Última fase de la reforma de pensiones: los años para el cálculo de la jubilación y la cotización de los sueldos más altos

La reforma de pensiones del Gobierno de coalición afronta su última fase. El Ejecutivo presentó bloques de nueve grandes cambios que incluyó dentro del Plan de Recuperación de Bruselas por la pandemia, como la revalorización de pensiones según el IPC, que se han ido aprobando poco a poco desde 2020. Ahora comienza el debate de las últimas modificaciones, con la previsión de que el Ministerio de la Seguridad Social presente sus propuestas a comienzos de septiembre a los sindicatos y las patronales, según ha afirmado en varias ocasiones el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Quedan dos puntos pendientes: el periodo de años para calcular la pensión y lo que cotizan los sueldos más altos, temas que han generado en el pasado tensiones en la coalición de gobierno. También, despejar las dudas de Bruselas sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

El pasado jueves, el Gobierno recibió el aval de la mayoría del Parlamento de una de las piezas que ha resultado más difícil de negociar en la reforma, la cotización de los autónomos según sus “ingresos reales”. Esta se demoró durante meses, hasta lograr un consenso de todas las partes del diálogo social y de los colectivos de autónomos más representativos (ATA, UATAE y UPTA) en julio. Superada esta, el calendario diseñado por el Gobierno encara su recta final.

En el último cuatrimestre, y antes de que termine 2022, el Gobierno debería aprobar los dos elementos pendientes, de los que por el momento solo se conoce una línea general de las intenciones del Ejecutivo.

Cambios más controvertidos

Las dos últimas modificaciones, y a la espera de posible cambios en el MEI, no se prevén sencillas. Por el momento, y sin haberse concretado todavía su letra pequeña, ya han generado varias tensiones dentro del Ejecutivo y también con los agentes sociales.

En primer lugar, la reforma del periodo de cómputo de la pensión, que avanza hoy hacia los 25 años fruto de la reforma de pensiones de 2011. Es decir, de cara al cómputo de la jubilación, la Seguridad Social tiene en cuenta los últimos 25 años de la carrera laboral de un ciudadano.

En los documentos enviados a Bruselas esta reforma se encuadra dentro de la adecuación a las “nuevas carreras” laborales, menos continuas y en las que los últimos años no son necesariamente los mejores, y se recoge expresamente una ampliación de estos años.

Ante los temores y críticas por una posible extensión de este periodo, que llegó a enfrentar a las dos almas del Ejecutivo por una propuesta para situarlo en 35 años que no triunfó, el ministro José Luis Escrivá ha señalado que aún hay “varias combinaciones” posibles para esta, como la ampliación del periodo de la mano de la posibilidad de exceptuar los peores años. El ministro, en sus declaraciones, ha ceñido siempre la reforma a esas “nuevas carreras de cotización”, que ha cifrado en el 30% de trabajadores.

Así, está por ver cuál es la propuesta del Gobierno sobre este periodo de años para calcular la pensión y si se aplicaría a todo el mundo o solo a un colectivo concreto de trabajadores, y quiénes serían. Los sindicatos han advertido de sus recelos, ya que una ampliación de este periodo –sin peros como la posibilidad de exceptuar ciertos años– llevaría a una reducción en la pensión media de manera general, que beneficiaría a algunos colectivos (parados de avanzada edad) mientras que perjudicaría a otros (mujeres), según sus cálculos.

En segundo lugar, lo que se denomina la “adecuación de las bases máximas de cotización”, que se traduce en qué cotizan a la Seguridad Social los salarios más elevados. Los sueldos más altos se suele decir que están “topados”, es decir, que solo cotizan hasta cierta cantidad. En 2022, hasta los 4.139,40 euros mensuales. Por encima de esa cifra, los salarios no cotizan a la Seguridad Social con la lógica de que el sistema de pensiones también pone un tope a la pensión máxima que recibirán estas personas en un futuro.

Ahora, el Gobierno afronta un debate para aumentar estas bases máximas, lo que cotizan los mayores salarios. La discusión aquí es compleja, porque para preservar la contributividad del sistema (aporto más, recibo más) esta modificación también debería suponer un aumento de la pensión máxima. La clave es cuánto. Porque el sistema de pensiones es contributivo, pero también solidario. Los que más tienen aportan más a las arcas de la Seguridad Social y garantizan un mínimo de pensiones y otras prestaciones a los que menos tienen y, por tanto, menos han podido contribuir al sistema.

En Unidas Podemos insisten en la necesidad de “destopar” los sueldos más altos para que coticen mucho más a la Seguridad Social, pero sin abordar qué debería pasar con las pensiones máximas. En los sindicatos CCOO y UGT, que representan a trabajadores con salarios bajos, pero también con sueldos elevados, hay más matices con este tema: por un lado, una defensa de que quien más tenga, más aporte a lo público para alcanzar un sistema más solidario; pero también con una reclamación de que no se rompa la contributividad del sistema y que las pensiones máximas suban.

Por otro lado, las patronales son las más reacias a este punto. Tanto por lo que supone en pagar más cotizaciones sociales por sus trabajadores con sueldos altos, como por la cotización de los propios empresarios, muchos autónomos, que suelen ganar altas remuneraciones y para los que las pensiones están “topadas”.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional

En último lugar, habrá que ver qué sucede con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el único elemento de la reforma de pensiones del que se descolgaron los empresarios y que genera dudas en Bruselas. El Gobierno lo aprobó para sustituir al factor de sostenibilidad aprobado por el PP en su reforma de 2013, que después tuvo que aplazar ante la falta de consenso y que reducía las pensiones futuras.

El MEI es una herramienta de despliegue gradual, que refuerza los ingresos del sistema de manera temporal con una cotización a la espera de cómo estén las cuentas de la Seguridad Social en unos años y la evaluación sobre si hay que tomar más medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema. Es lo que el ministro Escrivá denomina un mecanismo “semiautomático”, pero que ha reconocido que no convence del todo a la Comisión Europea, lo que podría generar algún cambio.

Bruselas reclama una regla más automática, ha explicado Escrivá, y duda de las cuentas del Ejecutivo español a la hora de calcular su repercusión. En este último tramo del año, el Gobierno deberá presentar las dos últimas piezas de la reforma y justificar sus datos sobre el MEI, claves para que la Comisión Europea autorice el cuarto tramo de fondos por la pandemia.