De verdades, mentiras y más mentiras

No es verdad que la salida del túnel esté hoy más cerca ni lo es tampoco que el Gobierno de Mariano Rajoy vaya a bajar los impuestos. Lo único cierto es que portavoces y voceros oficiales tratan de que ambos mensajes calen en los ciudadanos como lluvia fina para ocultar una realidad incontestable, la que apunta que las desigualdades han crecido a un ritmo vertiginoso y que las reformas fiscales que el ejecutivo español pone en marcha -en principio no afectan ni a Euskadi ni a Navarra- consolidan la protección a los sectores económicos mejor situados.

Nada alivia las dificultades de las personas más empobrecidas. No se puede hablar de progreso ni de justicia cuando lo que crece es la desigualdad. Y los datos nadie se los inventa. El último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que se ha hecho público hace apenas una semana, pone el dedo en la llaga cuando asevera que España es el país industrializado en el que más han aumentado las diferencias entre ricos y pobres.

Según el estudio, entre 2007 y 2011 los ingresos anuales del 10% más pobre de la población retrocedían un 42,4% mientras que el 10% más rico sólo perdió un 5,6%. Si tuviéramos que fijarnos en un 'top ten' de la desigualdad, España ocuparía el octavo puesto de los 34 miembros de la OCDE. También subraya el informe que la tasa de pobreza infantil es la más alta entre los países europeos (pese a que lo niegue el Gobierno).

Un diagnóstico atroz que se completa con una predicción que, en esta ocasión, no se puede tildar de benevolente. Dice así: “Resulta altamente improbable que una recuperación económica, aún sólida, pueda, por sí sola, poner fin a la crisis del mercado del trabajo y a la crisis social que atraviesa el país. Queda mucho por hacer para ayudar a que las familias mejoren rápidamente su situación y la prioridad absoluta es dar ayuda a los grupos más desfavorecidos”.

Bueno, pues parece que estos datos no conmueven al Gobierno popular tanto como lo que le preocupan las próximas citas electorales. La sustancial pérdida de apoyos en las recientes elecciones europeas ha obligado al equipo de Mariano Rajoy a nuevos cálculos y, sobre todo, ha forzado la máquina de la propaganda. Porque propaganda y no otra cosa supone el anuncio a bombo y platillo de una rebaja de impuestos.

Los profesionales que entienden del marco tributario y sus vericuetos tienen muy claro que la reforma esbozada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no contribuirá a ese objetivo marcado como urgente por la OCDE como es el de ayudar a que las familias mejoren de forma rápida su situación. Los que saben de la materia comentan que, una vez más, los asalariados se encargarán (por obligación) de pagar la ronda y que las rentas más altas se irán de rositas.

No digamos ya nada del palo que supone para los trabajadores despedidos verse forzados a entregar a Hacienda una parte de la indemnización que reciban. Y encima, el Gobierno tiene el tupé de asegurar –al menos así lo ha manifestado el secretario de Estado Miguel Ferré– que la razón de ese atraco a alguien a quien se le ha arrebatado su medio de vida es evitar un “abuso” en la utilización de los despidos improcedentes ¿Pero no está dentro de las responsabilidades del ejecutivo el velar para que no se produzcan abusos en la administración de la legalidad? ¿Quieren decir que imponen un impuesto para atajar su incompetencia?

Es de un cinismo mayúsculo presentar como bueno lo injustificable. En un país en el que se legisla de manera expres cuando conviene al poder; en un país donde el ejecutivo ignora, cuando no maltrata, a los ciudadanos, la mentira se ha hecho divisa del Gobierno. Y antes no pasaba nada. Pero ¡recuerden! si hay alguna novedad que han puesto en evidencia las elecciones europeas es que algo puede pasar.