El Tribunal de Cuentas critica posibles “arbitrariedades” en un contrato de 140 millones que Adif olvidó remitirle
El Tribunal de Cuentas ha criticado posibles “arbitrariedades” en la licitación de un contrato que Adif adjudicó a finales de 2013 al grupo de aparcamientos de Saba por 140,4 millones de euros y que el administrador ferroviario se olvidó inicialmente de remitir por “error” al órgano fiscalizador, aunque finalmente este sí pudo analizarlo.
El 20 de diciembre de 2013, Adif adjudicó a Saba, ex filial de Abertis controlada por La Caixa (51%) y participada por Torreal (del multimillonario Juan Abelló) y otros fondos, la explotación durante diez años de 72 aparcamientos en 51 estaciones ferroviarias. Al procedimiento se presentaron cinco licitadores, pero finalmente solo dos, Saba e Isolux, presentaron oferta. La de Saba fue un 3,5% superior a la de su rival y a lo establecido en pliegos. Adif estaba entonces presidida por Gonzalo Ferre, exdirectivo de Sacyr y de Abertis hasta que en 2012 fue fichado por la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, como subsecretario de ese departamento.
El Tribunal de Cuentas ha cuestionado las “complejidades” del procedimiento en un informe publicado esta semana. Sus críticas se basan fundamentalmente en que los pliegos permitían presentar ofertas para distintos plazos de duración del contrato y, para poder comparar proposiciones de diferente plazo, preveían que se “desactualizasen” las ofertas, pero sin precisar “la manera de realizar la desactualización”.
Para el Tribunal de Cuentas, el cálculo de esa “desactualización” introdujo “una complicación innecesaria sin aportar ninguna utilidad”, porque matemáticamente llevaba al mismo resultado que si para cada periodo ofertado se hubiera dividido la diferencia entre el importe único ofertado y el mínimo indicado en el pliego por el número de años de ese periodo.
La “falta de claridad en los pliegos y en el procedimiento de licitación supone una merma en la transparencia del procedimiento y un riesgo de que se pueda elegir el procedimiento de desactualización de manera arbitraria para favorecer a determinados licitadores”, resume el informe, que fiscaliza las operaciones inmobiliarias más significativas protagonizadas por las empresas estatales en el periodo 2013-2015.
Añade que “la introducción de estas complejidades entorpeció injustificadamente el procedimiento de licitación y pudo llevar a que el licitador no incluyera importes que se adecuaran exactamente a sus intereses, al no tener claro el cálculo a realizar”. No obstante, considera que “probablemente” esa complejidad “no tuvo el efecto de impedir que licitasen posibles interesados ya que se trataba de un expediente de elevado volumen económico”.
El organismo recomienda a Adif que, “para conseguir un control más eficaz de la tramitación y con menor riesgo de arbitrariedades”, detalle en este tipo de contratos “lo más posible las fases de la licitación de esos arrendamientos” y los plazos para presentar la documentación o las ofertas; la “composición y funciones de la mesa de contratación u órgano similar; posibilidad de asistencia de técnicos en la valoración de las ofertas técnicas; apertura y revisión de la información remitida por los licitadores relativa a los aspectos administrativos y de solvencia y a las ofertas; informes de valoración de las ofertas; y comunicación de la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios”.
Omisión
El informe subraya que este contrato inicialmente “no fue incluido en las relaciones anuales de contratos remitidas al Tribunal de Cuentas”. Fuentes de Adif indican que “el hecho de que este expediente no figurase en las relaciones anuales de contratos remitidas por Adif al TC se debió a un mero error en la elaboración de estas relaciones periódicas, que son sólo una parte de la amplia documentación facilitada por Adif al TC”.
La empresa estatal asegura que “fue el propio Adif quien, advirtiendo la omisión, puso de manifiesto esta circunstancia al TC al inicio de la fiscalización, suministrando en ese momento la información correspondiente al expediente” con carácter previo a la publicación del informe.
Desde el Tribunal de Cuentas se matiza que Adif no advirtió de nada. Aunque creen que el error pudo deberse a problemas de rodaje con la plataforma electrónica utilizada para remitir la documentación que también afectaron a otros procesos de fiscalización, señalan que fue el propio organismo, por vía telefónica, el que recordó a Adif que debía remitirle todos los contratos, según esas fuentes.
En otras ocasiones, estas omisiones no se solventan. Así ocurrió recientemente con 344 contratos adjudicados en 2005 por 403 millones que cinco ministerios ocultaron al órgano fiscalizador.
