Transición Ecológica autoriza el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha autorizado el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña. La orden también autoriza la transferencia de titularidad de la instalación de Nuclenor (empresa conjunta de Iberdrola y Endesa) a Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos nucleares que será responsable del desmantelamiento.

La previsión es que los trabajos empiecen en los próximos días. El Consejo de Seguridad Nuclear informó favorablemente sobre el desmantelamiento el pasado mayo. El desmantelamiento costará 475 millones de euros y prevé que hasta 350 personas trabajen en él de forma simultánea y se alargará hasta 2033.

Esta central está situada en el Valle de Tobalina (Burgos), Garoña tenía una potencia instalada de 466 MW, se inauguró en 1971 y se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012, cuando Nuclenor comunicó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo su decisión de no seguir explotándola.

En julio de 2013 se declaró el cese definitivo de explotación, pero éste no se debía a razones de seguridad nuclear o protección radiológica, de modo que la empresa de Iberdrola y Endesa presentó una solicitud de renovación de la autorización en mayo de 2014. Finalmente, en agosto de 2017, esta solicitud fue denegada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. 

Fases

En la Fase 1 (2023-2026) se desmontarán los sistemas, estructuras y componentes del edificio de turbina, y se acometerán las modificaciones de sistemas e instalaciones necesarias para la gestión de los residuos resultantes. A la vez, se evacuará el combustible gastado desde la piscina hasta el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central.

En la Fase 2 (2027-2033), ya con el combustible en el ATI, se abordará el desmantelamiento final de los edificios de carácter radiológico, continuando con las descontaminaciones, desclasificaciones y demoliciones, para concluir con la restauración del emplazamiento.

La gestión del combustible ha sido un tema polémico ya que las propietarias de la central, Iberdrola y Endesa, cerraron unilateralmente hace una década dejando en su piscina todo el combustible. Transición Ecológica tuvo que poner en marcha un nuevo reglamento sobre instalaciones radiactivas para que no se volvieran a repetir situaciones así. 

De hecho, el Plan General de Residuos Radiactivos, cuya aprobación fue en 2006, prevé que el desmantelamiento de una central nuclear se tenga que empezar tres años después de la parada definitiva.

Garoña se desconectó de la red en diciembre de 2012 por decisión unilateral de su propietaria, Nuclenor, sociedad conjunta de Endesa e Iberdrola, lo que le valió una multa de 18,4 millones de euros por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que confirmó el Tribunal Supremo a finales de 2018.

Las mayores eléctricas estaban enfrentadas entonces al Gobierno del PP por los impuestos al sector que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Trataron de presionar usando como moneda de cambio el futuro de esa pequeña central, de solo 466 megavatios (MW) de potencia. Tras desconectarla, llegaron a plantear que volviera a operar hasta 2031, cumplidos 60 años. Hasta el último momento, el gobierno de entonces intentó frenar su cierre, pero mantuvo los impuestos a las eléctricas. Finalmente se dio por vencido en 2017. 

En Garoña hay 2.245 elementos de combustible gastado, 440 toneladas de uranio. De ellos, hay 14 “clasificados preliminarmente como dañados”, según el CSN, porque “presentan falta de estanqueidad” y van a requerir de un nuevo tipo específico de contenedor, según la última revisión del plan de gestión del combustible gastado de la central de principios de este año.

Una vez descartada la opción de un almacén temporal centralizado (ATC) para los residuos, hace unos días los máximos responsables de Enresa y el CSN pedían que una ley blinde el futuro AGP para que su ubicación se elija con el máximo consenso.

Revitalización de la zona

El Ministerio colabora desde 2020 con los 27 municipios afectados por el cierre de la instalación y ya ha destinado 7,7 millones a financiar 12 proyectos municipales para revitalizar la zona. Los proyectos abarcan el ámbito sociosanitario, de fomento del turismo, de rehabilitación de inmuebles, de restauración ambiental, de gestión de biomasa.

Según el Ministerio se está trabajando en una nueva convocatoria para este tipo de proyectos. Por otro lado, se están tramitando líneas de ayudas a empresas y pequeños proyectos de inversión, que se resolverán a final de año, a las que se han presentado proyectos de la zona.