La reforma constitucional que no será

Hace apenas dos meses, en una entrevista con Pedro Sánchez en eldiario.es, pregunté al secretario general del PSOE si se fiaba de Mariano Rajoy, si confiaba en su palabra, si no le preocupaba que le ocurriera con su acuerdo de reformar la Constitución lo mismo que le pasó a Albert Rivera, cuando pactó una serie de medidas para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno que después el PP no cumplió. Esto fue lo que me contestó:

Dos meses después, hoy muy pocos en el PSOE y casi nadie de entre los dirigentes del resto de los partidos parecen aún creer que en esta legislatura se vaya a aprobar una reforma constitucional. El PP cumplió con el PSOE nada más que en los mínimos formales; apoyó que se abriese una comisión de estudio de la reforma constitucional. Una comisión a la que Rajoy ha puesto el freno de mano y que no tiene apenas visos de prosperar.

La reforma parece imposible, entre otros motivos porque el PP se ve vencedor del envite catalán. Por eso muchos de sus dirigentes proponen hoy una contrarreforma; un Estado más centralizado que el actual. Es también un brindis al sol, porque esa propuesta cuenta con aún menos apoyo parlamentario y social de quienes quieren una reforma federal. Pero es una posición de bloqueo: si unos piden más autonomía y otros más centralidad, el punto de acuerdo es no hacer nada; la Constitución actual.

Mariano Rajoy, además, tiene incentivos para no moverse lo más mínimo en la reforma constitucional. No solo porque no moverse sea su tendencia política natural. También porque la división en la derecha –por el empuje de Ciudadanos, pero también por el aznarismo latente– complica al líder del PP plantear cualquier reforma constitucional que pueda ser cuestionada como una cesión o un premio a los independentistas catalanes.

Sea cual sea el resultado electoral en Catalunya el próximo 21D, también si los independentistas se quedan a unos escaños de la mayoría parlamentaria, el problema de fondo seguirá sin arreglarse. No es solo el anhelo independentista de un alto porcentaje de los catalanes. Es la ruptura del pacto constitucional entre la mayoría absoluta de la sociedad catalana –no solo los independentistas– y el resto de España.

El pacto constitucional con Catalunya son dos leyes: la Constitución y el Estatut. Y ese pacto está roto porque el Estatut que votó el Parlamento catalán, el Parlamento español y los catalanes en referéndum fue, después de todo ese proceso, mutilado por el politizado Tribunal Constitucional. El contrato quedó recortado pero en vigor, y de esa frustración nace en gran medida este conflicto, que solo se podrá enmendar si se reconstruye el pacto constitucional. Si los catalanes, como el resto de los españoles, aprueban una reforma constitucional que debería partir de dos premisas: la igualdad de derechos entre todos los españoles, pero también la diversidad en esa unión.

De facto, aunque se diga poco, el modelo autonómico español es asimétrico y reconoce la diversidad; en algunas cosas se parece más a una confederación que a una federación. Lo era todavía más en su primer diseño de 1978, cuando se dibujaron dos velocidades distintas para el desarrollo autonómico. Y es evidente su asimetría, su reconocimiento de la diversidad, cuando hay dos modelos fiscales –el vasco y el de los demás– y, también un régimen foral. No es siquiera de ahora. Es tan antiguo como la propia construcción del Estado español.

La Constitución no solo necesita una reforma por el problema catalán –y por otros muchos más–. También vendría bien que se cumplieran todos sus artículos, no solo aquellos que reivindica el PP.