Tengo que reconocer que espero cualquier cosa del ministro de Interior desde que concedió la Medalla de Oro al Mérito Policial a la Virgen María Santísima del Amor. No me sorprende nada. Por eso entiendo que Alberto Fernández Díaz haya aprovechado su visita a Euskadi para decir lo mismo que viene diciendo en cualquiera de sus intervenciones en Madrid. Nos ha contado su discurso compacto, sin matices y con sospechas de que los pasos que vayan a dar los presos de ETA puedan estar afectados de un “fraude de ley”.
Sabemos lo que ello significa. Sabemos que el ministro avisa de que no habrá coladero para la nueva estrategia colectiva de los reclusos si no va acompañada de la sinceridad que la ley reclama en la reinserción. Esto es, nada que no estuviera anunciado. Vamos, que la política penitenciaria del Gobierno de Mariano Rajoy no tiene, de momento, novedades que ofrecer. La continuidad está asegurada porque no se quieren tomar decisiones que puedan suponer un obstáculo para los intereses del PP en la campaña electoral.
Estamos, por tanto, en un terreno de actitudes muy previsibles por parte del Ejecutivo popular. Pero la mera observación también confirma que esa misma es la actitud de la izquierda abertzale. Las distintas manifestaciones de los portavoces de Sortu enfatizan a diario la responsabilidad de los otros, de todos los demás, a la hora de poner “dificultades” para que se asiente la paz.
Da prueba de ello el último rifirrafe en el Parlamento vasco a cuenta de los presos. El debate puso sobre la mesa que si hay alguna línea roja que EH Bildu ni quiere ni está dispuesta a traspasar es esa que exige a ETA y a sus miembros que reconozcan que el daño causado con sus acciones fue injusto, innecesario y equivocado, además de todos los calificativos de inmoralidad que cada uno quiera añadirle.
Esa línea roja separa aún a la izquierda abertzale de todas las demás fuerzas políticas y si persiste en el tiempo, hará imposible recorrer el camino necesario para asegurar nuestra convivencia. Porque aunque estos días he leído que el conjunto de la izquierda aberzale “ha dicho por activa y pasiva que asume el daño causado”, no es cierto que ni ETA ni sus presos lo hayan formulado jamás de esta manera.
De hecho, en el comunicado con el que los reclusos anunciaron el pasado diciembre su disposición a aceptar la legalidad penitenciaria (todo un paso) se podía leer: “Asumimos toda nuestra responsabilidad sobre las consecuencias derivadas de nuestra actividad política en el conflicto vasco”. Bueno, pues esa retórica insufrible que, de distintas formas, figura en la trayectoria criminal de la banda, no tiene nada que ver con el reconocimiento de que se ha provocado un daño injusto.
Y resulta que la sociedad demanda ese reconocimiento. Más allá de lo que los partidos digan en sus tribunas, más allá de los estériles enfrentamientos entre portavoces políticos, hay un 87% de ciudadanos que, según los resultados del último sociómetro del Gobierno vasco, creen que ETA debe reconocer la injusticia del daño causado a las víctimas. Es una exigencia.
Lo mismo que, cada vez que se pregunta, los ciudadanos abogan por una política penitenciaria más humana y respetuosa con los derechos de los reclusos.
Todos sabemos que lo que el ministro de Interior diga hoy puede cambiar mañana. Lo que no varia es la apuesta mayoritaria de los vascos (así lo reflejan las encuestas una y otra vez) a favor de que desaparezca una organización fracasada. La situación de sus presos depende mucho de que asuman que, efectivamente, su batalla esta perdida y vencida.
Sobre este blog
Viento del Norte es el contenedor de opinión de elDiario.es/Euskadi. En este espacio caben las opiniones y noticias de todos los ángulos y prismas de una sociedad compleja e interesante. Opinión, bien diferenciada de la información, para conocer las claves de un presente que está en continuo cambio.
