Virulencia contra las mujeres. Más agenda feminista

Que el coronavirus tiene un impacto mayor sobre las mujeres es una evidencia que ha puesto de manifiesto ONU Mujeres en su informeCovid-19 en América Latina y el Caribe: cómo incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la gestión de la respuesta a la crisis. Aprendiendo de crisis sanitarias o económicas anteriores, en el informe se piden datos desagregados por sexo y análisis de género, incluyendo tasas diferenciadas de infección, impactos económicos y en la carga de cuidado diferenciados, barreras de acceso de mujeres e incidencia de violencias machistas.

1. Para empezar, sabemos que en momentos de crisis crece el tamaño de la economía informal y doméstica frente a la economía formal o de mercado, lo que afecta especialmente a las mujeres.

2. Ellas están expuestas, además, a mayores cotas de precarización (menores tasas de actividad, mayores tasas de temporalidad y subempleo y una brecha salarial de hasta el 16% en toda Europa) por lo que sufren con más intensidad las medidas de contención. Por ejemplo, en España, las empresas no están incluyendo a los trabajadores temporales en los ERTE, de modo que puedan cobrar el paro sin haber cotizado y sin consumir su derecho a prestación por desempleo. Las mujeres asalariadas que tienen un contrato temporal son el 49,06% de los asalariados con contrato temporal y aunque hay más hombres que mujeres con contrato temporal, la incidencia de la temporalidad entre ellas es claramente mayor.

3. Las mujeres están en la primera línea de lucha contra el virus; un ejército invisible que neutraliza daños utilizando el cuidado como única herramienta. El cuidado en su dimensión física, emocional y relacional que es el único que permite que la vida salga adelante cuando está literalmente amenazada.

El 86% del personal de enfermería, incluidas gerocultoras y auxiliares de geriatría en centros de día y residencias de personas mayores, son mujeres. También lo son el 71% del personal de farmacia, el 93% del personal de limpieza, el 84% de las cajeras de supermercados, y el 88% de las empleadas de hogar.

En todos estos sectores hay precariedad y en todos se exige presencia física, esto es, dadas las circunstancias, asunción de riesgos; en ninguno se puede teletrabajar ni reducir jornadas que mermen los ingresos.

La sobrecarga de trabajo, la falta de protección y el abandono al que se han visto sometidas las trabajadoras de residencias de mayores, por ejemplo, ha sido y es todavía pavoroso.

Buena parte de las medidas sociales del Gobierno se han dirigido a reforzar este tipo de servicios, pero aún hay que mejorar, en el corto plazo, el acceso de las trabajadoras a la información y a los equipos de protección personal. Y en el medio plazo, revertir la privatización de estos servicios que permite a fondos de inversión y grandes grupos hacer caja a costa del dinero público, de las trabajadoras y de las personas mayores.

El caso de las empleadas de hogar es, a estos efectos, paradigmático porque quedaron excluidas del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, y se han visto forzadas a crear cajas de resistencia frente a la ausencia de ayudas.

Hay 580.500 personas en la rama de actividad de hogares como empleadores (INE, Diciembre 2019), de las que 319.000 están dadas de alta en el Sistema Especial de Seguridad Social de empleadas de hogar. Así que una buena parte de estas mujeres se mueven en la economía sumergida, tienen varios contratos al año, atienden un sinfín de urgencias de variado tipo, sin horarios fijos, no tienen papeles o padecen graves limitaciones para su autocuidado y los cuidados familiares.

Muchas cuidan de personas ancianas y pierden sus trabajos cuando mueren, de manera que serán multitud los empleos que se perderán por los fallecimientos del coronavirus. Cuando esto suceda, estas empleadas solo cobrarán un mes de indemnización y no tendrán prestación por desempleo. Y eso que su actividad supone un ahorro enorme para el sistema de servicios sociales (el costo de los puestos de trabajo que deberían sustituirlas en el SAD, en los centros de día y en las residencias).

Con el coronavirus, además, estando los empleadores en casa o por miedo al contagio, las empleadas de hogar estarán totalmente desprotegidas frente a la suspensión de sus contratos o la reducción de sus jornadas. Es cierto que el Gobierno está estudiando una solución temporal para ellas, pero, lamentablemente, se siguen quedando fuera las más de 200.000 que carecen de contratos y no cotizan. Dado que deberíamos haber ratificado el Convenio 189 de la OIT, para igualarlas en derechos, y no lo hicimos, ahora necesitaríamos ir mucho más lejos y aprobar una renta que les permita acceder a un mínimo de protección sin dejar a ninguna atrás.

