanda Díaz cita de nuevo a los expertos y expertas para que aporten una valoración actualizada sobre el alza del SMI el próximo año con el sustento de los datos oficiales.
Preguntado por el encuentro este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado el compromiso del Ejecutivo con llevar el SMI al 60% del salario medio. “Evidentemente, es una de las tareas que tenemos que abordar en el próximo otoño”, ha respondido Sánchez durante su comparecencia de prensa junto con el primer ministro de Albania, Edi Rama.
En estos momentos, el salario mínimo alcanza los 1.000 euros brutos al mes tras las importantes subidas aprobadas en los últimos años, entre las que destacan la de 2019. Unos incrementos que en los últimos meses erigen como bandera social desde ambas alas del Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos, pero que en el pasado ha generado importantes tensiones en la coalición. Especialmente entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño, por su congelación durante meses en 2021.
Se impone el escenario con la subida más elevada
En su informe, el comité de expertos vislumbró tres metas de SMI en 2023, en función de cuánto subiera el salario medio en 2020. Las hipótesis eran las siguientes: que el salario medio aumentara un 1,8%, según lo estaban haciendo los salarios pactados en convenios colectivos; que el incremento fuera del 0,9%, como la inflación esperada de ese año; y, por último, un tercer escenario en el que el salario medio quedara congelado, sin ninguna subida.
La siguiente tabla recoge los tres SMI simulados, que cumplirían en cada situación con la meta del 60% del salario medio.
Los resultados de la EES, publicados a finales de junio, se acercan finalmente al escenario de SMI más elevado (los 1.049 euros al mes) ya que el incremento anual del salario medio roza el 1,8% previsto como hipótesis, indican fuentes de Trabajo. La comisión de expertos tomó como referencia el salario medio en jornada completa. Este aumentó un 1,65% en 2020, hasta los 2.406,8 euros brutos mensuales. Para el cálculo final del SMI, la comisión calcula un salario medio teórico, al que aplica ese umbral del 60% que recomienda la Carta Social Europea. En caso de alcanzarse esos 1.049 euros al mes, el aumento del SMI sería del 4,9% respecto al actual.
El Ministerio de Trabajo quiere que la comisión de expertos y expertas se vuelva a pronunciar sobre la subida, una vez se conocen los últimos datos de salarios y ante el actual contexto de elevada inflación, para que actualicen su estimación de cuál sería ese 60% del salario medio y aporten “su opinión” sobre el incremento.
Subida en un contexto de crisis inflacionista
Con ese respaldo técnico de la comisión asesora, en el que se ha apoyado a menudo Trabajo para defender los incrementos del SMI, se activarían las siguientes fases hasta la aprobación definitiva del SMI en el BOE: la consulta de Trabajo en el diálogo social, con las patronales y empresarios más representativos, y cerrar la decisión dentro del Gobierno. El Ejecutivo es quien tiene la última decisión al respecto, por mandato legal.
Así lo establece el Estatuto de los Trabajadores, que recoge que el Gobierno establecerá el salario mínimo interprofesional “teniendo en cuenta”: el índice de precios de consumo (IPC), la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.
En estos factores económicos destaca sobre todo uno, la inflación, disparada en estos momentos en el 10,8% (para el año que viene el Gobierno prevé el 2,9%). El gran auge de los precios afecta en más medida a los hogares con más dificultades económicas. También la coyuntura económica, de revisión del crecimiento a la baja y una gran incertidumbre por la guerra en Ucrania. Ambos elementos pueden marcar la discusión de la definición del alza para 2023, tanto en las reclamaciones de sindicatos y patronales como en las conversaciones internas del Ejecutivo, que deberían concluir antes de que termine este año.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz han destacado en sus discursos de los últimos días la misma idea: la defensa de las subidas del salario mínimo en los últimos años, de intensa creación de puestos de trabajo como ha mostrado la última EPA, en contra de las teorías “catastrofistas” que preveían una gran destrucción de empleo. Habrá que ver si, en el nuevo curso, las dos formaciones de la coalición comparten también criterio para fijar el nuevo salario mínimo.