Dicotomías obsolescentes

A lo largo de esta semana se han presentado dos informes que desde ámbitos y encuadres geográficos distintos hablan y permiten reflexionar sobre la educación. El primero de ellos, el Informe de Seguimiento de la Educación en el mundo, (conocido por sus siglas en inglés, GEM 2021) realiza anualmente una perspectiva mundial del estado de la educación, a partir de una variable concreta. Puede ser, como en ocasión anterior, el impacto de la pandemia en los países de la América Latina, o como en este caso, la presencia de los agentes no estatales en la educación mundial. Pronto volveremos sobre esta cuestión. Este dictamen fue presentado en primicia en Euskadi por el Departamento de Educación del Gobierno vasco en su sede de Bilbao.

El segundo informe presentado, el Deustobarómetro social 2021 (DBSoc 2021), es la encuesta de la propia universidad vasca que iniciada en 2013 pretende, desde las ciencias sociales, generar un conocimiento útil sobre la situación social, económica y política del País Vasco. En esta edición —y sobre una muestra de las opiniones de más de mil personas, realizada este mismo mes de diciembre— evalúa las percepciones de la sociedad vasca en asuntos varios como la educación, la sanidad, el futuro autogobierno, o la paz y la convivencia desde la recuperación del pasado más cercano. Como en el caso anterior, nos centraremos, básicamente, en la primera de sus valoraciones, la educativa.

El informe GEM 2021 realiza un repaso mundial (analiza datos de más 150 países de todos los continentes) a partir de una variable supuestamente nueva —“agentes no estatales”— para deshacer ciertos mitos que circulan en torno a la educación, especialmente sobre la educación pública: que si es la apoyada mayoritariamente por las sociedades, que si es siempre gratuita e inclusiva, que si es la única que llega a todas las partes de la educación, que si ofrece mayor calidad que otras (las privadas), que si es la que ofrece mayor equidad o que si es la elegida principalmente por los gobiernos nacionales. Como cabía esperar al tratar como mitos estas dudas, el planteamiento principal de informe es encontrar argumentos que cuestionen las pretendidas creencias mayoritarias en torno a la red pública educativa.

Así, presenta afirmaciones de calibre grueso; por ejemplo, si no existieran los agentes no estatales (un abanico de organizaciones que engloba a fundaciones filantrópicas, medios de comunicación, investigadores/as, grupos de expertos/as, familias, ONG, órdenes religiosas y, en resumen, empresas privadas) 350 millones de niños y de niñas no tendrían opción de ser educados/as por la inactividad de gobiernos estatales concretos. Más ejemplos: las etapas infantil y universitaria —las menos amparadas por la gratuidad ofrecida por los Estados— obliga a desembolsos importantes a las familias que pueden llegar al 39% de sus presupuestos, o a que las familias del 30% de países pobres (Kenia, Filipinas o Uganda, entre otros) tengan que pedir préstamos para sufragar la etapa escolar de sus vástagos. Otro: muchos sistemas educativos públicos no consiguen evitar la estratificación y segregación, pese que se acuse habitualmente de estas carencias a la enseñanza privada, por su carácter generalmente más elitista y pendiente únicamente de resultados académicos homogéneos. El último de los tópicos plantados en el informe pretende demostrar que los gobiernos no pueden desatender a instituciones educativas privadas por el mero hecho de estar reguladas normativamente de forma distinta a los centros públicos. Según los datos presentados, únicamente el 27% de los países prohíben la obtención de beneficios; el resto centran sus normativas en exigencias de certificaciones docentes, infraestructuras o tasas alumnado/profesorado, pero lejos de controlar la variante “beneficio” de las empresas educativas.

Todo los argumentos hasta aquí empleados en el Informe GEM 2021 han provocado, lógicamente, reacciones inmediatas, como, por ejemplo, la de la Internacional de la Educación (asociación con más de 32 millones de docentes en 132 países y organizada en torno a organizaciones sindicales de profesionales y trabajadoras/es) que en su primer cuestionamiento del informe eleva una afirmación contundente: “La participación de actores no estatales en la educación no debe diluir las responsabilidades de los gobiernos para garantizar el derecho a la educación”. Expresado en román paladino: que ningún gobierno del mundo se escude en el crecimiento desorbitado del neoliberalismo para desatender sus obligaciones de gestionar un servicio público indiscutible como es el educativo.

Al mismo tiempo, se insiste en la idea del descenso significativo en los presupuestos destinados a esta red, en paralelo al aumento la presencia privada (de los agentes no estatales, para mantener la misma acepción del GEM 2021) en provisión de libros de texto, desarrollo de planes de estudio, sistemas de evaluación, transporte o servicios de comidas.

