Oficialmente, el lunes 28 de enero se ha iniciado el periodo de matriculación para el próximo curso escolar 2019-2020. Los andenes del metro de Bilbao, sin embargo, llevan ya más de una semana, anunciando las particularidades de innumerables centros escolares, con todo tipo de ofertas educativas disponibles. No ha terminado la temporada de rebajas en los comercios y la atención familiar debe ya dar un giro copernicano para dilucidar un asunto trascendental: dónde estudiará Ane o Markel el año próximo.
La primera decisión, con ser crucial, suele estar tomada de antemano, sin demasiada dificultad: centro público o concertado (en la CAPV, los colegios de titularidad privada sostenidos únicamente con presupuesto propio, sin ayuda de la financiación pública, representan el 0,8 %, frente al 48,1 de la concertada y el 51,1 % de la pública, según datos del Ministerio de Educación de 2016). Sin grandes complicaciones, la decisión familiar se habrá resuelto a grandes brochazos, siguiendo los consejos bienintencionados de las amistades y tras pasar el test de las grandes preguntas propias: disponibilidad económica, cercanía, garantías informativas, extraescolares, alumnado inmigrante… Un año más, otras preguntas (proyecto pedagógico, estabilidad de las plantillas, preferencias infantiles…) habrán pasado a lugares secundarios a la hora de la toma de la decisión.
Una vez certificada la validez del primer escalón de dudas y, sobre todo, si la decisión ha caído del lado concertado, la selección se hace más ardua y complicada: ¿colegio laico o religioso?, ¿ikastola, o cooperativa? La competencia en la oferta es atroz y ante una demanda uniforme, se muestra el capitalismo voraz en estado puro en el que vivimos. Cómo captar la atención de los hipotéticos nuevos clientes; qué ofrecer que, sin ser radicalmente distinto, lo parezca; a qué diseñador/a publicista contratar… habrán sido algunas de las dudas que hayan sobrevolado las cabezas de las y los dirigentes de estos centros en otros momentos.
Para las familias éste es el momento de revisar con lupa los anuncios publicitarios, iniciar el peregrinaje de las visitas personales, comprobar el nivel de las instalaciones deportivas, conocer el tipo de atención a las familias, frecuencia y cercanía de las paradas de los buses…
Es el momento de aclarar cualquier duda, antes de plasmar los datos en la hoja de inscripción de matrícula.
Y mientras tanto, la elección para cuantas personas hayan optado por la enseñanza en la red pública se habrá centrado en decidir si continuar o no -una vez finalizada la Primaria- en el centro de Secundaria que le corresponda, según el itinerario que el Departamento de Educación tiene establecido.
El juego de mercado está servido. Quien sostenga aún que la elección de centros sigue siendo una decisión absolutamente personal está viviendo fuera de la realidad o manteniendo estructuras mentales románticas más propias del siglo XIX que de nuestros días. Fijémonos, si no, en el valor que se atribuye a determinados conceptos educativos y quién suele patrimonializarlos: excelencia, innovación, seriedad, plurilingüismo, homogeneidad del alumnado, proyectos colaborativos,… Todos ellos caen del lado privado, como si la red pública se contentara con vivir el día a día fatigoso de la enseñanza apegada a tizas, encerados, pupitres y tristes paredes descoloridas.
La socióloga Aina Tarabini afirma con rotundidad que llegados estos momentos de la elección las familias saben que no escogen entre escuelas diferentes sino entre escuelas eminentemente desiguales. “Desiguales en oportunidades y condiciones para el aprendizaje y el desarrollo integral de sus hijos e hijas.”. Ahí es –en opinión de Tarabini- donde radica la trampa de numerosos discursos públicos y privados: en tratar como sinónimos “diferencia” y “desigualdad”, cuando son conceptos intrínsecamente diferentes con implicaciones personales y sociales claves.
Sirve como ejemplo de esta forma tan especial de percibir lo público y privado una anécdota ocurrida recientemente durante las jornadas de huelga de ocho días que la totalidad de los sindicatos realizaron en los centros concertados vascos, ante la intransigencia prepotente de las patronales del sector. En una reunión informativa, promovida por los sindicatos con representantes de asociaciones de familias de la red concertada, se les acusó de buscar la desaparición de los centros concertados por mantener el calendario huelguístico en vísperas del inicio del periodo de matriculación.
