Pagar por trasteros que no existen o contratos de alquiler de dos años: así esquivan la ley algunos propietarios
El decreto que lanzó el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado marzo que modificó los contratos de alquiler fue tachado de insuficiente por los sindicatos de inquilinos y por el grupo de Unidas Podemos, que no obstante facilitó su aprobación en el Congreso para evitar, explicaron, el mal mayor de mantener la ley del PP. De este modo, se elevó la duración de los contratos de tres a cinco o siete años (las personas jurídicas) y se limitaron las fianzas y garantías exigibles al inquilino a tres meses.
Aunque el Gobierno no aceptó introducir un freno a las subidas de precios entre contratos, como le reclamaban sus entonces socios, sí se avino a añadir la cautela de que las rentas dentro de un mismo contrato solo puedan subir anualmente como lo haga el IPC.
El fondo buitre Blackstone está usando fórmulas para sortear esta limitación a través de “bonificar” o aplicar una rebaja el primer año de contrato y dejar de hacerlo al siguiente, al tercer año pasar al inquilino la factura del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y a partir del cuarto del gasto de la comunidad de vecinos. Este último además puede ser tan alto como lo desee el fondo de inversión, único casero y propietario del edificio. El sistema se está usando también en las viviendas protegidas que le vendió el Ayuntamiento de Madrid. Según el Ministerio de Fomento se trata de acuerdos privados entre propietarios e inquilinos y por lo tanto son legales.
No opinan lo mismo abogados especializado en derecho inmobiliario como Alejandro Fuentes–Lojo: “Es un fraude de ley en toda regla. El problema aquí son las bonificaciones. Para que sean legales deberían adaptarse a un justo motivo. Por ejemplo, unas obras. Pero no tienen causa. Están diseñadas para aumentar el precio por encima del IPC”. Por su parte, los sindicatos de inquilinos están acumulando pruebas y creen que acabarán por llevar el tema ante los tribunales: “hemos llevado a juicio a propietarios por acoso, y lo haremos por estas cláusulas. Para nuestro juristas es fraude de ley”, afirma el portavoz del Sindicat de Llogateres, Jaime Palomera.
Y no es solo Blackstone. Hay más fondos de inversión y sociedades y más trucos que sus despachos legales han ideado para sortear las nuevas limitaciones que les imponen las leyes que regulan los alquileres. Los sindicatos de inquilinos, que prefieren no dar de momento los nombres de estos fondos o empresas porque se encuentran en pleno proceso de renegociación, explican que estas son algunas de las triquiñuelas utilizadas de las que han tenido noticia:
Bonificaciones. Además de la fórmula ya descrita y aplicada por Blackstone, hay otras cláusulas similares. Por ejemplo, se bonifican 200 euros mensuales de renta durante los cinco primeros años de vida del contrato. Si la familia quiere quedarse hasta los siete que le corresponde por ley, tendrá que pagar más a partir de entonces. “En este caso el propietario es una SL que se presentaba como pequeño propietario, pero al parecer tiene 300 viviendas en Barcelona. No es un fondo buitre, sino una empresa que gestiona muchas viviendas”, dice Palomera.
Párking o trastero fantasma. En este caso, hacen firmar un anexo al contrato en el que se detalla que a partir del segundo o el tercer año el inquilino va a pasar a disponer de un trastero o plaza de párking, lo que le va a suponer una subida de 200 euros mensuales. Pero esos elementos adicionales son inexistentes, es tan solo un método de subida de precio. “En este caso el inquilino puede denunciar”, afirma el portavoz.
Contratos de dos o tres años ilegales. Hay empresas que están ofreciendo contratos de menos duración de la mínima estipulada por ley. “Si el inquilino se queja, dicen que se han equivocado”, describen. A continuación, ofrecen un contrato de siete años pero por doscientos euros más al mes desde el primer momento. Como recuerda Marco, del Sindicato de Inquilinas de Madrid, “un contrato entre particulares no puede ir contra la ley. Aunque tú firmes en tu contrato que el casero te puede dar latigazos, no es así, no puede”.
Contratos bonificados pero con subidas de IPC referenciadas al precio completo. Otro caso que les ha llegado a los sindicatos es el de una empresa que bonifica durante tres años la renta, cobra 550 euros mensuales y al cuarto 700. Pero especifican que la subida anual en función del IPC se hará sobre la renta no “bonificada”, es decir, se subirá el porcentaje correspondiente de 700 euros, no de 550, desde el primer año.
Prórrogas informales, supuestamente a la espera del PP. Otros inquilinos relatan que al terminar sus contratos no les están renovando ni haciendo otro nuevo, sino ofreciendo un anexo o prórroga “informal”. Según su criterio tratan de ganar tiempo con la esperanza de que el PP vuelva al Gobierno y rebaje de nuevo la duración de los contratos antes de hacer otros nuevos, explica Palomera.