4. El riesgo de pobreza de las familias monoparentales (82%) es muy alto y más de la mitad de esas familias se encuentran excluidas del mercado laboral o en riesgo de pobreza extrema.

El Gobierno ha planteado algunas medidas para los hogares monoparentales: el derecho de todos los trabajadores de reorganizar o reducir su jornada laboral (el 100% si es para cuidar familiares hasta el segundo grado) ante el cierre de colegios y servicios sociales, el refuerzo de los servicios de respiro a personas cuidadoras, y medidas de conciliación para aquellas familias –especialmente monoparentales– que cuenten con bajos ingresos.

A esto habría que añadir permisos retribuidos para que las reducciones de jornada no mermen sus ingresos y medidas de apoyo específicas cuando realizan trabajos remunerados imprescindibles para hacer frente a la crisis: cajeras, reponedoras, enfermeras, médicas o empleadas de servicios sociales, por ejemplo. Todo esto, claro, además de suspender temporalmente el pago de hipotecas, alquileres y servicios esenciales.

Como señala la ONU, la recomendación de teletrabajar no puede generalizarse asumiendo que será perfectamente compatible con el cuidado de los menores, invisibilizando una tarea de la que deben ser corresponsables las administraciones, las empresas y las familias.

5. Aunque son las mujeres las que cuidan, son ellas también las que sufren más la soledad, el aislamiento y la falta de cuidados. De las 4,7 millones de personas que viven solas en España (Encuesta continua de Hogares del INE, 2019), el 43% son mayores de 65 años y, de ese porcentaje, casi el 72% son mujeres. Mujeres que cobran las pensiones no contributivas y que están por debajo del umbral de la pobreza (70%).

Habría que considerar que, para estos casos, en plena crisis, se han revelado imprescindibles las redes de cuidado vecinales; formas de autoorganización y autogestión que merecerían el apoyo de las instituciones.

De hecho, ONU Mujeres ha pedido que se fortalezcan las organizaciones de mujeres a nivel comunitario para garantizar que los mensajes sobre estrategias de prevención y respuesta puedan llegar a todas, y que se aumente su capacidad para desarrollar estrategias, aprovechar canales alternativos de comunicación y mejorar la identificación y el apoyo en casos de violencia machista.

Y es que “en contexto de emergencia aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente violencia doméstica, debido al aumento de las tensiones en el hogar” y aumenta también el aislamiento de las mujeres. Las personas sobrevivientes “pueden enfrentar obstáculos adicionales para huir de situaciones violentas o para acceder a órdenes de protección y/o servicios esenciales que pueden salvar vidas, debido a factores como las restricciones de la circulación o la cuarentena”. Uno de esos servicios es, precisamente, el sanitario que ha servido como canal de prevención e intervención y del que ahora las víctimas no pueden disponer. La ONU subraya, además, que “el impacto económico de la pandemia puede generar barreras adicionales para dejar a una pareja violenta, así como mayor riesgo de explotación sexual2.

En fin, aunque el Gobierno en España está escuchando a las mujeres como no lo había hecho en décadas, aún nos hace falta un nuevo paquete de medidas sociales con el que enfrentar las urgencias específicas que sufren a diario.

Las mujeres tienen que formar parte, además, de la definición de ese paquete y de los equipos que articulan los protocolos de intervención, para que no se obvie el impacto diferencial que marcan los roles de género. Y en esos equipos no pueden faltar las voces de quienes ponen el cuerpo todos los días: las trabajadoras del sector sanitario, las trabajadoras domésticas, las del sector informal, y las mujeres migrantes y refugiadas a las que hay que asegurar el acceso a los servicios de salud, empleo, alimentación e información, prestando especial atención a quienes pueden ser objeto de trata con fines de explotación laboral y/o sexual.

Por fortuna la agenda feminista ha llegado para quedarse y lo que nos exige ahora es que revirtamos integralmente el marco en el que nos veníamos moviendo empezando por cuidar de quienes nos cuidan y nos han cuidado, y asegurando la dimensión de género en todas las respuestas que estamos dispuestos a dar.