Al fin, EH Bildu respaldó la Constitución

A veces las inercias mentales juegan malas pasadas. Se la jugaron, al menos, a la portavoz parlamentaria de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, en el reciente debate sobre el Estado de la Nación, cuando afirmó con toda contundencia la necesidad de romper con el “régimen del 78”, por ser, más que una herencia, una “hipoteca” para las ansias democráticas del país, y del pueblo vasco en particular.

Lo curioso es que, pocas horas después de hacer estas manifestaciones tan poco amigables hacia la Constitución Española, Aizpurua y el resto de su grupo parlamentario avalaban con su voto la Ley de Memoria Democrática, en cuya Exposición de Motivos, apartado primero (que nadie enmendó), se afirma expresamente: “La conquista y la consolidación de la democracia en España ha sido el logro histórico más significativo de la sociedad española”. Y se afirma también: “El asentamiento de los principios y valores democráticos que consagra la Constitución de 1978 hace nuestra sociedad más fuerte y constituye la más clara apuesta de convivencia en el futuro”. Y precisamente por eso, “la sociedad española tiene un deber de memoria con las personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron sus bienes y hasta su propia vida en defensa de la democracia y la libertad”.

Así pues, lejos de esa “inspiración etarra” que la derecha española atribuye a esta ley, lo cierto es que ha servicio de soporte para que, por vez primera en su historia, EH Bildu respalde explícitamente la Constitución y la transición democrática española, con su corolario inevitable de la memoria debida a las víctimas del franquismo. Lo que quiere decir que los descendientes políticos de la antigua Herri Batasuna no han tenido más remedio que irse al huerto de los demócratas, diga Mertxe Aizpurua lo que siga diciendo; o quiera seguir diciendo a una parroquia que aún no tiene del todo convencida. 

¿Qué problema podía haber, entonces, para que las víctimas de otro proyecto totalitario y excluyente, y por eso mismo criminal, como lo fue el alzamiento militar contra la República y el franquismo no tuvieran su propia ley de reconocimiento y reparación?

Una actitud que, por cierto, no tiene otro efecto que el de legitimar a quienes como Aznar consideran la Ley de Memoria Democrática “un disparate hecho con terroristas y pactado con terroristas”. O quienes, como Núñez Feijóo, anuncian ya que cuando los populares lleguen al Gobierno, la derogarán; o vampirizan la memoria de Miguel Ángel Blanco, apropiándose sin el menor pudor de las víctimas del terrorismo, para escándalo, muy justificado, de quien ha sido una de las voces más veteranas de este colectivo, como Consuelo Ordóñez. Entrevistada por “El Correo” el 16 de julio pasado, la presidenta de Covite afirma no entender que “se use a unas víctimas para negar los derechos de otras”; reconoce, además, que “las víctimas del franquismo están peor que nosotras”; y asegura con la misma firmeza: “No entiendo que haya víctimas a las que se les niegue el derecho a tener una ley que sea herramienta para conseguir esa reparación y memoria que también se merecen. Igual que nosotros”.

De hecho, las víctimas del terrorismo tuvieron su Ley de Reconocimiento y Protección Integral, del 22 de septiembre de 2011, con el Gobierno del presidente Zapatero. Una ley que, al igual que la de 2008 en Euskadi, prestaba especial atención al “significado político” de las víctimas; “que se concreta –explicaba- en la defensa de aquello que el terrorismo pretende eliminar para imponer su proyecto totalitario y excluyente”.

¿Qué problema podía haber, entonces, para que las víctimas de otro proyecto totalitario y excluyente, y por eso mismo criminal, como lo fue el alzamiento militar contra la República y el franquismo no tuvieran su propia ley de reconocimiento y reparación? Sólo se me ocurre uno: que estas víctimas estaban en el lugar equivocado, porque no pertenecían al “bando nacional” que los sublevados se asignaron. Un término que tuvo tanto éxito, que se ha mantenido hasta hoy como denominación oficial de uno de los bandos en guerra; y que se sigue manejando con inquietante naturalidad en distintos ámbitos, entre ellos el de los historiadores.

¿Cómo reconocer, entonces, como víctimas que hay que recordar y honrar, a quienes, por no ser nacionales, no tenían una España donde caerse muertos? Y por eso cayeron de cualquier manera, cubiertos con una doble capa de tierra y olvido. Y, por eso, han tenido que esperar mucho, más de ochenta años, para ser legalmente recordados y reconocidos a todos los efectos.