Quien así se manifestó y cuantas personas secundaron tal acusación olvidaban dos hechos innegables: 1. Que se llegaba a tal situación, tras seis jornadas anteriores de huelga y más de dos años de negociaciones infructuosas producidas; y 2, que por la misma situación de huelga se había pasado el año anterior en la red pública y nadie había lanzado tal recriminación. Rebatida la acusación, aún hubo quien, envalentonado, quiso sembrar la duda de la supuesta legalidad de una huelga planteada en los términos conocidos. ¿Era un recurso simplón al pataleo o la demostración palpable de que hay personas que creen estar jugando en otra liga educativa? ¿Es este el concepto de servicio público de la educación que entienden? ¿el que les debe asegurar un tratamiento diferenciado sobre el común de los mortales?
Me inclino por la segunda de las opciones. El espacio ambiguo de decisión entre lo público y lo privado en cuestiones educativas ha sido y es oportunamente ocupado por las personas defensoras de lo propio. En ocasiones, por aciertos reconocidos; en otras, por ausencias significativas de representantes concretos de las tareas públicas. Francisco Luna, en su interesante conferencia 'Escuela Pública Vasca: sin proyecto no hay trayecto', señaló algunas de sus carencias. Entre otras –y muy especialmente- la carencia de una estructura propia que identifique a todos los centros públicos vascos. La Administración educativa, especialmente sensible a las críticas de desequilibrar el fiel de la balanza público-privada que le puedan llegar, practica en la mayoría de las ocasiones una callada por respuesta. En esas circunstancias su falta de protagonismo es utilizado por ambas partes. Desde la crítica, por quienes se consideran huérfanos de protección y desde la asunción de nuevos protagonismos, por quienes se sienten injustamente tratados. No hay fácil solución, pero aún el camino es más proceloso cuando el partido político en el poder tiene claro el camino de la privatización como el logro al que aspirar, utilizando la argucia de la libertad de elección como única bandera a enarbolar.
Así, se cometen absurdos orales como el cometido por Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria, explicando que en su ciudad no hay segregación escolar, sino “concentración”; o el de la Delegada de Educación en Álava, Blanca Guerrero, cuando explica que la eliminación de los puntos por cercanía en la baremación de los criterios de matriculación es una medida encaminada a eliminar el desequilibrio actual entre las dos redes. En ambos casos, la Plataforma a favor de la Escuela Pública de Vitoria ha contestado con rapidez. “¡No nos engañáis!”.
Dar por normal lo infrecuente (Euskadi es el territorio europeo que mayor porcentaje de alumnado concertado matriculado), no priorizar la equidad y la autonomía escolar (aunque en ocasiones puedan llegar a ser elementos contrarios) y la influencia en los resultados del alumnado inmigrante y del no idóneo (no con ánimo de realizar un nuevo reparto, sino de construir un modelo de escolarización válido para centros públicos y concertados) son, en opinión de Francisco Luna, tres variables indiscutibles para tener una idea certera de la situación actual del sistema educativo vasco.
Resumiendo y en palabras más concisas de Juan Manuel Escudero, “… si no queremos que el derecho a la diferencia se convierta en una diferencia de derechos es fundamental equiparar las condiciones de escolarización de los centros educativos (instalaciones, precios, proyectos, profesorado, composición social) para que todo el mundo tenga derecho a una buena educación. Para que la cooperación, y no la competición, sea lo que marca las relaciones entre escuelas y familias en el juego de la elección escolar.
No se trata de hacer centros idénticos como si se tratara de una cadena de montaje. No se trata de prohibir a las familias la elección escolar. Se trata de crear un contexto en que todas las escuelas sean equiparables en términos de calidad y equidad y en el que, por tanto, todas la familias puedan ejercer su derecho a la elección con las mismas condiciones y oportunidades. Un contexto en el que la lucha contra la desigualdad sea la base para garantizar un verdadero derecho a la diferencia que no entre en contradicción con la propia lógica del derecho a la educación, de todos y para todos, centros, familias y sobre todo alumnado“.
Dicho queda.
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