Pese a las denuncias, pese a los miles de folios ya escritos en torno a casos como los de Filesa antes o la Gürtel ahora; pese a los papeles de Barcenas o a la fantasmagórica actividad del Instituto Noos; pese a que se pueda cobrar por un cargo que no se ejerce o por un trabajo que no se desarrolla, aquí no pasa nada. Siempre pasa nada. La corrupción continúa campando tan tranquila, pese al asco ciudadano que produce.
Por si hubiera alguna duda, la Comisión Europea acaba de divulgar un informe en el que se precisa con claridad que la corrupción dentro de la UE es una práctica tan extendida que le cuesta a la economía 120.000 millones de euros al año.
El estudio, avalado por la comisaría de Interior Cecilia Malmstron, señala a España como un miembro “cualificado” en este asunto. Vamos, que se registra como uno de los Estados donde más casos de corrupción se producen. Apunta cómo áreas de preferencia para esos episodios las que tienen que ver con la financiación de los partidos políticos, el desarrollo urbanístico y la contratación pública (ni se mencionan los relacionados con la familia real).
También da fe el informe de que, efectivamente, se han abierto un buen número de investigaciones judiciales. Confirma que los medios de comunicación han dado cuenta de numerosos registros, y detenciones, cuantiosas imputaciones y alguna condena. Lo que no hace el estudio es preguntarse a qué se han dedicado los Tribunales de Cuentas presuntamente encargados de escrutar cómo se gastan los dineros las administraciones públicas, las instituciones y los partidos.
Tampoco da un paso más allá de lo políticamente aceptable por los Estados denunciados (prácticamente todos). Esto es, pasa la mano por el lomo de los gobiernos de turno y en el caso de España verifica que sí, que hay que “proseguir” con las reformas ya iniciadas y “garantizar” la aplicación efectiva de las nuevas normas de financiación de los partidos.
La Comisión Europea es perfectamente consciente, y lo dice, de que la corrupción hay que atajarla con más medidas de vigilancia y control. Pero, claro, no especifica cuáles, no vaya a ser que moleste a más de uno. Tampoco entra en el análisis de por qué habiendo una legislación en teoría suficiente para combatir ese mal tan destructivo de la confianza ciudadana, no hay al parecer manera de ponerle coto.
Entonces una empieza a pensar que, una vez más, la Unión Europea se manifiesta también en esto absolutamente esclava de los intereses de los Estados que la conforman. Se dice que ya han debido vencer bastantes resistencias para hacer público el informe –de hecho, estaba previsto que se divulgaría hace meses-, pero eso sabe a poco y más ahora, que estamos en vísperas de unas elecciones europeas donde nos van a volver a pedir confianza y apoyo.
Nos gustaría pensar en una Europa que no sólo se limita a denunciar una corrupción intolerable, sino que empieza a limpiar además su hipocresía. ¿No es cierto que todos los países de la Unión están obligados a cumplir con una serie de leyes, normas y buenas prácticas? Pues bien, que aclare cómo se procede cuando la burla de esas leyes, de esas normas y de esas buenas prácticas empieza por quienes tienen responsabilidades de Gobierno.
Para marcar la línea de los recortes que nos ahogan, la UE se basta y se sobra. ¿Puede hacer algo más?
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