La IE también señala que la subcontratación de la educación a agentes no estatales puede socavar el profesionalismo y reducir el estatus de la profesión, en particular para el personal docente y de apoyo educativo, además de admitir el deterioro de la calidad educativa. Todo ello lleva a la Asociación a destacar su preocupación por el número creciente de estos actores no estatales y su papel cada vez mayor en la educación mundial.

No resulta extraño que el informe de la Unesco se decante de forma tan significativa por potenciar el papel de los agentes educativos privados —dejémonos de eufemismos con el sobrenombre de “no estatales”— dado el avance espectacular en los últimos años del neoliberalismo económico en todos los aspectos que rodean la vida humana (economía, sociedad, cultura, sanidad…). Aquella ideología incipiente que nació bajo los auspicios de los gobiernos de Thatcher y Reagan y que las distintas y sucesivas crisis del capitalismo han fortalecido con incrementos notables de desregulación, financiarización, digitalización y —en suma, globalización— se siente omnipotente y ganadora. Y la educación no es un coto exclusivo, resistente a la influencia neoconservadora.

Lo extraño en este GEM 2021 es que una organización internacional tan prestigiosa como la Unesco haya sucumbido a los cantos de sirena del neoliberalismo rampante y busque subterfugios para demostrar las bondades de la privatización educativa, envolviéndose en las gasas de la ineficacia, inequidad y falta de solidaridad de gobiernos que apuestan por la red pública en países meridionales y orientales.

El DeustoBarómetro social 2021 también trata de la educación vasca en su apartado 4º de los nueve que presenta. A través de 4 gráficas, resultantes de otras tantas preguntas genéricas, se realiza un repaso amplio sobre cuestiones de rabiosa presencialidad en la enseñanza vasca actual. Cuestiones como la diversidad étnica y cultural del aula, la cuestión lingüística, la segregación educativa o la incipiente nueva ley vasca son tratadas y respondidas, no sin provocar, supongo, un cierto disgusto en rostros de nuestros/as responsables educativos de Lakua.

En algunas cuestiones, aparece una clara sintonía Gobierno-opinión pública, como en el tratamiento adecuado de la Escuela como lugar de formación inclusiva (apoyado por el 60,7% del personal encuestado) y en la necesidad de repartir la responsabilidad de atención al alumnado con menos recursos entre ambas redes educativas y no mayoritariamente en la pública (sustentado en el 70% de las respuestas).

Sin embargo, en dos cuestiones sensibles y que van a ser cruciales en los debates sobre la futura ley educativa vasca, la lingüística y la convivencia de las dos redes pública/privada, la falta de sintonía entre las declaraciones oficiales y las respuestas anónimas de la ciudadanía vasca plantean una reflexión. De este modo, cuando una parte considerable de agentes educativos y partidos nacionalistas se decantan abiertamente por la superación del sistema actual de perfiles lingüísticos, vigente desde 1993, y por el establecimiento de la inmersión lingüística a semejanza del caso catalán, el 43,4% del personal encuestado se manifiesta porque la nueva ley permita estudiar al alumnado en su lengua materna, sea ésta euskara o castellano. 

Parece un revés significativo para quienes consideran que la forma exclusiva de generar identidad sea a través de la lengua y olvidan que vivimos en una comunidad con dos lenguas cooficiales que necesitan del cuidado, respeto y apoyo para la que, según su contexto sociolingüístico concreto, sea considerada minorizada o escasamente apoyada. Por supuesto, esta posición no coloca a nadie de enemigo de nada; muy al contrario, apuesta de forma incuestionable por el refuerzo fundamental hacia el euskera, como lengua necesitada de un apoyo sustancial en el conjunto del territorio autonómico, aunque sin olvidar que hay zonas en la CAPV que, por su monolingüismo euskaldún requieren de una observación y apoyo a la lengua castellana.

Por último, respecto a la pregunta sobre los motivos que llevan al personal encuestado a la elección de un centro educativo concreto, la respuesta más significativa es la de la calidad de enseñanza (66%), por delante de la proximidad a la residencia (47%) o ser defensor/a de la red pública (39%), las tres más señaladas. Queda pendiente, por falta de información, qué entienden por calidad educativa esas dos personas de cada tres señaladas en esta cuestión. Quizás, una nueva pregunta en esta línea en el próximo Deustobarómetro ayudaría a resolver las eternas dudas sobre la práctica igualdad de elección de las dos redes, a la hora de la matriculación del alumnado vasco. Seguiremos a la espera.

En fin, pese a las intenciones de ideologías y empeños de agentes significativos, cuestiones, dilemas que pretenden dar por finiquitados siguen aún perfectamente vivos, abiertos a la discusión y necesitados de más y mejores argumentaciones antes de otorgarles un RIP precipitado. Da la impresión de que con la misma urgencia que el mercado capitalista impone medidas de obsolescencia programada para el fin de ciertos productos consumibles, hay colectivos y organizaciones que pretenden dar por cerradas polémicas aún muy vivas y necesitadas de reflexión más profundas.