Imagínese que es usted uno de los trabajadores de La Naval de Sestao y que su pan está en riesgo. O que es una de las personas afectadas por el cierre de la histórica Xey, por los problemas que traviesa Vicrila, Cel o Edesa Industrial. Imagínese que, además, vive usted en Barakaldo y sus hijos, que ya estudian en la Educación vasca con los peores resultados de la historia, se ven obligados a estudiar el Bachillerato en otro municipio porque los cuatro centros que tiene a su alcance no ofrecen todos los modelos lingüísticos ni los contenidos curriculares contemplados en la legislación vigente. Imagine también que su madre va en silla de ruedas y que, pese a que la Sanidad vasca es la más cara de España, los hospitales de Euskadi suspenden en accesibilidad.
Imagíneselo. Y ahora escuche a su Gobierno autonómico –con las competencias de Industria, Educación o Sanidad transferidas– diciendo que el principal problema de Euskadi es que no gestiona sus cárceles y que la transferencias de la Seguridad Social es prioritaria. Esas y otras tantas, como la asignación del ISBN de los libros o el reconocimiento de que Euskalmet es la autoridad meteorológica en Euskadi, y no la AEMET estatal. Escuche también a la mayoría del espectro político vasco justificando la ilegalidad en Cataluña mientras esta dilapida la estabilidad económica de la región. Escúcheles desarrollar su argumentario político y pregúntese qué respuesta se está dando a los problemas de casa. A sus problemas y los de su familia, amigos y vecinos.
En Euskadi asistimos a un momento político en el que las dificultades reales de la gente real han sido solapadas por debates ficticios que tienen más que ver con juegos de poder o con batallas identitarias que con los ciudadanos. Sólo así se entiende que cuando únicamente el 16,9% de los vascos quiere la independencia –datos del último Deustobarómetro– el partido que gobierna Euskadi centre su actividad diaria en apoyar al Govern catalán y que Bildu proponga a Podemos y a PNV un pacto que promueva en Euskadi un proceso de ruptura unilateral que derive en una república vasca confederal.
Todo esto está sucediendo mientras los datos puros y duros evidencian que Euskadi pierde posiciones a marchas forzadas. Hoy somos la única comunidad autónoma de España que sigue destruyendo tejido empresarial. En 2016 sólo cinco comunidades crecieron menos que nosotros. Nuestra renta per cápita con respecto a la de España, que en los años 50 se situaba en el 190% –prácticamente el doble– hoy registra una caída de 60 puntos. En lo que va de siglo XXI, todos los sectores han crecido menos en Euskadi que el resto de España. Nuestra Educación, a la cabeza en gasto público por alumno, registra el peor resultado en Ciencias y Matemáticas de la historia. El alumno vasco se sitúa en los niveles más bajos de lectura de España, por debajo de Castilla y León, Madrid, Navarra, Galicia, Aragón, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Asturias. Y hay más: el Ranking Académico de Universidades del Mundo 2017 sitúa a la UPV por detrás de la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Barcelona, la de Granada, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la de Santiago de Compostela, la Politécnica de Valencia, y la Jaume I. ¿Cómo esperamos subir posiciones con un Departamento de Educación que deja de lado al alumnado?
Yerran el tiro quienes ponen en riesgo los intereses de todos para afianzar posiciones de poder. Debates centrados en el apoyo al secesionismo o fundamentados en la petición de transferencias que no son prioritarias para los vascos cansan a la ciudadanía vasca. La cansan porque que la gente directamente no se cree que vaya a vivir mejor por gestionar ya las cárceles o por que el tiempo se lo dé Euskalmet. La ciudadanía vive mejor cuando se prioriza el funcionamiento de competencias clave ya transferidas como la Educación o la Industria. La ciudadanía vive mejor cuando en épocas de bonanza recaudatoria, se devuelve en forma de bajada de impuestos a ciudadanos y empresas el esfuerzo que se les exigió hace años. La ciudadanía vive mejor cuando se garantizan acuerdos presupuestarios en Madrid y en Vitoria que generan estabilidad política e inversión directa del Estado en Euskadi. Y en esto, lamentablemente, no están PNV, Bildu, Podemos o el PSE.
*Amaya Fernández es secretaria general del PP vasco
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